Puntadas para una reforma laboral que urge y no llega
El presidente de Asofondos asegura que no basta una reforma pensional si no se ataca la alta informalidad.
En el país hubo, en el último año, a febrero, un promedio mensual de 22,17 millones de personas ocupadas, según las cuentas desestacionalizadas (elimina efectos temporales) del Dane. También había otros 2,27 millones de colombianos buscando emplearse, equivalentes a un poco menos de la población urbana de Medellín.
Y si ya tener un desempleo para ese periodo de 9,2 % ubica al país con una de las mayores tasas de América Latina, no es menos preocupante que apenas el 33,27 % de trabajadores cotice en igual lapso a pensiones, es decir, 7,38 millones. De estos, solo 668 mil, un 9 %, están en zonas rurales, según los registros oficiales publicados el lunes pasado.
Eso quiere decir que en el último año, a febrero, solo 13,9 % de los trabajadores campesinos cotizaron a pensión y apenas lo hicieron cuatro de cada seis ocupados en ciudades y zonas urbanas.
Con todo, el 66,73 % de quienes tienen un trabajo en Colombia no está aportando para su jubilación, duplicando la tasa que se registra en Chile, “y allá sí están muy preocupados”, añade con resignación Santiago Montenegro Trujillo, presidente de la Asociación Colombiana de Administradores de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos), que tendrá esta semana su congreso internacional anual (ver Dicen de…).
A esa realidad estadística hay que agregar una que augura que Colombia será un país de más adultos mayores sin ingreso en las próximas décadas.
Cálculos de Asofondos con base en las cifras del Dane, arrojan que al año pasado 59 de cada 100 ocupados tuvo un ingreso mensual igual o menor a un salario mínimo (689.454 pesos). Subiendo en la empobrecida escala de sueldos se tiene que 26 de cada 100 ganaron entre uno y dos salarios mínimos ( 1,38 millones). Por encima de ese monto solo hubo 14,6 % de los trabajadores colombianos (ver gráficos).
Eso hace que el salario mínimo equivalga a un 85 % del sueldo promedio men-
sual nacional, por lo que hay alto riesgo de caer en la informalidad laboral por ingreso, es decir, ganar menos de un mínimo.
Así que las condiciones de acceder y jubilarse en el Sistema General de Pensiones es un privilegio de únicamente tres de cada diez colombianos en edad de retiro laboral.
Hoy lo pueden hacer por dos vías. Uno es el modelo de reparto del régimen público de Prima Media (RPM), que administra Colpensiones, e incluye los esquemas especiales de Fuerza Pública, docentes oficiales, congresistas, entre otros, que suman cerca de 2,1 millones de pensionados.
El asunto es que los aportes de los trabajadores activos no alcanzan para pagar las mesadas de los pensionados en Prima Media. Por eso el Gobierno debe destinar para este año 38,24 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación, es decir una tercera parte del recaudo neto total de impuestos que espera la Dian.
La otra vía para aspirar a una pensión es el modelo de capitalización del Régimen de Ahorro Individual, que administran los fondos privados desde 1994. El ahorro total de 14,1 millones de trabajadores suma 193,8 billones de pesos, con unos rendimientos por inversiones que superan los 118 billones y en que ya hay poco más de 112 mil jubilados, a enero, según cifras de la Superintendencia Financiera (ver Glosario).
A ese contexto de un mercado laboral tan infor- mal y un régimen pensional público desfinanciado, se suma que el presidente Santos ya dijo que en los 16 meses que le restan de su gobierno no hará ninguna reforma pensional y la dejó como tarea para su sucesor.
Entre tanto, Montenegro, quien también preside el Consejo Gremial Nacional, máxima instancia del empresariado, en diálogo con EL COLOMBIANO dio puntadas de una reforma laboral “urgente”. Además se mostró en desacuerdo con cambiar la hora límite del recargo nocturno de 10 p. m. a 8 p.m., como propuso al Congreso la ministra de Trabajo, Clara López.
Usted lleva 10 años pidiendo una reforma pensional que este Gobierno tampoco hará, entonces, ¿se debe hacer una reforma laboral?
“La mejor reforma pensional es una reforma laboral que corrija la informalidad, madre de los problemas de la
seguridad social del país y líos fiscales del Gobierno. Con el mercado laboral actual ni en los fondos privados ni en Colpensiones se va a jubilar mucha gente”.
Pero también muchos están en la informalidad por decisión propia…
“Eso es cierto. En Colombia hay 10 millones de informales absolutos, pues ganan
“Para acabar con la informalidad debería haber salarios mínimos diferenciales entre áreas urbanas y rurales y también por regiones”.
menos de un mínimo en un mercado de 22 millones de ocupados, una cifra aterradora. Pero hay otros 4 millones de informales que tienen ingresos mayores, no necesariamente todo los meses, y algunos de ellos son independientes e informales por elección, pues evaden impuestos y tampoco contribuyen a seguridad social”.
¿Qué medidas deben contemplar una reforma contra la informalidad?
“En primer lugar, necesitamos fortalecer la Dian, ponerle más gente idónea, tecnología, procesos y tener capacidad de cruzar bases de datos y ganar en rastrear mejor a personas y empresas que evaden impuestos. Como segundo, se debe controlar más el efectivo circulante, otra forma de no pagar impuestos y estimular desde la contratación informal hasta actividades criminales. Y en tercer lugar, se debe alejar la distancia entre el salario mínimo y el sala- rio medio de la población, pues hoy el primero es el 80 % del segundo. Tenemos departamentos en que el mínimo supera el salario medio. Solo en Chocó el salario medio es la mitad de un mínimo, algo absurdo. Entonces, si se quiere sancionar laboralmente a quien paga menos del mínimo en Chocó, pues habría que multar a mucha gente” (ver gráfico).
¿El salario mínimo es barrera para la formalización?
“Si es imposible modificar la manera de incrementar el mínimo, por lo menos debería hacerse lo siguiente: que a los nuevos empleados que entren a partir del primero de enero del próximo año se les ajuste el salario mínimo solo por aumento inflación, mientras a los demás sí les aplique el incremento teniendo en cuenta la productividad. De esa manera, el salario mínimo no cae en términos reales ( descontando inflación), al tiempo que el salario medio va subiendo por productividad. No estamos pidiendo bajar el mínimo, sino que se aumenta la diferencia entre salario mínimo y medio, porque este último sube más, esa sola medida tendría gran impacto para que haya menos ocupados en la informalidad. Pero el Gobierno no le ha prestado la debida atención a esa propuesta”.
Sin voluntad política del Gobierno para aplicar esa medida, a todas luces, impopular, ¿qué alternativas hay?
“No tiene sentido que sea de forma centralizada desde Bogotá que se determine el incremento del salario mínimo, cuando son tan diversas las realidades de productividad en el país. Por eso debería haber salarios mínimos diferenciales entre áreas urbanas y rurales, incluso por regiones”.
¿A qué se refiere?
“En Colombia todavía existe que se le pague a la gente por jornales diarios, un pago completamente informal que no reconoce prestaciones sociales de ningún tipo. Me decía hace poco un funcionario del Ministerio del Trabajo que un jornal en zonas rurales cercanas a Bogotá es de 40 mil pesos, mientras que en el Cauca es de 8 mil pesos. Eso demuestra las diferencias de productividad en el trabajo y el costo de vida en distintas regiones”.
¿Qué opinión tiene de esos proyectos de ley que cursan en el Congreso con algunos ajustes de política laboral como la que modifica el horario de recargo nocturno?
“Definitivamente eso traerá más informalidad, pues un estudio del Ministerio de Hacienda mostró en el Senado que ese proyecto de horas extras destruiría 70 mil empleos formales, un 30 % de los que se crean al año. Además querían hacer uso de la vía rápida del fast track y desde el empresariado hemos dicho que no son temas conexos con el conflicto armado y deben tramitarse como leyes ordinarias. Se requiere que estos proyectos se discutan a fondo, con una real deliberación. Por ahora, el Senado tiene aplazado ese debate”.
De otro lado, ¿por qué este Gobierno sí debería hacer una reforma pensional?
“Es que no da espera. Se cree que la población colombiana aún es joven, pero eso no es así por la transición demográfica. Hace 50 años había 11 trabajadores activos por cada adulto mayor, pero en la actualidad solo son seis por cada adulto mayor y esa relación bajará a cuatro por cada uno en el año 2030 y a dos a uno en el año 2060. En segundo lugar, la informalidad laboral nos envejeció más.
¿Cómo así?
“Por el bajo nivel de cotización a pensiones, solo hay dos trabajadores formales que cotizan a pensiones en los dos regímenes por cada adulto mayor que hay en el país. Y en tercer lugar, tenemos un hueco fiscal por un régimen público de Prima Media inviable que si ya demanda 38 billones de pesos, rápidamente serán 45 billones o más. Entonces: ¿se deberá recortar gasto en seguridad o atención de la primera infancia para pagar unas pocas y costosas pensiones?”.
En ese sentido, ¿hay que cerrar a Colpensiones?
“Jamás hemos propuesto eso y que quede muy claro. Pero sí consideramos urgente eliminar los subsidios que tienen las personas con pensiones más altas que se jubilan en Prima Media y que hacen inequitativo e insostenible fiscalmente ese régimen”.
¿De qué manera acabar con esos subsidios?
“El monto de las jubilaciones del régimen público debe ser proporcional a lo que cotizó cada persona, como pasa en el Régimen de Ahorro Individual. Y eso se hace con un régimen de transición para respetar derechos adquiridos y las expectativas legítimas de quienes están próximos a jubilarse en Prima Media.
Si está clara la formula para dar equidad y sostenibilidad al régimen público, ¿por qué cree que este Gobierno no impulsa la reforma?
“Tarde o temprano se deberá hacer lo que le digo, no existe otra alternativa. Hay dos opciones sobre la mesa: que el ajuste pensional lo hagamos con crisis, choque forzoso y muchos sufran, o que se haga de una forma bien planeada y un ajuste más suave”
“Se debe transformar el régimen pensional público y que el monto de las jubilaciones sea proporcional a lo que cotizó cada persona”. “De 14 millones de personas que viven en la informalidad, unos 10 millones son informales absolutos, porque ganan menos de un mínimo”.