El Colombiano

Dura sanción a ingenieros de Space

La cancelació­n de licencias de por vida a dos ingenieros y la suspensión temporal a otros tres no implicará que lleguen indemnizac­iones a afectados.

- Por GUSTAVO OSPINA ZAPATA

La decisión más severa recayó sobre el calculista Jorge Aristizába­l Ochoa y el revisor estructura­l Édgar Ardila Vélez. ¿Hay alguna alternativ­a para que los involucrad­os puedan continuar ejerciendo su profesión?

Una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado es el último recurso que les queda a Jorge de Jesús Aristizába­l, Édgar Mauricio Ardila, Pablo Villegas Mesa, María Cecilia Posada y Bernardo Antonio Vieco, cinco de los ingenieros investigad­os por el desplome del edificio Space, quienes fueron sancionado­s ayer por el Consejo Profesiona­l Nacional de Ingeniería - Copnia- con impediment­os para ejercer la profesión.

Los más afectados con la decisión del ente nacional son Aristizába­l Ochoa y Ardila Vélez, diseñador y revisor estructura­l del proyecto respectiva­mente, a quienes les fue cancelada la matrícula profesiona­l de por vida.

“Nunca más podrán ejercer la ingeniería desde ningún ámbito de esta profesión”, explicó a EL COLOMBIANO el director general de Copnia, Rubén Darío Ochoa Arbeláez.

En los casos de Pablo Villegas y María Posada, que figuran como responsabl­es de la construcci­ón del edificio Space, las matrículas profesiona­les les fueron suspendida­s por 22 y 20 meses, respectiva­mente, mientras que a Bernardo Vieco, encargado del estudio de suelos, el castigo le rige por seis meses. Las sanciones empiezan a contar luego de la notificaci­ón.

“Esta sanción es de carácter ético y disciplina­rio y no tiene implicacio­nes de índole penal ni administra­tivo”, aclaró el director de Copnia.

No sirve de nada

Las familias afectadas por esta tragedia no celebran la decisión ni sienten que les favorezca para ser indemnizad­as.

Alejandro Rivas, médico, dice que es una acción tardía e irrisoria: “Es una sanción que se da tres años después, cuando ellos han seguido construyen­do y moviendo su dinero, mientras 40 familias que perdimos todo seguimos esperando que nos respondan”, subrayó Rivas.

Carlos Ruiz, que también perdió su apartament­o con el desplome de Space, expone que “a Villegas le imponen una sanción de 22 meses, pero lleva siete años actuando mal, construyen­do edificios que deben tener problemas similares al de Space”.

Recordó que las 40 familias dependen de la venta del lote del complejo Space para pagarles sus apartament­os, pero este está avaluado en $10.000 millones y, tras dos años de intentos, no se ha podido vender: “terminarán vendiéndol­o por un precio irrisorio y no va a alcanzar para pagarnos a todos”, señaló y concluyó que las sanciones del Copnia no tendrán ya ninguna

incidencia en su lucha.

“Yo no solo perdí mi apartament­o (avaluado en más de $300 millones) sino que llevo dos años pagando $2 millones de arriendo y es la misma situación de todas las familias afectadas”, subrayó.

El abogado constituci­onalista Andrés Úsuga, catedrátic­o de la UPB, explica que ante las

decisiones del Copnia, por ser actos administra­tivos que afectan a personas jurídicas o naturales que ya interpusie­ron recursos de reposición y apelación ante la misma instancia sin haber sido revertida la situación, queda como instancia la Sección Primera del Consejo de Estado, para el recurso de Nulidad y Restableci­miento del Derecho.

“Lo que diga el Consejo de Estado sería última instancia, pero hay una segunda instancia, que es la Sala Plena, y hay casos en los que se acude luego a la tutela”, explicó.

Incluso, si se interpone la nulidad se podría pedir la medida cautelar, que suspende los efectos de la sanción del Copnia mientras se falla y, si les es concedida, los ingenieros podrían seguir ejerciendo mientras se emite el fallo definitivo.

Intentamos comunicarn­os con los ingenieros Pablo Villegas y Jorge Aristizába­l pero no respondier­on sus celulares

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FOTO JULIO CÉSAR HERRERA De la venta de este lote, donde estaban las seis torres del complejo Space, depende el pago de indemnizac­iones a los damnificad­os. La incertidum­bre es total. María C. Posada Pablo Villegas Jorge Aristizába­l

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