El Colombiano

Gobierno y las Farc no pueden escoger sus jueces

Perfil de los magistrado­s que conformará­n la Jurisdicci­ón Especial de Paz será de defensores de los derechos humanos y el DIH.

- Por JOSÉ GUILLERMO PALACIO

Los magistrado­s que resulten elegidos por los delegados del Comité de Escogencia (ver infografía), para conformar la Jurisdicci­ón Especial de Paz, JEP, en la que se investigar­á y juzgará a guerriller­os, agentes del Estado y particular­es, relacionad­os con el conflicto armado, no pueden ser personas que lleguen con el guiño del Gobierno Nacional o las Farc porque uno no elige a su juez.

Deben ser ciudadanos con una larga trayectori­a en la vida pública y privada, de los que se pueda dar fe de que son incorrupti­bles, conocedore­s de las leyes colombiana­s y estén pensando en la concreción de un proyecto de paz, comentó Bernardita Pérez, experta en Derecho Constituci­onal y catedrátic­a de la U. de A., consultada por EL COLOMBIANO, a propósito del inicio, en Bogotá del primer acto de sesiones de los cinco dignatario­s, nacionales e internacio­nales, que elegirán a los magistrado­s del Tribunal de Paz, Salas de Reconocimi­ento de la Verdad, Director y fiscales de la Unidad de Investigac­ión Acusación de la JEP.

Si bien esta tiene como misión investigar y juzgar los crímenes cometidos por “causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado con las Farc, por quienes participar­on en el mismo, en especial respecto a conductas considerad­as como graves infraccion­es del DIH o graves violacione­s de los Derechos Humanos”, a la JEP solo se someterán unos cuantos guerriller­os, involucrad­os en actos atroces y contra la humanidad, que buscarán allí beneficiar­se de las penas alternas de la justicia transicion­al, mientras que el grueso e nt de si re P C ol o m bi an os 16 fiscales rmada por colombian confo os) ón( saci Acu ny ció iga est Inv de d ida Un la de or ct re Di de la tropa se acogerá a los beneficios de las leyes de indulto o amnistía, afirma Juan Manuel Charry, constituci­onalista y catedrátic­o de la Universida­d del Rosario.

“Desde mi punto de vista de la negociació­n se creó una justicia especial para los agentes del Estado, relacionad­os con el conflicto, porque ellos no gozan de amnistías e indultos, pues no cometen delitos políticos y los delitos relacionad­os con el conflicto van a ir a la JEP, comentó.

El expresiden­te Álvaro Uri-

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be, crítico con el acuerdo de paz, en su carta de la semana pasada al Congreso de EE. UU. manifestó que, “las Farc han diseñado su propia justicia: Los jueces serán designados por personas permisivas con el terrorismo y afines a la seudo ideología de las Farc”.

Aunque el Acto Legislativ­o dice que la JEP no podrá juzgar a quienes hayan sido Presidente­s

de la República, sobre el caso del expresiden­te Uribe, quien es investigad­o por hechos anteriores a su mandato, Charry afirma que tendrá que verse cuál es el alcance del fuero presidenci­al. “Más que excluir o no a las personas, lo que se está respetando son los fueros constituci­onales”.

Derechos humanos

Sobre la trayectori­a de los cinco altos dignatario­s del Comité de Escogencia, Hernán Olano, constituci­onalista, historiado­r y director del Departamen­to de Humanidade­s de la Universida­d de la Sabana, comentó que siempre que se habla de historia de los Derechos Humanos y el Derecho Internacio­nal Humanitari­o se identifica a quien lo hace con sectores contestata­rios del régimen establecid­o.

“En el caso de los cinco designados (yo que fui alumno del doctor Gil Robles, en España). Él fue defensor del Pueblo y promotor de los derechos humanos después de la dictadura (...) Entonces, su actitud en el Comité será escoger personas muy comprometi­das con los DH., y el DIH”.

Para Bernardita Pérez la JEP es una justicia no ordinaria, excepciona­l, de transición y solo como un remedio necesario para solucionar una guerra. “Los ciudadanos debemos como sacrificar ciertos valores y entender que vale la pena apostarle a un proceso de esos en la búsqueda de una paz estable, duradera y honesta porque el proyecto que se ha desarrolla­do no solamente comprende juzgar, de una manera excepciona­l, a quienes se van a someter a ese proceso, sino que quedan obligados a decir la verdad, a reparar a las víctimas y a no repetir, porque en el caso de repetición pierden los privilegio­s”.

En Colombia nunca nos hemos dicho la verdad, solo ha habido indultos y amnistías y los guerriller­os en el pasado se han guardado sus verdades. Este es un proceso distinto del que esperaríam­os con ilusión un desarrollo diferente”

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