Instituciones rechazan crear una Corte Electoral

Para el Consejo de Estado y el presidente del Senado, la nueva entidad sería un cuarto poder y pondría en riesgo la democracia.

De las múltiples propuestas que presentó la Misión Electoral Especial (MEE) al Gobierno la semana pasada, para reformar el sistema político, la que más ha generado rechazo es la de crear una Corte Electoral (CE), que haría parte de la rama judicial.

Mauricio Lizcano, presidente del Senado, afirmó que sería crear un cuarto poder y pondría en riesgo la democracia. Precisó que le presentó la inquietud al presidente Juan Manuel Santos, pero que no sabe si le van a ser caso o no.

“No es que esto nos vaya a llevar a ser Venezuela, sino que es el modelo de ese país, el de Ecuador y México. Quedaría con las funciones de la sesión quinta del Consejo de Estado, de la Procuraduría (pérdida de investidura), de la Contraloría (fiscalización), y, además, puede judicializar los partidos. Incluso, 30 días después de una elección podrán decidir si es válida o no”.

Lizcano agregó que “arrodillaría” con su poder al ejecutivo y al legislativo. “Súmele lo que cuesta crear esa institución. Entonces vamos a crear una jurisdicción ordinaria, una jurisdicción especial para la paz, otra electoral... ¿cuántas cortes quieren crear en este país? Es una locura”.

La CE estaría integrada por siete abogados con experiencia mínima de 15 años en asuntos electorales. Los elegirían, para periodos de ocho años, la misma institución, a partir de seis ternas enviadas por las cortes y una por el Presidencia. En el nivel regional tendría seis tribunales, cada uno con tres jueces.

Aunque la MEE destacó que este sistema permitiría despolitizar la elección de los magistrados, puesto que hoy el Consejo Nacional Electoral está integrado por delegados de los partidos, para Lizcano el Consejo de Estado elige a sus

miembros por cooptación (nominación interna), es autónomo y con funciones jurisdiccionales, pero este tribunal tendría origen político, porque serían ternados por el presidente y las cortes.

¿Cuál es el papel de esta Corte? Resolvería las demandas de nulidad de las elecciones, la pérdida de investidura y del cargo, decidiría las sanciones disciplinarias y declararía la pérdida o suspensión de la personería de los partidos o la privación de presentar candidatos para alguna elección.

Consejo de Estado critica

A través de un comunicado la Sala Plena del Consejo de Estado también rechazó la semana pasada la propuesta de creación de una nueva alta corte.

“La creación de una costosísima alta corte con tribunales y funcionarios que se requerirían solo para épocas electorales, no tiene relación de conexidad alguna con el ‘Acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción

de una paz estable y duradera’ que busca fortalecer la participación política y ciudadana”.

Para Felipe García, magistrado del CNE, la CE es un intento por judicializar la política. Cuestionó que se haya tomado el modelo venezolano, cuando el colombiano es superior, es más legítimo. “Asuntos como la personería jurídica de los partidos no pueden ser del resorte de la justicia sino de la administración. Ese es el mejor camino para eliminar la oposición política”.

Académicos divididos

El constitucionalista Andrés Úsuga dijo que no es que sea una propuesta “inconveniente”, si no que la estructura estatal fue diseñada por la Asamblea Nacional Constituyente en 1991 y para modificarla debería hacerse mediante el proceso de un acto legislativo del Congreso y no por cumplir del punto 2 de La Habana, y menos vía fast track.

Para John Freddy Marulanda, del Instituto de Estudios Políticos de la U. de Antioquia, es muy pertinente por la celeridad que requieren trámites electorales. “Muchas veces se declaran nulidad de elecciones ya cuando se están terminando los periodos. Permite despolitizar estas decisiones”.

Según Andrés Felipe Bernal, de la Escuela de Política de la U. Sergio Arboleda, es interesante una corte alejada de los interés partidistas, pero le preocupa la concentración de funciones que tendría, pues terminaría asemejándose a otra rama del poder público.

En Colombia ya existió una institución similar la cual fue eliminada en la Constitución de 1991