O TODOS EN LA CAMA O TODOS EN EL SUELO

Algunos comentaristas de mis columnas me reprochan que critique al senador Álvaro Uribe. Me dicen que lo odio, me califican como “enmermelado”, mentiroso, politiquero. El lenguaje en sus comentarios es agresivo y soez. Hay que aceptar esto desafortunadamente, pues es una consecuencia de la polarización que nos atraviesa y de la ausencia de crítica seria y fundamentada. Sin embargo, frente a esto debo reclamar mi derecho a expresar libremente mis opiniones e ideas.

Dicho esto, quiero cuestionar nuevamente la insistencia de Uribe y sus seguidores en rechazar la justicia transicional como un modelo que permita encontrar un equilibrio entre las demandas de justicia y la paz. Es importante recordar algo de historia.

La justicia transicional comenzó en 1945 proponiendo, en el Tribunal de Núremberg, la responsabilidad criminal individual. En Chile, en la década de los ochenta, se impuso un modelo de perdón y olvido, que permitió amnistías absolutas para victimarios como Pinochet. En 1995 se estableció la Comisión de la Verdad en Sudáfrica, la cual priorizó la verdad frente a la justicia. En la historia colombiana,

Álvaro Uribe fue uno de los primeros defensores de la justicia transicional. En su primer gobierno se promulgó la Ley de Justicia y Paz, por medio de la cual se concedieron reducciones en las penas para los paramilitares que quisieran participar en el proceso de paz, a cambio de garantizar el derecho de las víctimas a verdad, justicia y reparación. En ese momento muchos criticaron esta propuesta. Era inaceptable darle impunidad al grupo armado más violento y sanguinario del país en su historia. Era inconcebible que los gestores del mayor desplazamiento y expropiación de tierras de campesinos, fueran a recibir reducción de penas. Pero Uribe defendió esta ley en nombre de la paz. En EL COLOMBIANO de julio 6 de 2005 Uribe dijo que “cuando hay un proceso de paz, no puede haber una criminalización en nombre de la justicia”. No habló de total impunidad. Uribe buscaba un término medio entre la paz y una justicia con penas reducidas, es decir, algo similar al modelo con las Farc.

Pero Uribe cambió su posición. Cuando comenzaron las negociaciones con las Farc en el gobierno de Santos, su nuevo lema fue paz sin impunidad. Rechazó la posibilidad de una paz basada en una justicia con reducción de penas y amnistías, como la propuesta en la JEP, y apeló a la CPI para reclamar la violación de la ley internacional en caso de amnistías y perdones.

Las preguntas que hay que proponer, discutir y solicitar aclaraciones al respecto son: cómo explicar que en la justicia transicional para los paramilitares se diga: cuando hay un proceso de paz, debe haber una justicia especial para reducir las penas impuestas a ellos. Y esto mismo no se pueda decir sobre la justicia transicional para los guerrilleros. ¿Son menos criminales los paramilitares que las guerrillas de las Farc? ¿Por qué pedir un castigo retributivo y vengativo para unos y generoso para los otros?

Uribe fue uno de los primeros defensores de la justicia transicional.