Reficar, a la justicia penal
El descalabro financiero y ético de Reficar, que venía siendo examinado en la Contraloría, pasa también a la Fiscalía. Deben determinarse las responsabilidades fiscales y penales.
El descalabro financiero y ético de Reficar, que venía siendo examinado en la Contraloría, pasa también a la Fiscalía. Deben determinarse las responsabilidades fiscales y penales.
Las investigaciones sobre lo que pasó durante la construcción durante casi una década, del proyecto de la Refinería de Cartagena (Reficar), que hasta ahora habían avanzado algo en la Contraloría, tendrán también impulso en la Fiscalía General de la Nación. Reficar estaba proyectada para un costo aproximado de cuatro mil millones de dólares, y acabó costando más del doble.
Desde el año pasado el contralor general, Edgardo Maya, había cifrado el detrimento patrimonial contra la Nación en unos 17 billones de pesos. Una suma tan descomunal que se hacían necesarios mayores análisis financieros, contables y administrativos por parte de peritos especializados para desmenuzar las cuentas de lo que, en todo caso, fue uno de los carruseles de derroche y mala administración más vergonzosos de la historia nacional.
Ahora el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, anuncia que la Fiscalía ha determinado que en Reficar no se puede hablar solo de problemas de planeación operativa o financiera, sino de delitos. En particular, peculado por apropiación, falsedad documental, interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito.
El fiscal Martínez Neira dijo haber destinado un equipo de fiscales y expertos financieros de la Dirección Especializada contra la Corrupción. A ocho directivos de Reficar, entre ellos dos expresidentes de la compañía, se les citó a audiencia de imputación de cargos. Otros ex miembros de las juntas directivas de la refinería y de Ecopetrol fueron citados a interrogatorio.
El país no debe quedarse en el escándalo superficial de los gastos de spa para los directivos ni de las cajas de whisky. Si el cálculo que hace la Fiscalía es de un peculado, léase desfalco, de 610 mil millones de pesos, esas responsabilidades tienen que ser determinadas y ese dinero tiene que estar en algunas cuen- tas. Los que tengan que rendir explicaciones deberán tener en cuenta, por supuesto, que el fiscal general entiende la dinámica y el lenguaje de grandes operaciones y negocios jurídicos complejos, y que si realmente su prioridad es hacer justicia, no se dejará engañar por lenguajes enmarañados que buscan opacar la verdad de los hechos.
Una refinería como la de Cartagena era de indudable interés estratégico nacional. Pero precisamente de su necesidad y su condición de indispensable puede estar el origen de lo que algunos de sus ejecutivos consideraron ocasión aprovechable para liberar cualquier restricción de gastos y sustraerse a todo control, propiciando el abuso de presupuestos o, en el peor de los casos –eso lo determinará la justicia– metiendo mano para beneficio individual. Si la obra era necesaria a cualquier costo o si ya una vez descubierto el problema financiero tenía más sentido terminarla y que el país empezará a usufructuar los beneficios de su funcionamiento en lugar de quedar con un elefante blanco es una de las cosas que Ecopetrol deberá explicar dando cuenta de sus actos y decisiones.
Otra circunstancia relevante es que, sin duda, los ejecutivos que con sus maniobras causaron este descalabro mayor, cuya responsabilidad, insistimos, solo determinará la justicia, llegaron a creer que gozaban de impunidad y que nadie se interesaría por los entresijos de los negocios jurídicos que, contra las normas legales, suscribían con poco juicio y menor delicadeza. Esa convicción de que los actos ilegales no tienen consecuencias, es lo que ha permitido que la corrupción avance desbocada en nuestro país