Crisis en Chocó por orden público
Disputas entre grupos armados y una delicada situación social tiene los ánimos caldeados en el departamento.
La inconformidad de la comunidad del Chocó que se queja por la falta de inversión estatal, que los llevará a un paro cívico el 10 de mayo, es el último ingrediente de una mezcla explosiva que se viene cocinando hace varios meses en el departamento, azotado por la disputa creciente entre bandas criminales y el Eln. A todo esto se le sumó el invierno que amenaza con ponerse peor.
Ni la visita ayer del vicepresidente, Óscar Naranjo, pudo bajar los ánimos de la comunidad, que exige soluciones en salud, infraestructura y, por supuesto, normalización del orden público en la región.
Según el secretario del Interior del Chocó, Jonar Alexánder Mosquera, el conflicto territorial entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y la guerrilla del Eln “está activo en las zonas que se encuentran más alejadas del territorio nacional y existen hechos puntuales para probarlo”.
Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, por cuenta de estos enfrentamientos, 1.206 personas han sido desplazadas de sus lugares de residencia y 815 familias están en situación de confinamiento en Chocó, y estas cifras solo entre enero y febrero del presente año. A causa de estas acciones, la semana pasada este ente pidió intervención especial en la zona.
El defensor Carlos Negret alertó sobre la “débil respuesta de las instituciones del Estado” para atender la problemática, sumada a una falta de acompañamiento generalizada en el nivel territorial.
Desde el ente de control, se señaló como los municipios más permeados por este enfrentamiento están en las subregiones del Bajo San Juan, Bajo Calima, el Medio San Juan, Baudó, el Bajo y Alto Atrato y el Darién chocoano.
Ante esto, el secretario Mosquera sostuvo que el tema se puso en la agenda del vicepresidente, quien ratificó en rueda de prensa que el Gobierno está concentrado en darle una pronta solución a la crisis.
Además, el funcionario chocoano dijo que también han tocado las puertas, directamente, de Presidencia y del Ministerio de Defensa, “para que nos ayuden a enfrentar este fenómeno que se está agudizando en el departamento. Necesitamos que se tomen medidas para que los grupos armados ilegales no ocupen los espacios dejados por las Farc”, concluyó.
Para este propósito, ayer el vicepresidente Naranjo presidió la Subcomisión de Garan- tías de Seguridad, en la que escuchó de parte de los líderes del departamento la grave situación de seguridad.
Resta esperar si de aquí al término de los 45 días que dio de plazo Naranjo, para volver a revisar las soluciones al tema, ocurren los cambio que esperan en la región y vuelvan a vivir en paz