Mañana, paro nacional de taxistas
La decisión está en manos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, encargado de evaluar una demanda en contra de esta plataforma digital.
Cerca de 1.400 taxis dejarán de operar en Medellín para protestar contra las plataformas como Uber y Cabify. Conozca las razones de todos los involucrados en la polémica.
Mañana, 10 de mayo, es una fecha que está marcada en el calendario de miles de taxistas en Colombia. Desde marzo, líderes del gremio, como Hugo Ospina y Ovidio García, vienen promoviendo un paro nacional que promete dejar un mensaje contundente al Gobierno Nacional: “la plataforma Uber se debe bloquear, por ser ilegal”.
Esta consigna ha acompañado a la Asociación Fuerza Amarilla de Antioquia en los últimos dos años. El presidente de la organización, Ovidio García, dijo que “a partir de las 9:00 de la mañana del miércoles más de 1.400 vehículos saldrán desde diferentes puntos de la ciudad hasta llegar a la Alpujarra”.
Los organizadores de la protesta informaron que tienen previsto que en la capital antioqueña las movilizaciones salgan desde cuatro puntos: Autopista Medellín- Bogotá; Calle 49 con carrera sexta (Buenos Aires); Parque del Periodista y Aeroparque Juan Pablo II. Este paro, como lo confirmó García, ha sido respaldado por organizaciones de taxistas en Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Cali, Armenia, Buenaventura y otras 15 ciudades.
Los ciudadanos pueden utilizar otros medios de transporte públicos, como el metro y los buses. Frente a eventuales bloqueos en las vías afectadas, pueden tomar rutas alternas (ver infografía).
La preocupación de que se presenten disturbios o una parálisis en la ciudad, por ahora no hace parte del panorama. Según García, “el objetivo es llamar la atención de las autoridades porque nos están vulnerando el derecho al trabajo. De hecho, le presentaremos al alcalde un pliego de peticiones que elaboramos. No solo estamos molestos con transportes ilegales como Uber y Cabify, sino que hay otros problemas que no se están resolviendo, como los carriles solo bus en Medellín”.
El presidente de la Asociación Nacional de Taxistas, Hugo Ospina, señala que esta manifestación surge como una respuesta a la continuidad de plataformas digitales. La gota que derramó el vaso, cuenta, fue “cuando la Superintendencia de Industria y Comercio rechazó nuestra demanda contra Uber por publicidad engañosa y competencia desleal”.
En Bogotá, argumenta Ospina, la Policía Metropolitana ha suspendió 9.381 licencias de conducción de conductores de Uber, sin embargo, no parece suficiente: “Pueden seguir suspendiendo licencias, pero mientras cualquier persona pueda descargar esas aplicaciones, la situación no cambiará”.
El lío con Uber
En abril pasado, el Congreso archivó una ley que pretendía regular la prestación del servicio de transporte a través de plataformas digitales. Esto fue un golpe duro para Cabify y Uber, empresas que han señalado que la legislación colombiana es insuficiente para atender el avance tecnológico en el país.
Lo cierto es que este proyecto de Ley era una de las últimas salidas que le quedaba a Uber, teniendo en cuenta que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca está ad portas de emitir un fallo en el que define si el Gobierno debe bloquear la plataforma Uber, considerada ilegal por parte del Ministerio de Transporte.
De hecho, la demanda que está evaluando el Tribunal fue interpuesta por el Ministerio de Transporte, cartera que considera que Uber explota un bien de uso público (es decir, el transporte público) para un beneficio particular. De fondo, el Mintransporte argumenta que la compañía no cumple con los estándares para operar, pues no se somete a ningún tipo de control ni vigilancia por parte del Estado.
El tema no es fácil de resolver, pues en la misma demanda el Mintransporte solicitó vincular al proceso al Ministe- rio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a la Agencia Nacional del Espectro. Este fallo no solamente impactaría a los 205.000 taxistas registrados ante el Gobierno Nacional; también tendría un impacto directo en 53.000 conductores registrados en Uber en el país y a más de un millón de usuarios que utilizan la plataforma, según datos de la compañía.
Para bloquear Uber y otras plataformas como Cabify, el juez tendrá que evaluar si las razones que esgrimió Mintransporte ameritan que, por primera vez en la historia de Colombia, se prohiba una aplicación.
El año pasado, la Superintendencia de Puertos y Transportes emitió una resolución estableciendo una sanción contra Uber por 700 Salarios Mínimos Legales Vigentes. Según la entidad, “Uber facilita la prestación del servicio en condiciones irregulares, mediante la plataforma tecnológica de que se aprovecha, de acuerdo con las firmas extranjeras Uber Technologies Inc y Uber B.V”.
Un conductor de Uber, por ejemplo, no tiene que contar con ciertos requisitos que sí debe asumir un taxista: como las tarjetas de operación y control, tener el vehículo asociado a una empresa, es decir, tener un cupo, que puede costar hasta 95 millones de pesos, y pagar una mensualidad a la compañía.
En respuesta a EL COLOMBIANO, Uber Colombia aseguró que “es una empresa legalmente constituida y no hay un acto legislativo que la declare ilegal. Durante los últimos tres años hemos trabajado para lograr que sean creadas reglas claras para darle certeza a una nueva categoría de transporte”.
Uber, sin embargo, no se reconoce como una empresa de transporte de servicio público. Dice, por el contrario, que “es un modelo innovador que hace más sostenible el transporte en vehículos privados”.
¿Soluciones?
El Senado fue uno de los primeros escenarios donde se presentó un álgido debate por el futuro de Uber. Algunos congresistas apoyaron el blo-
queo de la plataforma y otros, por el contrario, sugirieron una nueva normatividad.
Jorge Enrique Robledo, senador del Polo Democrático, señaló que “Uber es un servicio pirata, no cumple con las leyes a las que someten las empresas de servicio de transporte público. Si se reconociera como legal, entonces cualquier persona puede empezar a manejar una empresa de buses, con las tarifas y las rutas que quiera. ¿Se imagina el caos? Todos los servicios públicos deben ser controlados por el Estado”.
Una visión distinta es la del senador Jaime Amín, del Centro Democrático: “Colombia es un país con una creciente actividad en el ciberespacio: 29 millones de personas utilizan las redes sociales y tienen acceso a internet. Esto no se puede negar, como tampoco que la tecnología mejora la calidad de vida del ciudadano. Necesitamos que el Gobierno coja al toro por los cachos e inicie una concertación con Uber, buscando alternativas para que opere”.
En una línea similar opina el académico Germán Prieto, director del programa de Gestión del Transporte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano: “Este paro puede servir para replantear el tema del transporte público en Colombia, no solamente los taxis o Uber. Este tipo de transporte está sufriendo una transformación y la posición de algunos taxistas, por lo menos
en Bogotá, no ha ayudado mucho: bloquear, protestar, agredir, esto lo que hace es desprestigiar al gremio”.
Una alternativa, según Prieto, es seguir el ejemplo “de los taxistas en Bucaramanga, que en lugar de bloquear han intentado mejorar el servicio, sofisticando su presentación personal y los tiempos de desplazamiento. Con esto han logrado que Uber se debilite. De otro lado, creo que el Mintransporte, en lugar de reprimir a Uber, debe negociar con ellos condiciones equitativas, que paguen impuestos porque es un transporte público”.
Para Diego Laserna, politólogo y máster en Planeación Urbana, “un problema central es que las empresas de los taxis no responden por nada, ni por la calidad del servicio ni por los conductores y tampoco por los infractores. Las alcaldías, encargadas de regular el transporte en sus ciudades, están en una posición incómoda porque la gente aprecia a Uber por el servicio. Las empresas de taxistas exigen pero no dan nada a cambio. Es difícil que Uber salga en estas condiciones”