¿Quién gana en la decisión de llevar los toros a urnas?
La Corte Constitucional ordenó a la Alcaldía de Bogotá reanudar la consulta taurina, en fallo que reabre la larga disputa sobre el futuro de las corridas.
La batalla judicial por el futuro de las corridas de toros tomó nueva fuerza ayer, después que la Corte Constitucional ordenara al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, reanudar el proceso de consulta popular para definir el futuro de esta práctica, en un fallo que tendría alcances nacionales, pero que abre varias inquietudes.
En primer lugar hay que enfatizar que lo dictado por los magistrados tiene efectos casi inmediatos, pues le da un término de 48 horas a la Alcaldía, una vez se notifique de la sentencia, para iniciar todos los trámites correspondientes a la consulta taurina.
Sin embargo, en el mediano y largo plazo, tendrá varios efectos a nivel nacional:
1 LOS ALCANCES ABARCARÍAN A TODO EL PAÍS
Para la abogada María Cristina Gómez, experta en temas de derecho constitucional, este fallo dictaría un precedente de tal forma que abriría las puertas para que se puedan impulsar este mismo tipo de consultas en otras ciudades. Al recordar que hasta la fecha, las corridas de toros dependen de cada municipio.
Tomando en cuenta que el alto tribunal le había dado plazo de dos años al Congreso para que legislara al respecto, la jurista aseguró que “hay varios precedentes en el que la Corte ordena y el legislativo no obedece; entonces esta sentencia le da la oportunidad de llevar el debate a la gente de forma directa”, consideró.
Al respecto, Eduardo Peña, vocero de la organización Animal Defenders Internatio- nal, ADI, y miembro de la coalición “Colombia sin toreo”, manifestó que por ahora los esfuerzos están concentrados en Bogotá, pero hay varios frentes para adherir a todo el país a la discusión.
2 SE OBLIGARÍA A AHONDAR SOBRE LA MATERIA
La polémica con las corridas han vivido un cruce de fallos en los que un tribunal contradice a otro. Por ejemplo, este fallo de la Corte deja sin piso uno del Consejo de Estado en 2015 que impedía la consulta popular en el tema de las corridas de toros, argumentando que los derechos de las minorías no podían ser restringidos por las mayorías, más tratándose de un debate sobre lo que es o no cultural.
Por ello, ante tanto cruce de conceptos, lo lógico, a juicio de Gómez, es que el más reciente fallo “obligue” por fin a ahondar en este tema.
3 EXISTEN NORMAS QUE SE CRUZAN CON LA CORTE
Está la posibilidad de que la vía popular no sea la más adecuada para dirimir un tema en el que se cruzan conceptos desde todos los ángulos.
Así lo arumentó Emiliano Sierra, director ejecutivo de la Asociación pro Defensa de la Fiesta Brava, Asotauro: “No considero que la consulta sea la vía adecuada para que se defina la continuidad o no de estos espectáculos y menos en una consulta muy permeada por la propaganda. Que le den los dos años al Congreso para que legisle en ese sentido”.
Aunque se declaró respetuoso de las decisiones de las autoridades, manifestó que hasta que no haya un fallo definitivo, continuarán con sus labores de promoción de la llamada “fiesta brava”.
Vale anotar que, aunque en la consulta popular se valide o prohiba el toreo, hay otras leyes que tocan este tema, como las de protección animal y las referentes a patrimonio cultu-
ral, en donde aún no hay un piso sólido al respecto.
4 CONTRADICCIONES EN LO QUE TIENE LA LEY
El alcance del resultado de una eventual consulta popular sobre la tauromaquia deja la incertidumbre de lo que puede pasar en caso tal que el resultado que se consiga en las urnas no vaya en la misma dirección de lo que decida el Congreso sobre el tema en los próximos dos años.
Asimismo, vale recordar que existe un Reglamento Taurino consagrado en la Ley 916 del 2004, que podría entrar en contradicción con futuras decisiones populares.
Además, en curso del Congreso se encuentra en curso un proyecto de Ley radicado por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que prohibiría del todas las actividades relacionadas con la lidia de los toros.
Pase lo que pase en el corto plazo, Peña, como parte del colectivo que impulsa la abolición completa de la actividad taurina, sostuvo que buscarán realizar la consulta al tiempo que la primera vuelta presidencial, en 2018, de tal forma que tenga la mayor cobertura posible por el menor gasto posible para el Estado