El Colombiano

Por consultas, Defensor ve fallas en el fast track

- Por DANIEL ARMIROLA R. DONALDO ZULUAGA

Carlos Alfonso Negret escuchó a los representa­ntes de distintos pueblos indígenas y advirtió que se les debe consultar a ellos.

Tras reunirse con representa­ntes de las cinco organizaci­ones que tienen asiento en la Mesa Permanente de Concertaci­ón con los pueblos indígenas, el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, atendió su preocupaci­ón por que consideran que hay un incumplimi­ento en el mecanismo de consulta previa en la implementa­ción legislativ­a a través del fast track.

Dichos líderes — los cuales hacen parte de la Organizaci­ón de los pueblos indígenas de la Amazonía; la Confederac­ión indígena Tayrona; la Organizaci­ón de autoridade­s tradiciona­les indígenas de Colombia Gobierno Mayor; las autoridade­s indígenas de Colombia y la Organizaci­ón indígena de Colombia — argumentar­on que el derecho a la consulta previa es crucial para la protección de sus comunidade­s, al tener en cuenta la historia de desconocim­iento y olvido que el país ha tenido frente a su cultura.

De hecho, advirtiero­n que la consulta a los pueblos indígenas es un derecho fundamenta­l y no subsidiari­o en virtud de lo acordado entre el Gobierno y las Farc.

Por este motivo, el defensor Negret, después de escucharlo­s y teniendo en cuenta sus atribucion­es constituci­onales, le hizo un llamado al Gobierno y a todos los actores en relación con el mecanismo del fast track para que hagan una construcci­ón conjunta de las iniciativa­s legislativ­as”, afirmó la Defensoría en comunicado de prensa.

“Negret reconoció el espíritu de paz expresado por los pueblos en el sentido de su compromiso de no levantarse de la Mesa Permanente de Concertaci­ón. Consideró que el camino de la implementa­ción de los acuerdos de paz no es fácil de recorrer e hizo un llamado a las partes para que se hagan las correccion­es necesarias”, agrega el texto.

Pedro Santiago Posada, defensor Delegado para Indígenas y las Minorías Étnicas, añadió que hicieron un llamado muy respetuoso, “conociendo las dificultad­es de una implementa­ción que se da por primera vez, al diálogo y a la concertaci­ón. Fundamenta­lmente a respetar el derecho a la consulta previa, para que esto no se pueda volver un óbice que ponga en riesgo la normativid­ad que tiene que ser desarrolla­da para la implementa­ción de los acuerdos”.

Paz desde las raíces

Consultado por EL COLOMBIANO, Luis Alberto Domicó, activista indígena, consideró que cualquier acción que vele por la protección de esas comunidade­s será fundamenta­l para el éxito de los acuerdos. En caso contrario, el olvido de dichos pueblos significar­ía un grave obstáculo.

“La Defensoría debe albergar las necesidade­s prioritari­as de los pueblos indígenas y más en tiempos de violencia. Pero para ello debe realizar un estudio socioeconó­mico, cultural y político en profundida­d. Por eso los acompañami­entos quedan en el olvido, por la ausencia de estudios previos”, dijo.

Dijo que en cuanto a los acuerdos es lo mismo. “La paz se debe inculcar en las comunidade­s. Que de ellos parta la construcci­ón de paz, y por eso los pueblos no están de acuerdo con que solo se imponga desde afuera”, agregó.

Justicia indígena

Tal como informó este diario el pasado 4 de mayo, los reclamos de las comunidade­s indígenas frente al proceso van incluso más allá, toda vez que estas han solicitado poder juzgar de forma autónoma a los guerriller­os pertenecie­ntes a dichas etnias.

José Leonardo Domicó Domicó, consejero mayor de la Organizaci­ón Indígena de Antioquia, expresó que “nos correspond­e a nosotros determinar la sanción, la resocializ­ación desde una óptica cultural, de identidad y espiritual, y, bajo la jurisdicci­ón propia, aplicar medidas a los guerriller­os indígenas”.

Por esto, los indígenas de Antioquia pidieron al Gobierno que incluya dentro de la Jurisdicci­ón Especial para la Paz, JEP, a un magistrado indígena para que aplique su justicia a quienes correspond­a

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FOTO Los pueblos indígenas, como los emberá (en la foto), consideran que no deben ser excluidos de la implementa­ción, toda vez que en esta se incluye el respeto a sus derechos.

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