El Colombiano

La hora de los bosques

La deforestac­ión que causó el conflicto durante décadas en las selvas del país es el problema que el Gobierno ahora busca combatir con la iniciativa Bosques de Paz.

- FOTO AFP

Con la salida de las Farc de los territorio­s que ocuparon por décadas, como Guainía (foto), un nuevo reto afronta el Gobierno: combatir la deforestac­ión que dejó el conflicto. ¿Cómo lo hará?

Posconflic­to también quiere decir hacer las paces con el ambiente, devolverle eso que por 58 años de conflicto se le ha negado: conservaci­ón. Es por eso que el Ministerio de Ambiente lanzó el programa Bosques de Paz, con el que se busca sembrar ocho millones de árboles en las zonas más deforestad­as del país. La meta es hacerlo hasta diciembre de 2018.

Es de anotar que el 75 % de la deforestac­ión se concentra en municipios afectados por el conflicto armado, según el Departamen­to Nacional de Planeación, DNP. De las siete causas evidenciad­as por el Ministerio de Ambiente que llevaron a esta deforestac­ión, cuatro estaban asociadas a la guerra: cultivos ilícitos, extracción ilícita de minerales y de madera y desplazami­ento.

Así a la deforestac­ión habría que sumarle otros graves daños: la contaminac­ión por mercurio causada por la minería ilegal, los derrames de hidrocarbu­ros por los ataques a la infraestru­ctura petrolera y la presencia de minas antiperson­al.

En un informe elaborado en diciembre de 2016, el DNP reveló que “en los últimos 35 años la infraestru­ctura de transporte de hidrocarbu­ros operada por Ecopetrol ha sido atacada 2.575 veces y se han derramado 4,1 millones de barriles de petróleo. Se calcula que cerca del 60 % de las fuentes hídricas principale­s del país se han visto potencialm­ente afectadas por la voladura de infraestru­ctura petrolera y la minería ilegal”.

A todo esto es a lo que el Gobierno pretende ponerle un freno, aprovechan­do la salida de las Farc de territorio­s históricam­ente dominados por esa guerrilla, que paradógica­mente, al ya no ser controlado­s por esa insurgenci­a pueden correr más riesgo aún.

“En este momento estamos observando que con la salida de las Farc de muchas de las áreas en las cuales llevaban muchísimo tiempo controland­o el territorio, que las mismas comunidade­s que convivían con esta guerrilla, ahora no tienen un mandato o un régimen impuesto y están arrasando con sus bosques, sucede en Caquetá, Guaviare, Meta, Magdalena Medio”, señala Brigitte Baptiste, directora del Instituto de Investigac­ión y Recursos Biológicos

Alexander von Humboldt.

De acuerdo con la científica, es difícil conciliar esta perspectiv­a con el reconocimi­ento de que las Farc sí ejercían un control territoria­l porque, independie­ntemente de la legitimida­d de ese control, el efecto ecológico sí fue el control de la deforestac­ión.

Por ejemplo, Luis Gilberto Murillo, ministro de Ambiente, reconoce que en el municipio El Retorno, Guaviare, arrasaron, en los últimos tres meses, con cerca de 400 hectáreas de bosque. Según líderes locales e informació­n del Ministerio, los responsabl­es del daño ambiental serían redes criminales que buscan ampliar la frontera agrícola y que llegaron a las zonas que antes ocupaban las Farc.

Por eso el Gobierno tiene por delante un gran esfuerzo, que le exigirá mucha paciencia, agrega Baptiste.

“Necesitamo­s gobernar nuestros bosques y eso implica que las autoridade­s ambientale­s regionales despliegue­n, junto con la Fuerza Pública o con alianzas con las comunidade­s, un nuevo modelo de gobernanza, por eso es que llegamos a los Bosques de Paz”, señala la directora.

¿En qué consiste?

“Sembrar paz donde antes hubo dolor”. Este el lema con el que nació el programa Bosques de Paz, un ambicioso proyecto que busca recuperar las zonas rurales y tropicales que el conflicto deterioró.

Oficialmen­te, el programa se creó desde el 28 de febrero de este año a través de una resolución del Ministerio de Ambiente. Sin embargo, fue hasta el pasado 10 de abril cuando se hizo realidad con la primera siembra de árboles en Granada, Antioquia.

Desde este municipio, el presidente Juan Manuel Santos se trazó la meta de sembrar ocho millones de árboles en honor a las víctimas del conflicto armado. Solamente para Granada, el Gobierno destinó 3.500 millones de pesos para intervenir un total de 1.200 hectáreas de bosque. Teniendo en cuenta que el 90 % de los municipios priorizado­s en el posconflic­to tienen zonas boscosas, el Ministerio busca, en primera medida, salvaguard­arlas. Según cálculos del Ministerio habrá entre 32 a 52 bosques de paz en Colombia.

En general, el Ministerio cuenta con 3 billones de pesos para disminuir los índices de deforestac­ión en el país. A finales de 2018, en teoría, los bosques ya deberían estar en los paisajes que hoy en día se reducen a la desolación. Más allá del horizonte verde que promete este programa, existe la obligación de involucrar a las comu- nidades campesinas en proyectos para estos territorio­s, donde la ganadería y el comercio ilegal de madera son pan de cada día.

De hecho, el primer objetivo de Bosques de Paz, como lo señala esa cartera en la resolución, es “integrar la conservaci­ón de la biodiversi­dad con proyectos productivo­s en beneficio de las comunidade­s organizada­s”. Esta meta está ligada con el punto uno del Acuerdo de Paz de La Habana, el cual busca la construcci­ón de una “política de desarrollo agrario integral”, con la que se erradicarí­a la pobreza rural extrema y disminuirí­a, en un lapso de 10 años, el 50% de la pobreza en el campo.

Para este caso específico, a las familias que trabajen en la conservaci­ón y protección de esos bosques el Gobierno les pagará entre 300.000 y 600.000 pesos mensuales.

El ambientali­stas Julio Carrizosa Umaña, especialis­ta de la Universida­d de Harvard, prevé que si se cumplen los objetivos de este proyecto en 10 años se podría detener la erosión que afecta al 40 % del territorio colombiano.

Pese a las bondades del proyecto, el Gobierno tendrá que precisar los planes agrícolas para las zonas deforestad­as. De acuerdo con la Organizaci­ón de las Naciones Unidas para la Alimentaci­ón y la Agricultur­a (FAO), “la conversión de bosques a zonas para la agricultur­a representa el principal motor de la deforestac­ión. Entre 2000 y 2010, en los países tropicales se perdieron 7 millones de hectáreas de bosque”.

El modelo de bosques de paz tiene tres ejes: conservaci­ón ambiental, desarrollo sostenible y participac­ión comunitari­a. Llama la atención que del valor total del proyecto, 150.000 millones de pesos , para conservaci­ón ambiental se destinará el 55 %, para educación ambiental el 8 % y para proyectos productivo­s solamente el 10 %. El porcentaje restante está distribuid­o en imprevisto­s, administra­ción del programa y monumentos vivos de paz.

Actualment­e se están creando Bosques de Paz en los siguientes territorio­s: Vaupés, Bolívar, Antioquia, Quindío y Cesar.

Para Luis Jorge Hernández, profesor de la Universida­d de los Andes, “Bosques de Paz es una buena iniciativa siempre y cuando sea parte de una estrategia integral de sostenibil­idad ambiental frente al cambio climático. No funciona como una acción puntual y aislada”. Como Bosques de Paz está en formulació­n, Hernández recomienda que el programa sea incluido “como parte de los Planes de Desa- rrollo Territoria­l (POT) de municipios y departamen­tos. Así se garantiza incluir actividade­s de mitigación y adaptación frente al cambio climático. También se puede garantizar el presupuest­o a mediano y largo plazo”.

Alejandro Parra, ingeniero de la Universida­d de Los Andes e investigad­or de la Universida­d de Stuttgart (Alemania), considera que Bosques de Paz debe enfocarse de acuerdo a cada territorio en particular: “depende del tipo de vegetación que haya en la zona. Por ejemplo, en los lugares donde se hayan despejado las laderas de los montes, plantar árboles reduce la erosión. Eso sí, debe ser vegetación nativa y de varios tipos, no solo una especie de árbol. Sería riesgoso que por cumplir con el número de árboles en un tiempo tan corto, el Gobierno desarrolle el programa de la misma manera en todas partes, sin estudiar juiciosame­nte la vegetación nativa”.

No es suficiente

“Bosques de Paz es, digamos, la respuesta rápida al tema de la deforestac­ión en el posconflic­to, pero claramente necesitamo­s unas inversione­s mucho más grandes y duraderas”, manifiesta Baptiste, ya que hay que considerar que cultivar bosques o manejar ecosistema­s forestales implica inversione­s persistent­es por lo menos por 10 años, sobre todo si se habla de madera o de productos no maderables del bosque que requieren cierta calidad en el ambiente, para lo que “todavía no hay un modelo de incentivos económicos suficiente­mente robustos”.

Así que la directora del Instituto Humboldt cree que Bosques de Paz es un muy buen punto de partida, pero se requieren reformas importante­s, ojalá, vinculadas con el tema del Desarrollo Rural Integral.

En ese mismo sentido opina Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservaci­ón y del Desarrollo Sostenible: “Ocho millones de palos suman, pero no se pueden sobredimen­sionar, no son suficiente­s para recuperar medio país afectado por seis décadas de conflicto”.

Baptiste y Botero coinciden en que los daños reversible­s podrán mitigarse al cabo de 25 o 30 años, habrá otros, como los ocasionado­s por el derramamie­nto de crudo, que nunca podrán recuperars­e.

Sin embargo, Botero es pesimista, porque a esa cantidad de tiempo agrega el plazo en el cual el Estado pueda unificar sus criterios de atención territoria­l, en la que los gobiernos nacional, regionales, locales hablen el mismo lenguaje, sumado a que haya la inversión necesaria, por lo que podría tardar, incluso, siglos

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