Representación para las zonas de conflicto

Este es un punto que se discutió por años en el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc, y era cómo garantizar una apertura del sistema democrático, cómo llegar a las regiones más afectadas y permitir su participación. El déficit democrático siempre ha sido uno de los elementos estructurales que justificó la lucha armada. Los beneficios que se buscan están orientados a permitir de forma transitoria, es decir no permanente, la representación en la Cámara de Representantes de zonas, veredas, municipios que han sido territorios de violencia. Las características con las que se seleccionaron apuntan a la lógica de buscar “compensar” el olvido institucional a estas zonas que, por definición dentro del plan gubernamental, tienen como común denominador haber sido zona de violencia directa, pobreza, presencia de narcotráfico y debilidad institucional. En ese sentido, dar voz y participación a esas zonas permitirá que en los dos próximos períodos legislativos haya al menos 16 miembros que puedan hacer visibles nuestras fallas más notables... y es el de un desarrollo muy desigual del país. Lo de cómo controlar incluso no es claro, pues la reglamentación vendría después. Solo se habla de que va a tener tratamiento diferencial, volcado a minorías, a zonas rurales, pero no se establece el mecanismo de financiación. En cuanto a la inscripción, el proyecto la deja abierta al hablar de grupos significativos. Allí se podría dar el “reencauche” de personas vinculadas a otras formas tradicionales de participación. Sin embargo, hay que reconocer la capacidad organizativa y asociativa de los colectivos campesinos e indígenas presentes en esas zonas, llamados a liderar y aprovechar este proceso.