DEFENDER LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS
La semana pasada la Corte Constitucional dictó la Sentencia C– 322 de 2017, en la que declaró inconstitucionales dos normas del Acto Legislativo 01 de 2016, conocido como
Fast Track. En atención a la demanda del senador Iván
Duque y nuestra coadyudancia, la Corte consideró que se violaba el principio de separación de poderes porque en el trámite de proyectos de acto legislativo y de ley para la implementación de los acuerdos con las Farc el Congreso solo i) pudiera votar esas iniciativas en bloque; y ii) hacerles modificaciones con la autorización del Gobierno. Para la Corte esas normas desnaturalizan las competencias del Congreso, lo subordinan de forma desproporcionada al poder presidente y “reduce a niveles inadmisibles las posibilidades de deliberación (…)”.
Como lo indicamos desde que se expidió el Acto Legislativo, sus disposiciones reducían al Congreso a ser un notario en el proceso de implementación de los acuerdos e implicaban la renuncia a sus funciones esenciales y al mandato popular de la elección.
La decisión de la Corte devuelve sus competencias y su dignidad al Congreso como máximo órgano de deliberación democrática, en el que se deben discutir y definir, con garantías para todos, los temas más trascendentales para la sociedad, a lo cual no puede escapar la implementación de los acuerdos. Según la misma Corte, en la sentencia del plebiscito, el acuerdo con las Farc es una política pública del gobierno que solo lo vincula a él y no a las demás ramas del poder público, las cuales necesariamente mantienen el pleno ejercicio de sus competencias.
El “compromiso ético” de cumplirle a las Farc, según el Dr. De La Calle, negociador– candidato (quien también fue constituyente del 91), no puede pasar por encima de la Constitución ni de la democracia colombiana. Es una buena noticia para el país que la Corte cumpla con su deber de defender la Constitución y las instituciones, y haya restituido el principio de separación y equilibrio de poderes, al devolverle al Congreso las competencias a las que había renunciado y al quitarle al presidente parte de los poderes que se atribuyó.
Al país no se le puede seguir manipulando a punta de miedo. Los acuerdos con las Farc no se incumplen por el pronunciamiento de la Corte. Las Farc deben entender con esta decisión, y se le debe recordar al Gobierno que en una democracia las autoridades tienen competencias que se ejercen de conformidad con la Constitución y con la Ley, que deben respetarse sus decisiones y que todos debemos someternos a las reglas que aceptamos al hacer parte de un Estado unitario y soberano.
No es buen precedente el anuncio unánime de ayer de los congresistas santistas que van a desconocer el fallo de la Corte. ¿ Por qué el temor a que el Congreso y la Corte cumplan con las funciones constitucionales que se les confiaron?
Dr. De la Calle, lo que es ético es cumplirles a los colombianos en la defensa de las instituciones y en la garantía de que las generaciones futuras tengan más y mejor democracia y no un remedo democrático bajo el dominio de las Farc y sus aliados del populismo.
La implementación del acuerdo no se puede continuar a punta de pupitrazos en el Congreso y la Corte distanciándonos cada día más de una democracia desarrollada y moderna y acercándonos más al manejo tropical del Estado propio del modelo de los años 50 que tanto admiran los del Socialismo del Siglo XXI