EDITORIAL

“Los disturbios dentro y fuera del Estadio Pascual Guerrero, en Cali, ratificaron la inseguridad que ronda al público futbolero y las áreas aledañas. Urge que Gobierno y Dimayor tomen medidas”.

Clásico del terror, batalla que pudo terminar en tragedia, fútbol tomado por los vándalos. Así encabezó sus titulares la prensa del Valle del Cauca después de la tardenoche plagada de violencia que protagonizaron el miércoles las barras del Deportivo Cali y del Club América. Invadieron la cancha, derribaron las bardas, dañaron mobiliario público y privado e incluso dispararon armas de fuego.

La dirigencia del fútbol de Colombia y los gobiernos Nacional, departamentales y municipales deben darles el pitazo final, sacarles tarjeta roja, a estos actos de vandalismo, que no solo ponen en riesgo a los amantes del balompié sino al conjunto de los ciudadanos que transitan o habitan los alrededores de los principales estadios del país.

Es una situación gravísima de inseguridad que se ratifica mes a mes en las capitales colombianas: agresiones de los seguidores de Junior, de Millonarios, de Santa Fe, de Nacional, de Medellín, de Tolima, de Once Caldas, de América, del Cali... No se salvan, en ocasiones, ni las plazas de los clubes medianos y pequeños.

Tenemos el ejemplo directo de Medellín, donde una inversión que ronda los $6.000 mi- llones en tecnología y un trabajo pedagógico permanente de las autoridades y los líderes de las barras han logrado reducir los incidentes, pero que aún afrontan notorias debilidades y limitaciones y la testarudez de algunos fanáticos que hasta hace muy poco se trenzaron en combates en las tribunas.

Este problema, recurrente y que siempre amenaza con causar tragedias por las estampi- das humanas que desata y porque en medio quedan menores y familias, exige una postura vertical, firme. Nuestra dirigencia, como se dice en el argot futbolístico, no puede pasar por “pechifría” ante semejante problema social brincando y gritando cada fecha.

Colombia tiene una legislación reciente, pero poco aplicada y a la que le faltan dientes. En las últimas reuniones de la Dimayor se decidió crear una comisión, integrada por diez clubes, que estudie el Informe Taylor (plan oficial contra la violencia de los hooligans en el fútbol inglés) y que analice posibles castigos a los equipos que tengan algún nivel de responsabilidad en actos de vandalismo de sus hinchas. Es urgente.

La malformación y la degeneración del comportamiento de barristas y barras bravas, aunque suene a tautología, deben empezar a recibir castigos ejemplares. El principal, la expulsión de los estadios de aquellos que sean identificados como un peligro para el espectáculo y la sociedad.

Tienen razón quienes cuestionan que hay enormes limitaciones económicas, policiales y culturales para aplicar en nuestro medio las medidas concebidas en Inglaterra, por demás cuna del fútbol. Pero sí es posible extraer lecciones y aspectos del modelo que, adaptados a nuestro medio, garanticen tranquilidad y seguridad al campeonato colombiano.

Esta violencia desbordada que ha llevado al alcalde de Cali, Maurice Armitage, a considerar la posibilidad de prohibir el torneo de fútbol profesional, no puede afectar ni infectar más a la sociedad colombiana. Ni mucho menos ser el ejemplo que reciban los niños y adolescentes que concurran a los estadios.

Igual a la solidaridad y respaldo manifestados en su momento para las medidas fuertes en Medellín, hay que apoyar a Cali y al resto del país: al estadio se va a ver fútbol en una fiesta en paz. Para todo lo demás, que atente contra la vida, los bienes y la seguridad de los ciudadanos, están la Ley y los calabozos