23 años de revocatorias sin éxito
¿Esta vía es una herramienta para la democracia o un arma para buscar revanchas políticas?
Desde 1994 Colombia tiene un mecanismo de revocar por votos a sus mandatarios elegidos de la misma manera. Sin embargo, a la fecha ninguno ha podido estrenar la “guillotina”. Ni siquiera en este 2017, un año en que los procesos de revocatoria se dispararon en un 420% en comparación al promedio anual de estas iniciativas.
En los últimos cinco meses, 110 movimientos han emprendido cruzadas particulares en sus municipios para sacar de sus cargos a los alcaldes elegidos hace poco menos de dos años.
De ellos, solo dos han logrado cumplir todos los requisitos de la ley y han llegado a las urnas: El Copey (César) y Ocaña (Norte de Santander), pero el empeño se hundió en la orilla y los alcaldes continúan al frente del “barco”.
Son cifras altísimas, según la Misión de Observación Electoral, pues desde que existe esta vía hasta la fecha, se presentaron 269 iniciativas, de las que solo llegó el 18 % a las urnas, todas sin éxito.
Para poder entender esta ley, hay que tener en cuenta que solo se permite emplearla un año antes o después de elecciones, aunque nació en 1994, solo se ha podido utilizar en años distintos que sumados suman 10 (ver gráfico).
Una diferencia tan abismal en el caso de 2017 se puede explicar de dos formas, una consecuencia de la otra:
Lo primero es que los oponentes políticos derrotados en elecciones empezaron a utilizar estos procesos para mantenerse vivos en el radar del electorado, mostrarle los dientes al que está en el poder y consolidar nuevos liderazgos en futuras elecciones.
Y lo segundo es que para revocar se exigen unas votaciones mínimas que dependen de la cantidad de personas que hayan llegado a las urnas en elecciones pasadas. Entonces como la abstención en 2015 fue de 40,6%, la cantidad de votos que se requieren para “tumbar” funcionarios es baja (ver recuadro).
El tema ha generado un debate nacional frente al control a las revocatorias por vías populares y cómo debe hacerse. Vale anotar que la ley pone dos condiciones: que haya incumplimiento del mandatario o un descontento generalizado, pero hoy no existen mecanismos que permitan de forma ágil medir ambos puntos.
“Esta es una vía de participación, que tiene todo menos de participación porque la controlan los políticos derrotados, como una forma de presionar al ganador”, explicó Gerardo Martínez, doctor en ciencias políticas y experto en temas electorales.
A su juicio, volver “arma política” las revocatorias es un paso más para desprestigiar el valor del voto en Colombia.
“Se empieza a abusar de la convocatoria a las urnas y eso deriva en un cansancio de los electores, que ya lo tenemos, y en una falta de legitimidad. Así pasó en Venezuela, que convocaban elecciones a cada rato y mire como terminó”, argumentó.
Sin embargo, esta tesis no es razón suficiente para que el Estado le ponga un filtro, según Martínez, pues considera que la única manera de probar la insatisfacción de la gente es paradójicamente acudir a las urnas, “pero va a llegar el momento en que nadie quiera hacerlo si la seguimos usando para fines de venganza política”.
Fuerzas enfrentadas
Si debe existir o no un filtro frente a las iniciativas de revocatoria ha generado un debate acalorado entre quienes están a favor y los que no.
En este momento, la papa caliente es la revocatoria del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. El Consejo Nacional Electoral, CNE, quedó a cargo de analizar si las razones esgrimidas por los promotores son veraces y dan para sacarlo del cargo.
El magistrado de este tribunal Felipe García Echeverri, aseguró que en este órgano tienen en marcha un proyecto que busca reglamentar los dos aspectos que permiten convocar una revocatoria (incumplimiento e insatisfacción) que a su vez, crearía una especie de comité de defensa de los mandatarios.
“El CNE examinará caso por caso y sacará una resolución este año para verificar que en todos se cumpla con el principio del debido proceso, que debe imperar en esos actos”, dijo.
En su concepción, este debate tiene un punto de vista académico y otro práctico que debe entrar a considerarse.
“Los alcances de la ley deben seguir siendo objeto de discusión, pero en lo práctico, hay que ver si está cumpliendo los propósitos para los que fue creada o hay que hacerle cambios”, agregó.
En últimos días, al CNE lle- gó una recomendación de la Procuraduría en la que pide analizar en qué casos de revocatoria, esta se basa en faltas disciplinarias o acusaciones de corrupción al mandatario, que son competencia de entes de control como la misma Procuraduría o la Fiscalía.
El peligro de dictar reglas ahora, es que si no se usan criterios claros y técnicos, todo puede terminar en una pelea de demanda contra demanda.
Así lo recalcó Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, que sostuvo que a pesar que sí se necesitan reglas de juego claras, hoy no existe ninguna entidad que entregue indicadores exactos y ágiles de la gestión de 1.122 alcaldías que tiene el país.
A pesar de todo, los tiempos pueden no ajustarse a los números.
Hagamos cuentas: las iniciativas de revocatoria pueden empezar al año de mandato, pero para que el gobernante inicie realmente su gestión, debe tener aprobado un Plan de Desarrollo. Cuando Concejo y Alcalde son de distintas orillas, este plan suele enredarse o caerse.
Además, si las cuentas de la administración saliente no quedaron claras como el agua, los planes no empiezan a ejecutarse sino hasta después de meses de ajustes.
Así las cosas, cuando los comités salen en busca de firmas, en la práctica, el gobernante solo lleva un par de meses al mando del “barco”.
Jugando con el bolsillo
Tantas amenazas de revocatoria juegan con los nervios del bolsillo estatal, pues poner a mover la maquinaria de la Registraduría tiene costos altos.
Si hubiesen prosperado la 107 convocatorias para revocar alcaldes en este año, la organización electoral de esos comicios le costaría al ente unos 98.388 millones de pesos.
Así lo recalcó el registrador nacional Juan Carlos Galindo quien anotó que si todos estos casos hubieran concluido con la salida del mandatario apuntado, se habrían sumado otros 100.848 millones más a la
“Una revocatoria no puede sustentarse en función de criterios que no sean técnicos”. FELIPE GARCÍA ECHEVERRI Magistrado del CNE
cuenta para pagar nuevas elecciones en cada caso.
Serían entonces unos 200.000 millones en la cuenta de la Registraduría. Para ponerlo en contexto, esta misma cifra fue la que le aprobó el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, a Colombia para crear un fondo para el posconflicto durante tres años.
“Esos recursos no los tenemos y habría que solicitarlos al Ministerio de Hacienda”, resaltó el funcionario.
Entonces, en promedio, la entidad calcula entre los 70 millones de pesos y 45.000 millones el costo de realizar una revocatoria en Colombia, dependiendo, por supuesto, del tamaño del municipio donde se impulse.
A contracorriente
El último intento de revocatoria data del pasado 21 de mayo en Ocaña, Norte de Santander, y no prosperó porque no hubo suficientes votos. Según el dato de la Registraduría, solo llegó a las urnas el 21,52% del censo electoral del municipio.
Dinael Rodríguez Martínez, principal promotor de la revocatoria en este municipio, admite que sus motivos para sacar a la alcaldesa no está sustentado en el Plan de Desarrollo ni en sus indicadores, sino en una insatisfacción general.
Vale anotar que la mandataria Miriam Prado ha sido duramente cuestionada por las investigaciones que tiene en su contra por presuntas irregularidades en la contratación de la alcaldía.
Para Rodríguez, la causa de la derrota es la misma que ha impedido que cualquier revocatoria triunfe en el país: “Es difícil nadar contra la corriente. Antes de la votación, dijeron que no había jornada y ese día restringieron la movilidad”, y concluyó que “No es fácil vencer un alcalde en ejercicio. Ellos tienen el poder”