LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ACUERDOS CON LAS FARC

A la hora de debatir lo acordado en La Habana, el país se ha centrado en la disputa política sobre la conveniencia o no de los acuerdos, discutiendo profusamente asuntos como la justicia transicional y la participación política de los miembros de las Farc. Igualmente, se han escrito miles de líneas deliberando sobre el conjunto de normas jurídicas que permitirán implementar los acuerdos, haciendo creer a muchos que el problema está en los asuntos técnicojurídicos. En cambio, poco se ha dicho sobre cómo hacer viable lo acordado, cómo evitar los problemas típicos de la gestión pública colombiana (la debilidad del Estado y la corrupción), y cómo gestionar tantas promesas para que no se conviertan en frustraciones. Esto es sintomático de la manera como afrontamos los problemas en este país, mucha política, muchas normas y abogados, y poca, muy poca, discusión sobre la gestión pública.

Lo interesante es que ahora, cuando las metas más sencillas del acuerdo se empiezan a incumplir por la lentitud en la construcción de las zonas veredales, aparecen visiones politizadas que en un extremo imaginan conspiraciones políticas que quieren frenar los acuerdos; o en el otro, pretenden hacer ver estos fracasos tempranos como la constatación de que nada es viable. Para salir de estos lugares comunes, lo primero es quizás aclarar el lenguaje. Se habla mucho de la implementación de los acuerdos, pero poco se diferencia el aprestamiento jurídico en el Congreso de la República y el alista- miento normativo del ejecutivo, de lo que sería la fase posparlamentaria. Esta última, que es propiamente la de la implementación, se refiere a los aspectos organizacionales y de gestión asociados a la puesta en marcha de los propósitos fijados en los acuerdos.

Sobre estos asuntos de la implementación, realmente habría mucho por decir. Los acuerdos de La Habana, según cálculos propios, involucran alrededor de 23 macroplanes, desagregados en una infinidad de pequeños y grandes proyectos; 25 nuevas organizaciones o instancias; y la reforma a muchas otras (al menos otras 20), como el Consejo Nacional Electoral, el sistema de Catastro, etc. Además, se plantea la creación de múltiples instancias de consulta y participación. Todo esto crea una compleja matriz de actores y proyectos. Además, hoy existen múltiples coordinadores como la Vicepresidencia de Naranjo, la Consejería Presidencial para el Posconflicto de Pardo, el Comisionado de Paz (Jaramillo) y una comisión que el mismo acuerdo planteó (la CSIVI). Todos estos mecanismos son débiles en términos de equipos de trabajo y no tienen presencia significativa en territorio. En resumen, tanta complejidad, en el marco de una coordinación fragmentada y sin capacidades territoriales, es definitivamente un asunto problemático. La discusión debe comenzar