EDITORIAL
Las cifras confirman que Colombia acumula el mayor número de desplazados del mundo. Supera a Siria, Sudán e Irak. Perviven actores y factores de violencia que aún destierran a familias y pueblos.
“Las cifras confirman que Colombia acumula el mayor número de desplazados del mundo. Supera a Siria, Sudán e Irak. Perviven actores y factores de violencia que aún destierran a familias y pueblos”.
Colombia no deja de ser el país con el mayor número desplazados internos del planeta. La firma del acuerdo para finalizar el conflicto con las Farc apenas atenuó algunas de las causas que obligan a familias y comunidades a abandonar sus pertenencias y sus lugares de habitación y trabajo. Actores y factores de violencia como la guerrilla del Eln, las bandas criminales, el narcotráfico y grupos oscuros de despojadores mantienen activas dinámicas de presión que convierten en objetivo estratégico a la población civil y sus territorios.
Las cifras del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (Idmc) y del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), confirman 7 millones 246 mil desplazados en la suma histórica de nuestro país. En el mundo, en 2016, hubo 6,9 millones más de víctimas de este fenómeno, por causa de conflictos armados.
En el ranquin de los cinco países más afectados nos siguen Siria (6,3 millones), Sudán (3,3 millones), Irak (3 millones) y República Democrática del Congo (2,2 millones). Es decir, ocupamos un puesto tan indeseado como revelador de la falta de seguridad y garantías para los ciudadanos.
Las revelaciones del informe señalan que las más afectadas son las comunidades afros e indígenas, que suman el 74 por ciento del total de los desplazados internos. Y que son los grandes centros urbanos (Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín) los receptores de este éxodo obligado. El 80 por ciento está bajo la línea de pobreza y el 35 por ciento sufre situación de pobreza extrema.
Aunque la Corte Constitucional ha emitido doctrinas claras y exigentes para que el Estado proteja y garantice derechos a la población, la realidad del destierro sigue siendo penosa y creciente, aunque en tasas más bajas que las de los peores años del conflicto armado, lo cual no significa que sea un problema menor.
Y no es menor porque en 2017, por ejemplo, los despla- zamientos continúan en departamentos como Chocó, Putumayo y Nariño y también en poblados de Norte de Santander, Caquetá y Cauca. Allí las bandas criminales mantienen disputas entre sí o con facciones del Eln, que en muchos casos se pelean los territorios abandonados por las Farc, lo cual deja en medio del fuego cruzado a los civiles.
Esta información pone so- bre la mesa la ejecución del acuerdo de víctimas y la necesidad de que los afectados retornen a sus parcelas y localidades, con lo que ello implica en la revisión juiciosa e imparcial de los certificados de tradición y los títulos de propiedad por parte de las autoridades respectivas.
El desplazamiento forzado ha provocado el empobrecimiento y desarraigo de millones de colombianos que requieren estrategias de largo plazo, pero de ejecución pronta, para su reinserción al circuito social y económico y la reparación de lazos de identidad territorial y cultural, muchos desechos y en el olvido.
Otro factor creciente de desplazamiento en el futuro, según el Idmc y el NRC, serán los desastres naturales provocados por el cambio climático. Deslizamientos, inundaciones y sequías que cada vez más obligan a las comunidades a moverse en busca de refugio, alimentos o áreas de habitación y producción. Colombia, por supuesto, se encuentra en ese grupo de riesgo.
Pero es el conflicto armado, por su permanencia, el que obliga a tomar medidas para impedir que el país siga figurando en ese lugar y en ese listado, tan deshonrosos