34 decretos para acelerar el acuerdo
Santos firmó 34 decretos para implementar lo pactado con las Farc. ¿Fue una decisión imprudente?
Con sus facultades especiales a punto de expirar, el presidente Santos firmó un paquete completo de medidas para instalar a las Farc en la vida civil. ¿Se aceleró el mandatario?
“Vamos a sacar adelante la paz para beneficio de nuestros hijos. Vamos a cumplir lo acordado”. JUAN MANUEL SANTOS Presidente
Faltando horas para que se le terminaran sus facultades especiales, el presidente, Juan Manuel Santos, apretó el acelerador a fondo y firmó 34 decretos con fuerza de ley, destinados a implementar lo acordado para el tránsito de las Farc a la vida civil y política.
Dentro de este paquete se destacan cambios sustanciales para la Fiscalía con miras al posconflicto, garantías para la participación en política de la guerrilla, acceso al fondo de tierras para las víctimas, suspensión de órdenes de captura de algunos guerrilleros y el mecanismo para que las Farc hagan un inventario de sus bienes. En términos generales, se trata de la maquinaria que garantizaría que los guerrilleros logren dar sus primeros pasos en la vida civil.
“Vamos a cumplir lo acordado. Los invito a atender el llamado de la reconciliación”, expresó el presidente, al sustentar lo que firmó.
Sin embargo, para el politólogo y exasesor de la Oficina de Paz de la Presidencia de la República, Rubén Sánchez, “da la impresión que el presidente decidió firmar a toda marcha y, eso, en el clima político del país que está demasiado polarizado, puede ser un arma de doble filo”. Es de anotar que Santos firmó cerca de 20 decretos en un solo día.
El experto aseveró que con los últimos actos, el mandatario estaría intentando presionar para que se acelere la implementación de Acuerdo.
“Hay un retraso muy grande en el calendario general”, consideró Sánchez, “está atropellando los plazos un poquito, especialmente después del fallo de la Corte frente a la influencia del Congreso en la aprobación de artículos”.
Estos son algunos de los puntos en los que se centrará el debate en próximos días:
Beneficios para las Farc
Uno de los decretos genera la asignación de un beneficio económico que se otorga a cada uno de los integrantes de las Farc una vez finalizadas las Zonas Veredales Transitorias de Normalización.
“Este beneficio tiene como objeto principal la estabilización y la reincorporación a la vida”, dice el documento.
Consiste en dos millones de pesos que se entregan a los guerrilleros solo una vez al comienzo de su reincorporación. A eso se suma una renta básica, durante dos años, del 90 % del salario mínimo mensual legal vigente (hoy $663.945) para los cerca de 7.000 excombatientes.
Por otra parte, se ejecutarán anualmente programas de formación, capacitación y de desarrollo con enfoque territorial para quienes salgan de la vida armada. A eso se le suma una inversión cercana a los 54.000 millones de pesos para proyectos productivos.
Asimismo, otros dos decretos contemplan modificaciones en instituciones como la Agencia Colombiana para la Reintegración y el Instituto de Bienestar Familiar para ajustarse al acuerdo.
Cambios en la justicia
La Fiscalía General de la Nación cambiará para ajustarse a las metas del Acuerdo de paz. Uno de los decretos firmados por Santos creará la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales, que atenten contra defensores de derechos humanos.
Por otra parte, se creará el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política con el que se darán garantías para quienes salgan de las Farc y decidan hacer parte del mundo de la política.
Distintas instituciones se crearán, de acuerdo con la decisión presidencial como el Consejo Nacional de Reincorporación y la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad.
Tenencia de tierras
También está en los decretos, que las Farc tendrán que elaborar un inventario definitivo de sus bienes y activos. Cuando lo tengan listo, este será entregado a la Misión de las Naciones Unidas y al Mecanismo de Monitoreo y Verificación, quienes deberán pasarlo al Gobierno, que los destinará para la reparación de las víctimas del conflicto.
No obstante, para el politólogo Rubén Sánchez, no queda claro en ninguno de los decretos cómo se hará la verificación que impida que las Farc oculten bienes a través de estrategias como el testaferrato.
En paralelo, queda lista la creación del Fondo Nacional de Tierras, que estará conformado por terrenos baldíos, de extinción de dominio -cuando estén vinculados a la ejecución de delitos de narcotráfico- y otros que se puedan comprar. Este fondo tendrá como prioridad devolverle la tierra a campesinos y asociaciones de productores rurales, que no tengan o les falten predios.
Los cálculos originales del Gobierno hablan de una distribución de 3 millones de hectáreas para unas 800.000 víctimas.
Decretos trabados
Es de anotar que la Corte Constitucional hará su trabajo y revisará jurídicamente el paquete firmado por Santos.
Como antecedente queda que ya ha tumbado decretos, como el que dejaba a la Agencia para la Renovación del Territorio en control de la Presidencia. Así como otro que permitía la contratación directa de erradicadores de cultivos ilícitos por parte de la Policía.
También la Corte ha condicionado otros temas, como la creación de la Comisión Nacional de Garantías ( para desmantelar organizaciones que atenten contra defensores de derechos humanos) y el decreto que destina saldos del Fondo Nacional de Regalías que no están comprometidos para la implementación del Acuerdo.
¿Cuánto costaría?
Aunque el Gobierno Nacional no ha dado cifras de cuánto podría costar la ejecución de estos decretos, Alfredo Ramos Maya, senador del Centro Democrático y opositor del proceso, anticipó que este paquete de medidas le costará al país unos 208.000 millones de pesos durante los dos primeros años