SALUD El carrusel de deudas de la salud
Las empresas promotoras de salud (EPS) y los prestadores de servicios (IPS) están apretados por cuenta de una cuantiosa deuda de $10 billones, de la que solo se reconocen $5 billones.
Cinco billones de pesos es tanta plata, que en manos de una persona le darían para estar en la lista de los cinco hombres más ricos de Colombia. Tal suma equivale a una década de recaudos del Impuesto Predial de la capital antioqueña y a 53 veces lo que paga en un año el Municipio de Medellín a sus pensionados. Así de grande es la brecha que hay entre el monto de una deuda vencida que reclaman los prestadores de servicios de salud del país y lo que están dispuestos a pagarles sus acreedores.
En plata blanca, el lío es así: quienes ya atendieron a beneficiarios del sistema de salud pública exigen el pago de 10 billones 653.801 millones de pesos, por facturas que llegan a tener más de 720 días de vencidas.
Sin embargo, los llamados a saldar esas obligaciones apenas reconocen 5 billones 596.742 millones de pesos. De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Salud, eso significa que de cada 100 pesos los deudores cancelarían 52 pesos con 53 centavos.
La diferencia más abismal enfrenta a las Empresas Promotoras de Salud (EPS) del régimen contributivo y a las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), donde están las clínicas y hospitales. Las EPS afirman que les deben a las IPS 3,3 billones de pesos. Y las IPS dicen que no, que la cuenta real es de 7,1 billones de pesos (ver infográfico).
El Minsalud tomó las facturas de las IPS, las comparó con las reportadas por las EPS y entes territoriales y tomó el menor valor que coincide. Con ese método tasó las deudas en 4,9 billones de pesos, dejando en el limbo más de 5 billones de pesos.
La controversia es vieja. Y subsiste, a pesar de que en 2007 el Minsalud expidió el Decreto 4747 que fijó el mecanismo de pago de los servicios de salud. Según la entidad, clarificar las cuentas ha sido difícil, debido al manejo de la información financiera por parte de los responsables del pago y de los prestadores de servicios.
Yo te debo y a mí me deben
Según Jaime Arias Ramírez, presidente de Acemi -gremio de empresas de medicina prepagada, EPS y ambulancias prepagadas- desde hace unos siete años se está en un círculo de deudas: “lo que no pagó el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) es lo que las EPS no han podido cancelarles a las IPS”.
El también exministro de Salud destaca que, a ciencia cierta, nadie sabe a cuánto ascienden esas deudas, que no han prosperado los esfuerzos para conciliar el monto de las obligaciones y que la discusión se está perpetuando. Entre otras razo-
nes, porque siguen los recobros al Fosyga por servicios que están fuera de los planes de beneficios. Y porque cuando se investigan pagos de las EPS del régimen subsidiado a las IPS “se encuentra que muchas veces estas últimas no descargan la obligación”. En opinión de Arias Ramírez, el problema les ha salido caro a las EPS, que en los últimos 10 años se han descapitalizado en 7 billones de pesos.
Como solución, Acemi pide acabar con el “fatal” No POS y tener un solo Plan Obligatorio de Salud, y que la UPC, o Unidad de Pago por Capitación (lo que el Estado les da a las EPS por cada afiliado) sea suficiente para cubrir lo que cuesta el servicio.
Acemi dice que, a mayo de 2017, fluían bien los dineros de la salud pública, pero duda que siga así en septiembre, debido al agotamiento de los excedentes financieros del Fosyga, algo que reveló este diario el 18 de mayo.
“El ministro ha hecho esfuerzos para buscar retazos de dinero y completar el flujo”, expresa Arias Ramírez, quien ve débil la capacidad de aguante de las finanzas públicas frente a los beneficios que se derivan de la Ley Estatutaria de la Salud. Para este año, Acemi prevé recortes en los giros de Minhacienda a la salud, un sector que según el gremio tiene un real faltante de 2 a 3 billones de pesos.
“Estamos ahogados”
Mauricio Tamayo Palacio, director de la Clínica Cardiovid, sostiene que hay un problema coyuntural por la cartera de servicios de salud, pero que todo el sistema padece un déficit estructural: “tenemos un plan ilimitado de salud, con recursos absolutamente limitados”.
Un ejemplo de los efectos negativos de ese nudo financiero lo da el grupo de 17 clínicas y hospitales antioqueños, la mayoría privados, agrupados en la Alianza 14+1. Ellos tienen 4.850 camas (80 por ciento de la oferta de la ciudad de Medellín), emplean directamente a 21.000 personas, les compran bienes y servicios a 1.000 proveedores y atienden en un año más de 550.000 pacientes en urgencias.
A 14+1 las EPS y entes territoriales les debían 1,2 billones de pesos en diciembre de 2014 y al 17 de abril de 2017 la suma iba en 1,9 billones de pesos. Cada vez les pagan más tarde: en 2014 los días de cartera eran 197 y ahora son 250 días.
La empresa que más les debe es Savia Salud, con 476.423 millones de pesos, seguida de Coomeva EPS, con 224.949 millones.
Los hospitales con mayores cuentas por cobrar son la IPS Universidad de Antioquia, con 434.337 millones de pesos y el San Vicente Fundación, con 340.415 millones de pesos.
Para Tamayo, “la situación es
caótica. Nos vemos ahogados, no hay recursos, la capacidad de endeudamiento de las clínicas y hospitales está copada”. Los pacientes también pagan los platos rotos. 14 + 1 afirma que como prácticamente nadie atiende a pacientes de, por ejemplo, Cafesalud y Savia Salud, las personas entran por urgencias y hacen colapsar estos servicios.
14+1 cree que todos los niveles de gobierno deben aportar a la solución del problema de las deudas. Y advierte que de una crisis financiera se podría pasar a una crisis social, si se llegan a cerrar clínicas y hospitales. Por lo pronto, para sobrevivir se comen los ahorros, paran inversiones y se endeudan con la banca.
Le echan mano a la nómina
“No se puede seguir gastando más de lo que se tiene”. La alerta es de Luis Alberto Martínez Saldarriaga, director de la Asociación de Empresas Sociales del Estado (Aesa), gremio para el que la crisis financiera de la salud también obedece a la corrupción, la informalidad y las fallas estatales en regulación y control.
Según su reporte, más de 1.000 hospitales del país tienen una cartera superior a los 7,2 billones de pesos. De esa suma, anota Aesa, las EPS del régimen subsidiado les adeudan 4,4 billones de pesos y las EPS del contributivo 1,3 billones de pesos.
Los departamentos les adeudan a los hospitales 456.000 millones de pesos, especialmente por medicamentos No Pos del régimen subsi- diado, mientras que municipios y distritos están colgados en 33.000 millones de pesos.
La situación de Antioquia luce igual de compleja. A 126 hospitales públicos de esta región les deben 954.000 millones de pesos. El problema se ha agravado con el paso del tiempo, porque en 2012 la deuda era de 529.418 millones de pesos.
En la actualidad, las obligaciones de las EPS del régimen subsidiado con los hospitales públicos de Antioquia suman 479.976 millones, mientras que la de las EPS del contributivo suman 225.000 millones de pesos.
En el contributivo el mayor deudor es Coomeva, con 75.000 millones de pesos y en el subsidiado lo es Savia Salud, con 270.000 millones.
“Cada hospital tiene demandas contra las EPS. Y desde la agremiación desarrollamos con las liquidadas una demanda al Estado, porque el Estado creó la normatividad, pero no vigiló su cumplimiento y por eso no se puede lavar las manos”, indica Martínez.
Aesa difiere de Acemi en cuanto al flujo de dinero de la salud en 2017. “La circulación del dinero está peor. El taxímetro no para. Tenemos más enfermos, más facturas y no nos pagan. La enfermedad no da espera. Las EPS, tratando de cumplir con los indicadores, han restringido la recepción de facturas y los pagos”.
Como evidencias, Martínez Saldarriaga precisa que de cada 100 pesos facturados por clínicas y hospitales, solo recaudan 64 pesos. El resto se va para la cartera. “Hay EPS que pagan a 240 días y los acuerdos de pago son un chiste”. Como ejemplo señala que en una conciliación una EPS puede aceptar pagar, por decir algo, 1.000 millones de pesos, pero a razón de 10 millones de pesos mensuales.
Aesa asegura que los problemas estallan de diversas maneras: el 90 por ciento de los hospitales públicos de Antioquia tiene deudas a más de 90 días con sus proveedores.
El 30 por ciento debe algo de nómina, o sea salarios, viáticos, vacaciones.
Aesa precisa que “tenemos más de 583.000 millones de pesos en pasivos con proveedores y talento humano. De nómina son 200.000 millones de pesos y el resto es con otros acreedores. Nos estamos apalancando en proveedores y el recurso humano. Es decir, se les deja de pagar a estos para poder funcionar”