Adictos cambian las penas por tratamiento
En Carisma se aplica una prueba con apoyo de EE. UU. a favor de los adolescentes incursos en delitos.
En Colombia, los adolescentes entre los 14 y los 18 años que cometen delitos son procesados por la Ley 1098 de 2006, conocida como Código de la Infancia y Adolescencia, que incluye para ellos el capítulo Sistema Especial de Responsabilidad Penal para Adolescentes, que los hace responsables de delitos, aunque las penas no son tan altas como para los adultos.
Según esta ley, los únicos que no son responsables penalmente en Colombia son los menores de 14 años, que cuando están incursos en delitos son acogidos por el ICBF para el restablecimiento de sus derechos.
Los adolescentes entre los 14 y los 18 son responsables por todos los delitos del Código Penal, que también castiga a los adultos, pero varía la forma de establecer las penas y el modo de ejecutarse.
“A los adolescentes entre los 14 y los 18 se les puede imponer sanciones, cambios de reglas de conducta, prestación de servicios a la comunidad, libertad asistida y privación de la libertad, pero esta última solo en casos de delitos graves”, explica Juan Carlos Álvarez, abogado y docente de Derecho de la universidad Eafit.
Las penas para este grupo van de 1 a 5 años en un lugar semicerrado o en un centro de atención especializado, pero cuando se está en el rango de los 16 a 18 años y se cometen delitos graves como homicidio doloso, secuestro, extorsión o que atenten contra la integridad personal y la libertad sexual, las penas van de 2 a 8 años y deben pagarse en un centro especializado sin beneficios adicionales.
En caso de que el joven cumpla la mayoría de edad en el centro especializado, debe seguir recluido allí hasta que finalice la pena y no ser llevado a centros penitenciarios, como Bellavista o El Pedregal.
Una oportunidad
La experiencia demuestra que pocas veces un joven se resocializa cuando acaba de cumplir su sanción bajo encierro, especialmente porque está detectado que prácticamente el total de adolescentes que cometen delitos, a la vez son consumidores de drogas y en los centros especializados no hay programas que combatan la adicción.
En Antioquia, según un informe de los ministerios de Justicia y Salud y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el 7,7% de la población declara haber consumido algún tipo de sustancia psicoactiva. El 11,3% de los adolescentes -rango en el que están los jóvenes de 14 a 18 años- declara haber consumido marihuana y la edad más común de inicio en el consumo de bazuco son los 14 años.
La diputada Ana Ligia Mora, que investiga el consumo de drogas en el departamento, observa con preocupación la cada vez más temprana adicción a las drogas, un problema asociado al microtráfico, que de las ciudades pasó a las zonas rurales.
“Esta problemática genera diversos tipos de violencia y gran preocupación, pues ha llegado a los colegios, donde cada vez se presenta más consumo en jóvenes y adolescentes, incluso se han detectado casos en niños de 8 años”.
Lo anterior motivó que el departamento fuera elegido por los ministerios de Justicia y de Salud, en asocio con la Embajada de Estados Unidos y la UNODC para la aplicación de un proyecto piloto que permitirá que los jóvenes entre los 14 y los 18 años incursos en delitos y sancionados con encierro conmuten sus penas por un proceso de rehabilitación de su adicción.
El lugar elegido es la IPS Carisma, el centro especializado de rehabilitación de los adictos al consumo de sustancias sicoactivas en Antioquia, al que se le reconoce su experiencia y su efectividad en los procesos de desintoxicación de pacientes.
Está ubicado en una colina de Belencito, en la comuna 13, un lugar con amplias zonas verdes, árboles frondosos y un mirador desde donde se observa todo el occidente de Medellín, que pocos pensarían que amasa las penas de cerca de 150 personas que luchan por dejar su adicción y cambiar de vida.
Hay de todo allí. Desde la niña de cara angelical, recién salida de la infancia, hasta el veterano con el rostro ajado, la piel
marcada por la vida en la calle y los ojos de tono amarillento, que evidencian dolor, angustias y años de consumo.
En grupos, guiados por terapeutas, unos pacientes discuten en un aula sobre diversas temáticas y otros descansan bocarriba, tendidos en la grama, de cara al cielo, buscando relajación.
“Uno acá encuentra esa paz que busca para salir de las drogas, pero lo hace es cuando entiende que ellas no lo llevan a nada bueno”, comenta Esteban, un jovencito de dieciséis años que cayó en el consumo desde los 12 por no hacerles caso a los consejos de sus padres y preferir estar en las esquinas con jíbaros y traficantes de armas de su barrio.
Lleva en Carisma más de 20 días, en los que ya ve el fruto de su lucha, de estar encerrado todo ese tiempo como paciente hospitalizado, pues son los mismos días que ajusta sin consumir bazuco y no siente la misma ansiedad de cuando ingresó. Cree que está saliendo de la oscuridad.
El proyecto
Y es allí donde se espera que el proyecto del Gobierno Nacional dé frutos, pues hace parte del nuevo enfoque para el tratamiento de las drogas en el país, incluido en los acuerdos de La Habana, que consideran la adicción una enfermedad antes que un delito. Carisma
no tiene que cambiar su modelo, solo aplicarlo a los jóvenes que delinquen.
El piloto modifica el modo en que los adolescentes pagan las penas: ya no lo harán bajo encierro sino que se someterán a tratamiento de su problema de adicción, esperando que se reintegren a la familia y a la sociedad y no sigan delinquiendo.
Como en Estados Unidos
Este proyecto empezó a marchar hace cinco meses, pero las instancias comprometidas han guardado hermetismo en la difusión de los pormenores y los objetivos.
Carlos Mario Rivera Escobar, gerente de Carisma, revela que la idea es aplicar en Colombia el
mismo principio de la justicia de Estados Unidos en el tratamiento de los jóvenes infractores de la ley, donde la adicción a las drogas se trata como un problema de salud y no como un delito.
El protocolo abarca los jóvenes entre los 14 y los 18 años incursos delitos de violencia intrafamiliar; fabricación, tráfico y consumo de drogas; y hurto en todas sus formas.
Otro factor es el mutuo acuerdo previo que debe haber entre el juez que impone la pena y al adolescente, que puede optar por preferir la reclusión. En todo caso, al salir de Carisma luego de cincuenta días de tratamiento, los jóvenes son sometidos a un seguimiento de dos años y deben asistir a citas ambulatorias programadas en un centro anexo de Carisma, donde se evalúa cómo va su proceso.
Voceros de la Asociación Nacional de Profesionales de Tribunales de Drogas ( NADCP, siglas en inglés) de Estados Unidos, que trabaja en el programa de responsabilidad penal de los adolescentes en ese país, admiten que no es adecuado imponerles compromisos complejos a muchachos que recién acaban de dejar su adicción sin haberse confrontado con la sociedad: su familia, sus amigos, el barrio, la esquina, porque esto puede llevar a que prefieran pagar la pena en prisión.
“En los últimos 30 años, los tribunales de drogas de Estados Unidos han creído más en las bases de la ciencia, en tratamiento de las conductas delictivas de los jóvenes y, cuando se hace así, la actividad criminal baja significativamente”, sostiene Doris Perdomo, terapeuta de la NADCP, que asesora a Carisma y las autoridades colombianas en la aplicación de este programa.
Su coterránea y compañera de la institución, Anne Caron, valora este modelo porque, a su juicio, aborda el problema de la delincuencia juvenil y la adicción a las drogas desde diferentes niveles, especialmente la salud, “y por eso este piloto que se inició en Colombia es benéfico para la familia, la comunidad y el país”.
El abogado Álvarez, de Eafit, señala que en España también se aplica este mismo sistema con mucho éxito.
“Conozco casos de varias provincias de ese país y es notable el impacto en la baja de tasas de reincidencia, no solo en consumo, sino en delitos asociados a la drogadicción”, expone el jurista y catedrático.
Proceso por etapas
Carisma fue elegida para este piloto nacional por su modelo de recuperación, que está definido para que en un promedio de 60 días una persona pueda dejar la adicción.
El proceso de recuperación opera por etapas: una primera en la que el paciente es sometido a tratamiento intrahospitalario por un mes. Sigue otra de hospitalización parcial, en la que los pacientes están en el lugar de lunes a viernes durante el día y se van a una residencia temporal, llamada Hogar San José, en el sector de La Floresta. Dura 20 días. Y la tercera es de seguimiento ambulatorio, en la que los pacientes regresan a su vida familiar, pero deben acudir a citas mensuales para ser evaluados por el personal médico que determina cómo avanza su proceso. Si se nota incumplimiento, el adolescente pierde el beneficio y el juez determinará que sea llevado a un centro de reclusión especializado.
En los acuerdos de La Habana entre el Gobierno y las Farc se estableció que desde el Ministerio de Salud se coordinará con otras entidades un Plan Nacional de Prevención y Atención al Consumo. Este se enfoca en el tratamiento y la reducción de los riesgos y daños producidos por el consumo de drogas ilícitas, con prioridad para niños y jóvenes consumidores.
El gerente Rivera recalca tiene Carisma registra un nivel de satisfacción del usuario del 92,8%. John Jairo Longas, operador que trabaja en los procesos de recuperación, expone que la clave de los buenos resultados
en Carisma es la motivación permanente de las personas para que entiendan que son seres importantes para la sociedad, la familia, el barrio, el trabajo o instituciones educativas.
“Acá les damos una motivación permanente en procesos de convivencia, conocimiento de las normas y fortalecimiento de sus capacidades desde lo educativo, la integración y la convivencia”, afirma.
El Fiscal Coordinador Jefe de la Unidad de Infancia y Adolescencia de la División de Responsabilidad Penal para Adolescentes de Medellín y el Área Metropolitana, Néstor Javier Rodríguez, señala que el modelo es compatible con la ley colombiana.
“El Fiscal General de la Nación ( Néstor Humberto Martínez), en la resolución 4155 de 21 de diciembre de 2016, fijó las directrices sobre el Principio de Oportunidad, que tiene entre sus variables la suspensión de la pena a adolescentes de acuerdo con los protocolos para tratamiento”.
Advierte que la Fiscalía hace seguimiento de cómo el adolescente va cumpliendo con los tratamientos y la rehabilitación pactada.
Carisma tiene una disponibilidad de 87 camas para hospitalización y 60 cupos día para los pacientes de la segunda etapa. En 2016, el número de egresos fue de 1.088 personas (916 hombres y 172 mujeres). En el mismo periodo fueron atendidas por consulta externa 7.599 personas adictas al consumo de alguna sustancia psicoactiva.
La diputada Ana Ligia Mora subraya que Carisma es una institución modelo en el tratamiento de las adicciones en el país y ve la aplicación de este piloto como un proceso de gran utilidad en la lucha contra el flagelo de la droga.
“Todo lo que se haga en este tema es valioso e importante, y hay que fortalecer todos los procesos, incluso el policivo y la atención en los hogares”, recalca
La infraestructura y resultados de Carisma fue el insumo básico para aplicar allí el proyecto tiene 5 pacientes en tratamiento y cupo para 30 jóvenes, 25 de los cuales están en espera de lograr acuerdos con los jueces para iniciar el proceso
“La voluntad es parte del tratamiento, pero no lo es todo. Se necesita un cambio de estilo y un proyecto de vida”. BEATRIZ MUÑOZ GIRALDO Terapeuta ocupacional de Carisma “En los municipios se han detectado niños hasta de seis años ya con algún grado de consumo de drogas, es una tragedia”. CARLOS MARIO RIVERA ESCOBAR Gerente de Carisma