Bienes de las Farc, ¿para quiénes?
El decreto ley que regula el fondo fiduciario que administrará los “bienes de las Farc” contiene grandes despropósitos.
De los acuerdos de paz suscritos por el Gobierno Nacional con las Farc, uno de los puntos que menos credibilidad tiene entre la población es aquel que dice que esa guerrilla se compromete a reparar a las víctimas de sus acciones criminales, y que para ello destinarán los bienes y rentas en su poder, acumulados tras décadas de extracción ilegal de recursos a personas y empresas.
Según la encuesta Gallup del pasado mes de mayo, hay dos asuntos que generan especial desconfianza entre la opinión pública: que con los acuerdos de paz se vaya a terminar el narcotráfico (85 % cree que no se va a acabar), y que las víctimas vayan a ser reparadas ( 78,4 % cree que no lo serán).
Además, están las previsiones según las cuales siempre será el Estado el responsable último de reparar económicamente a las víctimas del conflicto armado. Para hablar en términos económicos, con esto el incentivo para que los cabecillas de los frentes entreguen los bienes son escasos. Sin contar, además, que el paso de los meses propicia que estos activos ilícitos sean traspasados a otros titulares.
Y por eso es tan importante que el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, además de insistir en declaraciones públicas sobre las obligaciones a cargo de las Farc para reportar y entregar todo su patrimonio ilícito, pase de las declaraciones a las actuaciones judiciales. Declaraciones de anteriores fiscales también las ha escuchado el país. Pero los mis- mos fiscales reconocen que expedientes e investigaciones avanzadas hay muy pocas.
Ojalá sea cierto, como lo anunció en reciente entrevista, que la Fiscalía tenga ya en su poder un inventario avanzado sobre esta riqueza acumulada por las Farc. Afirma el fiscal Martínez Neira que “estamos hablando de billones de pesos”, y que tienen identificados a testaferros “con sus nombres propios y cédulas”.
Pero el mismo nivel de importancia que tiene la acción judicial e investigativa de la Fiscalía, tiene la gravedad de la denuncia que hizo sobre el destino de los bienes que las mismas Farc deberán declarar.
En efecto, el presidente de la República emitió, en el último día de plazo legal, el decreto ley 903 de 2017, que define la forma como las Farc deberán presentar el inventario de sus bienes y, lo más importante, su administración y destinación.
El articulado define que ese patrimonio irá a un fondo fiduciario, con destino a la reparación de las víctimas, “y a la implementación de los programas contemplados en el punto 3.2.2. del Acuerdo Final”. Es decir, los fondos financiarían el “centro de pensamiento y formación de dirigentes” de las Farc y los llamados “Ecomún”, para su reincorporación económica ( página 72 y siguientes del Acuerdo Final).
Tal despropósito llevó a que ayer el mismo Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, reconociera que este decreto es “una chambonada” (entrevista en Blu Radio), pero agregando que “hay suficientes salvaguardas para asegurar que eso no va a pasar”. No es tan sencillo: se trata de la fuerza de un decreto ley.
A las falencias de credibilidad en la reparación económica por parte de las Farc, solo les faltaba este error descomunal que deja mucho qué pensar sobre eventuales acuerdos secretos que el país solo viene a enterarse cuando salen publicados como hechos consumados en el Diario Oficial