Falta de claridad alienta las consultas antimineras
Concentración de decisiones en Bogotá propicia descontento en comunidades mineras o petroleras, asegura oenegé Dejusticia.
La creciente concentración de la toma de decisiones en materia de energía desde Bogotá es la raíz de los problemas generados por un aumento en el número de iniciativas de consultas populares en el país.
Así lo afirmó la coordinadora de la línea ambiental del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), Diana Rodríguez.
“Los municipios entendieron que había un mecanismo institucional que no requería el uso de la violencia ni la protesta, para participar de las decisiones que los afectan en su territorio. Infortunadamente el Gobierno lo que ha hecho es centralizar cada vez más la toma de decisiones en este campo, sin considerar a los ciudadanos”, señaló la investigadora.
Ante el panorama de consultas populares, al que se sumó la semana pasada Jericó, que le dijo no a la explotación de minería metálica por parte de AngloGold Ashanti, ese organismo sugiere: que la Agencia Nacional de Minería (ANM) o la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) establezcan cuáles son las áreas estratégicas ricas en minerales y petróleo donde deberían ofrecer títulos, para contrastarlas con las zonas donde se prohibe la minería y luego dialogar con las autoridades municipales para que puedan opinar.
“Con esto garantizamos la seguridad jurídica para los inversionistas, porque ya salen a ofertar cuando se concilió, y no hay entonces necesidad de consultas populares”, comentó Rodríguez, pues en muchas ocasiones el Gobierno otorga los títulos mineros al primero que llega en el tiempo con una oferta.
Una segunda propuesta, tras concertar con gobernadores y alcaldes en zonas productoras, es que se adopte una agenda y compromisos que permitan a estas regiones volver a contar con recursos que compensen la presencia de la actividad minero-energética, “sin tratar de volver al anterior régimen de regalías ”, aclaró el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), Francisco Lloreda