El costo político por Bajirá
Las mayorías del Partido Conservador en Antioquia dicen haber salido de la Unidad Nacional, en el liberalismo hay molestia y La U respalda a Santos.
Si bien el caso de Belén de Bajirá, en teoría, es jurídico, el costo político para el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos en Antioquia es alto. Podría trasladarse al plano electoral en 2018 y hasta afectar la implementación del Acuerdo de paz con las Farc en el Congreso.
Por primera vez en siete años, toda la bancada antioqueña, la segunda más grande del país (28 congresistas), se manifestó en contra del Gobierno. Ocurrió la semana pasada, cuando el Igac publicó el mapa que deja el territorio disputado en el Chocó.
Pero ahí no quedó todo. Aunque la propuesta no tuvo respaldo de las mayorías, dos representantes, Horacio Gallón (PC) y Santiago Valencia (CD), promueven un paro legislativo en todos los proyectos de ley que sean de iniciativa gubernamental.
A la oposición general de la bancada del CD, que también respalda al gobernador Luis Pérez en su reclamo, se suma ahora el malestar en el resto de dirigentes paisas, que podría traducirse en menos votos para la agenda legislativa del Gobierno, especialmente en lo relacionado con la implementación del Acuerdo.
‘Azules’ se distancian
De los tres representantes conservadores, dos dijeron que están por fuera de la coalición hace tiempo y el tercero se retiró por decisión del Igac.
Nicolás Albeiro Echeverri (PC) fue el primero en anunciar su retiro de la coalición, aunque aclaró que no está en paro legislativo y que seguirá defendiendo los intereses de la región. “Me aparté de la Unidad Nacional y me subrogo el derecho de votar lo que crea que le conviene al país”.
Según el representante Germán Blanco (PC), la Unidad Nacional no existe hace tiempo y el Gobierno acabó con la poca confianza que le quedaba en Antioquia porque, actuó en contra del derecho, el Congreso, la Gobernación y el clamor de los habitantes de esos corregimientos, de permanecer en el departamento de Antioquia.
El representante Horacio Gallón (PC) dijo que Bajirá nunca ha pertenecido al Chocó y que él hace rato no pertenece a la Unidad Nacional. Prueba de ello es que no votó el aumento del IVA, el fast track, ni la convalidación del Acuerdo de paz.
Por el contrario, la senadora Nidia Marcela Osorio (PC) sostuvo que lo de Bajirá tiene un juez natural que es el Congreso. “Como se trata de asegurar la convivencia pacífica como un fin estatal, la decisión sobre Bajirá es técnica y no política, por tanto las relaciones con el presidente no se han deteriorado, y sigo en la Unidad Nacional”.
Las relaciones con el Gobierno quedaron resquebrajadas, dijo el senador Juan Diego Gómez (PC), pero apoya agotar las líneas de la institucionalidad. “Soy vocero de la bancada y no puedo tomar decisiones. En el segundo semestre decidiremos nuestro camino”.
Liberales, en coalición
Los congresistas liberales fueron más diplomáticos, pero no ocultan su malestar.
La senadora Sofía Gaviria (PL) afirmó que la distancian del Gobierno la salud, la seguridad alimentaria, la desprotección de la niñez y el Acuerdo con las Farc. “Mi voto ha
sido acorde a los principios liberales, por tanto lejos de la Unidad Nacional”.
El representante Jhon Jairo Roldán, codirector del PL, explicó que este trámite, en el que se están dando argumentos a favor de la soberanía antioqueña, no debe afectar las relaciones con la coalición. “No me interesa una posición populista diciendo que estamos alejados del Gobierno y por otro lado publicitando gestiones en el departamento de cuenta del Gobierno”.
Por su parte, el representante Iván Agudelo dijo que acompaña las acciones del gobernador Pérez, y criticó la decisión del Igac. “Un funcionario de mediano rango no puede estar por encima del Congreso de la República y del Consejo de Estado”.
Al respecto, el senador Luis Fernando Duque (PL) precisó que sigue en la coalición de Gobierno porque su partido está en la Unidad Nacional.
La U, incondicionales
A los congresistas de La U no les sale manifestarse en contra de presidente, porque hacen parte de su partido y, por eso, han manejado con pinzas el debate. El senador Germán Hoyos (La U) afirmó que seguirá cumpliendo con sus funciones y acompañará al presidente Santos hasta el final de su Gobierno. El representante León Darío Ramírez afirmó que seguirá apoyando al Gobierno en todo lo que beneficie a las comunidades”.
Incredulidad en el CD
La representante Regina Zuluaga (CD) manifestó que es “carreta” la supuesta molestia en la Unidad Nacional. “Habrá que ver para creer. Aquí se le aprueba todo al Gobierno”.
Al respecto el representante Federico Hoyos dijo que el problema no es la relación entre la bancada antioqueña y el Gobierno, sino entre la ciudadanía de Antioquia y el Gobierno, “que de manera poco clara ha tomado decisiones arbitrarias”.
La representante Margarita Restrepo (CD) precisó que la bancada paisa sigue trabajando para proteger el territorio departamental. Agregó que la relación del Gobierno con los
antioqueños quedó más resquebrajada. “Las relaciones de los miembros de la Unidad Nacional con el Secretario General de Presidencia y el MinInterior quedaron muy maltrechas. Palparon la forma vulgar y burda como mienten, tergiversan y enredan las cosas. Y, obvio, saben que quien está detrás de la tramoya es Santos”, manifestó el senador José Obdulio Gaviria (CD).
“Coalición continuará”
Camilo Andrés Tamayo, doctor en Ciencias Políticas de la U. de Huddersfield (Reino Unido) y docente de Eafit, dijo que este debate revalida el centralismo del poder político en Colombia, y no tendrá ninguna repercusión en lo nacional. “Algunos actores se pronuncian para ganar protagonismo, porque no tiene agenda”.
Para el representante Víctor Correa (PD), esto no es un tema de bancada, de Gobierno o de partido, es un asunto de regiones. “Siempre he estado en oposición. Es inapropiado que el Igac defina los límites cuando es competencia del Congreso. La voz de la comunidad es la que debe orientar la decisión del Congreso, porque la noción de territorio va más ligada con la identidad”.
En declaraciones a la prensa, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo esta semana que el Gobierno está dispuesto a oír las inquietudes de los pobladores, pero que la decisión se apega a la ley 1447 del 2011. “Está sujeta a una autoridad judicial, que es el Consejo de Estado, y quienes se sienten inconformes tienen la posibilidad de interponer una acción de nulidad ante este tribuna”, agregó