EDITORIAL
Son graves las omisiones y faltas de control que salen a flote con la tragedia del barco El Almirante, en Guatapé. Contrasta la rápida reacción estatal con su falta de controles previos.
“Son graves las omisiones y faltas de control que salen a flote con la tragedia del barco El Almirante, en Guatapé. Contrasta la rápida reacción estatal con su falta de controles previos”.
La tragedia del barco El Almirante, que se hundió el pasado domingo en el embalse de Guatapé, cobra hasta el momento la vida de siete personas y, hasta el cierre de esta edición, deja a dos mujeres desaparecidas. Unos treinta pasajeros fueron atendidos por lesiones en hospitales del municipio y otros del Oriente antioqueño.
La cifra de muertes podría haber sido mayor, de no ser por la cercanía al puerto en el momento de naufragar y por la rápida asistencia de varias lanchas que acudieron al rescate de las decenas de personas que pudieron lanzarse antes del hundimiento en las frías aguas de la represa a unos 60 metros de profundidad.
Los datos oficiales reportan que en El Almirante iban 167 personas abordo. No había lista de los pasajeros. Según testimonio de los sobrevivientes, no les fue entregado en ningún momento chaleco salvavidas. Tampoco hubo, como debería ser preceptivo, indicaciones preventivas como las que son usuales en todo el mundo al abordar medios de navegación acuática, máxime cuando son turísticas. El caos y el pánico en la evacuación fueron consecuencia, en buena parte, de esa omisión.
Estas versiones deberán ser corroboradas en las investigaciones que se inician a partir de ahora, porque marcan el punto de inicio para determinar las responsabilidades ( administrativas, contractuales, penales) que caben a la empresa propietaria y operadora del barco, así como las disciplinarias a las autoridades por omisión de controles.
Las declaraciones de los funcionarios públicos, no obstante, están contradiciéndose en varios aspectos. Mientras el ministro de Transporte dice que la empresa tenía la documentación en regla, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo asegura que no, y por ello ordenó su cese de operaciones. Igualmente, el fiscal Regional de Antioquia dice que sí pudo haber entre- ga de chalecos salvavidas.
Las familias que pretendían pasar un día feliz del soleado puente en uno de los municipios más turísticos del país quedan con una amarga sensación de dolor y pérdida. Ya ni se diga los familiares de los fallecidos. Guatapé sufre un duro golpe y ahora lo que debe hacer es extremar las medidas de control preventivo, como lo deberán hacer las autoridades con competencias en materia de seguridad de medios de navegación en esta modalidad.
La reacción de las autoridades y equipos de salvamento fue rápida y oportuna. El Presidente de la República se hizo presente en Guatapé. Lamentablemente, las labores de reacción y atención a las tragedias contrasta dramáticamente con las labores de control previo y prevención, tan frágiles, cuando no inexistentes. Si la eficacia de la labor posterior de rescate y atención fuera la misma que en los controles preventivos serían muchas las tragedias que se podrían evitar en el país.
Estas lamentables pérdidas de vidas humanas tiene que ser el campanazo de alerta para que municipios, departamento y la propia Nación adopten de inmediato operativos de control en donde haya actividad de este tipo.
Si algún factor común puede entreverse en la génesis de esta tragedia es la informalidad en la operación de actividades de riesgo que involucran transporte de decenas de personas. Si se quiere fomentar el turismo, no puede ser incumpliendo normas legales o las del propio sentido común