Refuerzan los controles en Guatapé
Hay contradicciones sobre documentación que debía tener El Almirante. Más control a navegación en Guatapé.
El Ministerio de Transporte anunció revisión de planchones antes de salir del muelle.
Elmer Arismendy, exalcalde de la localidad y fundador de Asobarcos, firma en la que estaba inscrita la nave hundida, respondió a cuestionamientos.
Uno de los socios fundadores de Asobarcos, la empresa en la cual estaba inscrito El Almirante, que naufragó el domingo 25 de junio en el embalse de El Peñol- Guatapé, es Elmer Arismendy, alcalde de Guatapé entre 2004 y 2007.
Arismendy se apartó de la Junta Directiva de Asobarcos hace dos años y ahora es gerente de la Cooperativa Multiactiva de Lancheros de Guatapé (Coolancheros). En su lugar quedó su hija, Sara, quien es dueña de una de los planchones que trabaja en la represa, la embarcación San Telmo.
El exalcalde le dijo a EL COLOMBIANO que sus actividades políticas no tienen ninguna relación con el hecho de ser propietario de algunos negocios en el municipio, como las lanchas, el hotel Cristal del Lago y otros establecimientos comerciales.
“Durante la tragedia, como gerente de Coolancheros paré la operación de las 38 lanchas y las puse a disposición de los organismos de socorro para ayudar a resolver la emergencia”, señaló Arismendy.
En 2011 la corporación ambiental Cornare sancionó al exalcalde con el cierre de una
cantera en la vereda El Roble de Guatapé, por lo que fue ingresado al registro único de infractores ambientales.
¿Papeles en regla?
El exalcalde dijo que aunque no continúa en Asobarcos, es cercano a la empresa y sabe que todos los papeles estaban al día. Aseguró que la empresa tiene póliza de seguro con Previsora S.A.S, requisito indispensable para operar el transporte de pasajeros.
“No entendemos el cierre que ordena el Ministerio de Comercio, porque las veces que nosotros fuimos a la Cámara de Comercio para hacer la inscripción en el Registro Nacional de Turismo, como lo piden, nos respondían que no aplicaba, porque nos dedicamos al transporte fluvial de pasajeros”, afirmó el exsocio de Asobarcos.
La Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, donde Asobarcos debería hacer el trámite, confirmó lo expresado por Arismendy, y señaló que la naturaleza de la empresa es de transporte, por lo cual no se pudo realizar la inscripción en el registro.
Sin embargo, Maria Claudia Lacouture, ministra de Comercio, manifestó que además de transportar personas, la empresa ofrece un paquete de recorrido turístico, por lo cual sí debe realizar el trámite, a la vez que están obligados por ley a proveer la seguridad para los pasajeros a bordo, sin importar si tiene naturaleza turística o no.
EL COLOMBIANO intentó comunicarse con el gerente de Asobarcos, Alejandro Marín Salazar, para conocer su versión de los hechos, pero no respondió las llamadas.
Por otro lado, desde la aseguradora Previsora confirmaron que la empresa sí cuenta con una póliza de seguros de responsabilidad para los 12 planchones que operan en Guatapé, pero que no cubre los daños en la estructura de las embarcaciones. Alegando que están en medio de la investigación, no explicaron los alcances del seguro para saber si podrían reparar de alguna manera a las víctimas.
Restricciones
El ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, señaló que en coordinación con la Superintendencia, seguirán revisando una a una las embarcaciones que presentan servicio en el muelle de Guatapé.
“En una especie de fast track o plan de choque, vamos a trabajar, sin suspender la navegabilidad y la operación de lanchas y planchones, para inspeccionar cada embarcación antes de que salgan del puerto”, manifestó el ministro.
Así mismo, ratificó que cuando se renovaron los permisos competentes a Ministerio de Transporte, las embarcaciones pasaron las revisiones. No obstante, señaló que se trajeron peritos de la Dirección General Marítima para estar completamente seguros.
A raíz de la orden del cierre de Asobarcos emitida por el Ministerio de Comercio, Ánderson Vallejo, propietario de los barcos Carretero e Imperial, dijo que la decisión es perjudicial para el empleo en la región, ya que cada barco tiene al menos cinco trabajadores.
Al cierre de esta edición, la Superintendencia de Puertos y Transportes anunció que la suspensión preventiva se levantó para ocho de las 12 embarcaciones restantes, tras aprobar la revisión técnica y de seguridad