Gobernación entregará hoy las firmas por Bajirá
La disputa entre Antioquia y Chocó ha despertado el interés no solo de los habitantes de la zona afectada por decisión del Igac.
56.193 firmas había recolectado hasta el mediodía de ayer la Gobernación de Antioquia para respaldar su reclamo de que los territorios de Belén de Bajirá, Nuevo Oriente, Blanquiceth y Macondo, en la zona de Urabá, continúen como corregimientos de los municipios de Mutatá y Turbo y no se entreguen al departamento de Chocó.
“Nosotros en Antioquia estamos defendiendo un territorio que tenemos hace 70 años. Es falso que cualquier funcionario diga que Belén de Bajirá nunca ha estado en Antioquia, o que siempre ha estado en conflicto. Esto es absolutamente falso”, dijo el gobernador Luis Pérez Gutiérrez, al anunciar la cifra.
La meta de la administración departamental es recolectar, por lo menos, un millón de firmas en apoyo de este recla- mo territorial, para entregarlas a la Presidencia de la República, al Senado y a la Procuraduría General de la Nación.
Según lo anunció el gobernador Pérez en Chigorodó, los documentos con las rúbricas serán llevados a la capital del país este miércoles.
Para completar el millón de firmas de respaldo, se esperaba que ayer en la tarde y hoy en la mañana se recolectaran algunas y llegaran otras de algunos localidades.
Estas firmas son solo una manifestación pública de apoyo al reclamo territorial de Antioquia y, en la práctica, no tiene efectos sobre la decisión del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
A raíz de la disputa, la Procuraduría convocó a una audiencia a los gobernadores de Antioquia y Chocó, Luis Pérez Gutiérrez y Jhoany Carlos Alberto Palacios, respectivamente, en busca de que la disputa y el eventual proceso de traspaso de un departamento a otro no afecte la prestación de algunos servicios en la zona.
El procurador Fernando Carrillo aclaró que la reunión, que se haría en Bogotá la próxima semana, no pretende ser una confrontación sino que tiene la intención de “poner por encima de la mesa todos los derechos de los ciudadanos (...) lo único que aquí no se puede admitir es que se hable de suspensión de los servicios públicos y de represalias”