Cierre de minas de la Sinifaná causa preocupación

Las autoridades locales piden apoyo para evitar incremento del desempleo en esa franja carbonífera.

Ante el anunciado cierre de unas 70 bocaminas en la cuenca de la quebrada la Sinifaná hay preocupación entre los mineros y las autoridades de Amagá y Angelópolis, que tiene el mayor número de minas informales, por los puestos de trabajo que se perderán si el Gobierno Nacional y la Gobernación no activan pronto mecanismos de transformación económica.

El secretario de Gobierno de Angelópolis, Carlos Augusto Mejía, informó que en esa población se realizó un estudio que determinó que hay 41 unidades mineras con recomendación de cierre.

Advirtió que este documento lo están revisando, debido a que algunas se sometieron a planes de mejoramiento, por lo que priorizarán solo el cierre de las minas de alto riesgo para los obreros.

Recordó que una unidad de estas, que hoy no tienen título, tienen hasta 15 trabajadores, lo que significa que quedarían cesantes unas 600 personas, sin contar los empleos indirectos, como los de los paleros, coteros y conductores de volquetas que sacan el carbón al mercado.

Informó que para enfrentar esta situación una alternativa que les presenta el Gobierno Nacional es la vinculación de los mineros a las obras de las Autopistas de Cuarta Generación que se ejecutan en el Suroeste antioqueño y otra es el programa Antioquia Siembra, de la Gobernación, para lo cual cuentan con un lote de más de 2.000 hectáreas que hizo parte de un proceso de extinción de dominio y el Municipio de Angelópolis lo recibió en comodato.

En Amagá

Yhovan Serna, director de Minería del municipio de Amagá, agregó que hasta que la Secretaria de Minas no le dé la orden, no procederá a los cierres de bocaminas o a la caducidad de títulos por incumplimiento de las normas.

Además, añadió, las alcaldías no tienen solvencia económica para hacer los cierres técnicos, cuyos costos van de 8 a 20 millones de pesos, porque se tienen que hacer en las bocas con concreto reforzado.

Explicó que el 95 % de Amagá vive de la minería del carbón y los cierres significarían una crisis social muy profunda para la localidad.

De esto ocurrir, aseveró

Serna, se necesitaría la ayuda de la Nación y la Gobernación para transformar la vocación económica de la población.

“En Amagá tenemos 42 mineras informales, pero hay unas que tienen solicitudes de legalización (estas quedaron como ilegales luego del fallo del Consejo de Estado que suspendió los efectos de la Ley 933 de 2013 sobre estas legali-

zaciones), mientras que otras tienen solicitudes de contrato de concesión por la Ley 685, Código de Minas, y otras son minería tradicional”.

Rigoberto Arango, dueño de la mina La Carolina, que tiene 29 trabajadores, dijo que en estos momentos la carbonera tiene viabilidad ambiental y técnica, porque había iniciado el proceso de legaliza- ción que quedó estancado y, además, tiene una resolución de un título provisional, pero su temor es que sea cerrada.

Opinó que estos cierres crearían más zozobra en Amagá, porque hace tres meses la mina Esparta, que es legal, se declaró en quiebra y hay 380 mineros cesantes.

Liz Álvarez, secretaria de Minas de Antioquia, explicó que están acompañando el proceso de legalización, pero hay situaciones complejas, en las que tienen que intervenir.

Concluyó que están perfeccionando un contrato con el Ministerio de Minas para proceder al cierre de las 70 bocaminas ilegales