Villegas y el sometimiento a la ley
Hoy deberán conocerse las razones para que la Fiscalía acuse al secretario de Seguridad de Medellín. Las gestiones que él realizaba para sometimiento de bandas criminales eran públicas.
La captura, ayer, del secretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas, generó la natural conmoción pública por la forma en que inicialmente fue presentada, por la relevancia del personaje y las competencias que tiene en la actual administración municipal.
La seguridad ciudadana sigue siendo, a pesar de todo, el asunto que más tiempo y energía demandan del alcalde de la ciudad. El actual, Federico Gutiérrez, ha asumido ese reto con decisión, incluso al costo de ser incomprendido y criticado por quienes consideran que debía dedicar su atención a otros asuntos.
La mano derecha del alcalde para su política en esta materia era el secretario de Seguridad, a quien defendió y respaldó cuando su nombramiento generó interrogantes.
La audiencia de legalización de captura que debía haberse realizado ayer ante el juez, fue aplazada para hoy en la mañana. Por ello, no se supieron con exactitud cuáles iban a ser las razones esgrimidas por la Fiscalía para sustentar no solo la captura, sino los cargos por supuestos actos ilícitos que le va a endilgar.
Nos atenemos, por tanto, a las palabras textuales de la Fis- cal seccional de Medellín, Claudia Carrasquilla: “Se pudo establecer que a través de una información que se brindaba a cabecillas de estructuras delincuenciales, como alias Pichi y Julio Perdomo, permitió que, o mejor, se pretendía que esto favoreciera el sometimiento de algunas estructuras delincuenciales ante la justicia, con el fin de obtener beneficios dentro de este proceso de paz y dentro de este proceso de negociación que se viene haciendo”.
Salvo que hoy la Fiscalía presente elementos de prueba más contundentes, estas razones son por completo insuficientes para ordenar una captura y poner al funcionario en la picota como aliado de bandas criminales.
El sometimiento a la justicia está consagrado en la ley. Los beneficios penales los contempla en el Código de Procedi- miento Penal. Es facultad de la Fiscalía otorgarlos. Y no es un delito que un funcionario de rango político, máxime si se encarga de la seguridad ciudadana, atienda las posibilidades de un sometimiento que, a la larga, va a significar la prevalencia de la ley y la disminución de actividades delincuenciales. Las gestiones en esa materia del secretario Villegas eran públicas y conocidas por sus superiores.
No es un secreto que funcionarios de este nivel de responsabilidad caminan en el filo de la navaja a luchar contra estructuras criminales a las que buscan derrotar, sea con acción policial o mediante mecanismos judiciales legítimos. Con las primeras, son temibles los enemigos que se ganan, poderosos y con infinita capacidad de manipulación, una de cuyas primeras armas es la destrucción de la reputación de quienes los combaten.
El solo hecho de buscar, desde la institucionalidad, desmovilizaciones o sometimientos a la justicia no puede ser delito. Si lo fuera, decenas de personas de buena fe quedarían incursas en procesos penales. Por eso hay que esperar qué aporta la Fiscalía hoy al juez de control. Si hay indicios creíbles o pruebas de connivencia con bandas criminales sería un hecho de la mayor gravedad. Pero si no hay una sólida investigación y esta acusación se funda en testimonios interesados, el daño para la credibilidad de la justicia y de los organismos de inteligencia policial es también enorme.
La lucha contra las múltiples manifestaciones de delincuencia en la ciudad debe seguir y fortalecerse. Ni la Fiscalía ni la Policía, ni el poder civil deben desviar el rumbo