EL GARANTISMO COMO VALOR PERVERSO
El Fiscal General de la Nación declaró la guerra en contra de las garantías procesales. El encargado de liderar a la entidad que ejerce la acción penal en Colombia opina que el debido proceso es un estorbo.
Para ponerlo en sus palabras: “la dogmática garantista ha dejado de ser una virtud, para constituirse en una preocupante doctrina”. Respalda su argumento apelando al miedo de los ciudadanos. Dice que: el sistema penal colombiano está en crisis y colapsará si el garantismo sigue guiando su funcionamiento; los criminales tienen más derechos que los ciudadanos de bien; el crimen está anulando la paz que hemos alcanzado; y hay nuevas formas de terrorismo que requieren una respuesta excepcional.
Así, tramposamente, abre una conversación amañada: es un túnel que va directo al excepcionalismo penal.
El anuncio está contenido en el discurso que pronunció la semana pasada durante la conmemoración de los 25 años de funcionamiento de la Fiscalía. Es un discurso tremendamente efectivo para conseguir respaldo a su reforma. Contiene una advertencia: se vienen cambios en la manera como se administrará justicia en Colombia.
Cada nuevo Fiscal General quiere pasar a la historia como un gran reformador.
Néstor Humberto Martínez viene cargado de tigre. Evoca a Nariño y demanda justicia severa; si sus reformas no se hacen, advierte que perderemos nuestra libertad. A golpe de exageración, quiere instalar el delirio de un acusador que no conoce límites.
Martínez acude a la equiparación de los derechos humanos (de siempre) con derechos criminales. Luego, invita a acoger una fórmula de los derechos humanos a partir de una nueva concepción: unos derechos devaluados para un nuevo mun- do que necesita sobreponerse a la amenaza y la destrucción que suponen la anarquía violenta y el terrorismo. “En nombre de la defensa de ( estos) derechos humanos”, según su amañada versión, el Fiscal General pide pista para cambiar el marco normativo nacional con el fin de recuperar el orden y la libertad.
El arsenal argumentativo del Fiscal es fuerte. Su línea está planteada para que la oposición sea rotulada como criminal o insensata. Martínez se posiciona, en tiempos revueltos, como escudero de la libertad, a golpe de severidad.
Muchos estarán con él; parece sensato. Otros – tristemente, una gran cantidad de personas– son apáticos frente al debate. Pocos (muy pocos) advertirán que la severidad anunciada es la punta de lanza que quebrará los muy necesarios controles que deben existir en relación con el ejercicio del poder estatal.
El debido proceso es un valor cardinal del Estado moderno. No es una finura para la democracia de Dinamarca; es la esencia del imperio de la ley en nuestra Colombia y en cualquier parte del mundo. El derecho al debido proceso es una protección básica que cualquiera de nosotros defendería si estuviésemos en el banquillo de los acusados. Los derechos y las garantías hay que pensarlos en función de todos, con igualdad, no solo en función de supuestos enemigos, a quienes fácilmente satanizamos y privamos de sus derechos.
La perversión no es del garantismo. La perversión la incorpora el Fiscal General, al pretender devaluar los derechos a golpe de miedo, presentar al garantismo como un obstáculo innecesario en la administración de justicia, introducir una presunción de culpabilidad en contra de ciertos antisociales para lograr su condena, e ignorar, convenientemente, que el poder de la Fiscalía colombiana se ha usado de manera arbitraria
Cada nuevo Fiscal General quiere pasar a la historia como un gran reformador. Néstor Humberto Martínez advierte que perderemos nuestra libertad. A golpe de exageración, quiere instalar el delirio de un acusador que no conoce límites.