Ataques a líderes van en aumento
Datos de Mininterior y organizaciones sobre el número de personas asesinadas no concuerdan.
En la madrugada del 6 de julio pasado, la familia Flórez*, habitante de la vereda La Cristalina, en Remedios, Nordeste de Antioquia, sintió arder los leños de su cocina. Una bocanada de fuego sacó a sus integrantes de la casa, incendiada por hombres armados de los cuales aún hoy se desconoce su identidad.
“Eso ocurrió entre las 12 de la noche y 1:00 a.m. Esa gente llegó y no dio tiempo de nada. Dicen que son los paramilitares que vienen a sacar a los líderes y que ellos se quedarán”, explicó a EL COLOMBIANO un labriego que pidió reserva de identidad por seguridad.
Esa noche no hubo lesionados o víctimas mortales, pero este ataque es una de las 72 agresiones registradas por organizaciones sociales entre enero y julio 9 de 2017, y se suma a los datos del Ministerio del Interior, que registró 122 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos ocurridos entre enero de 2015 y junio de 2017.
En lo que va de este año, según esta cartera, los violentos han quitado la vida a 21 líderes en Colombia, una estadística que difiere de la registrada por las Ong de derechos humanos, cuya información recolectada es de 42 personas muertas por su trabajo social. No obstante, Mininterior reveló que hay 21 casos adicionales por verificar el motivo por el cual se presentaron los homicidios.
Lorena Sánchez, secretaria de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Huila e integrante de la Marcha Patriótica, aseguró que no entiende cómo el Gobierno nacional ha querido negar, en cabeza del Ministerio de Defensa, las agresiones y muertes de los líderes sociales, así como la existencia “del fenómeno paramilitar que está afectando las regiones y sacando a los campesinos de sus tierras”.
Sánchez enfatiza en que la situación para los defensores y líderes se ha tornado muy difícil en los territorios, pero, lo más complicado, es que les están levantando los esquemas de seguridad.
“Hemos quedado en riesgo. A mí me dicen que ya no necesito el esquema y desconocen que soy desplazada, que he recibido amenazas y que mi hermano fue asesinado en el paro de 2013”, expresó la lideresa.
Vamos a protegerlos
La queja de desprotección de los líderes y defensores de DD.HH. es reiterativa. A este mensaje de angustia y la peti- ción al Gobierno de más protección y acciones contundentes contra los violentos, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que van a perseguir y a judicializar a todos aquellos que atenten contra esta población vulnerable.
“Seguiremos actuando de manera coordinada con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para que si llegan amenazas a organizaciones de víctimas o si se presenta un homicidio, vamos a perseguir a esos delincuentes hasta encontrarlos y ponerlos a buen recaudo de la justicia”, afirmó el ministro.
Rivera reconoció que las amenazas contra integrantes de colectivos y Ong que velan por el respeto a los derechos humanos han aumentado. La razón: el apoyo que le brindan al proceso de paz.
“Han venido disminuyendo los homicidios contra líderes sociales y líderes de organizaciones de víctimas, pero, en este caso particular de la Mesa de Víctimas pertenecientes a organizaciones sociales, lo que ha venido ocu- rriendo es que en la medida que ellos participan de eventos a favor del proceso de paz se incrementan las amenazas”, dijo el ministro del Interior.
Temen por grupos ilegales
La incursión de grupos armados ilegales nacidos de la desmovilización de los paramilitares es un asunto con el que tienen que lidiar los habitantes de distintas regiones.
En algunos sitios los llaman Águilas Negras, en otros bandas criminales como “Urabeños o Clan del Golfo”, y la más nombrada: Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
A esta organización ilegal se le endilgan las dos últimas incursiones en San José de Apartadó, en Urabá. Una el pasado 7 de julio en la vereda La Cristalina, donde pintaron casas y árboles; y otra en la madrugada de ayer cuando los hombres armados llegaron hasta la cabecera municipal y dejaron sus siglas en puertas y ventanas de las viviendas.
“Eso generó miedo en la población. Muchos de ellos se fueron y otros temen por agresiones de esta gente que está uniformada de negro y fuertemente armados”, dijo un líder de esa región.
Como respuesta a estas denuncias, el coronel Antonio José Dangond, comandante de la Brigada 17 del Ejército, precisó: “Se realizó un operativo con tropas especiales, helicópteros militares y de Policía y funcionarios para recoger las denuncias y brindar seguridad y protección a la comunidad”.
El informe de Medicina Legal consignó que el asesinato de los líderes sociales puede quedarse como un registro de homicidio simple y llamó la atención a las autoridades para que revisen el tema, y dejen de mirarlo como asesinatos aislados y no sistemáticos