Complejo retorno en un Urabá rodeado por intereses y conflictos

Esta región antioqueña y chocoana cuenta con una nueva dirección de la Unidad de Restitución de Tierras con el fín de avanzar en el proceso de atención a las víctimas.

Esa esquina ubicada entre los departamentos de Antioquia y Chocó es una región que se ha forjado en medio de invasiones y represiones de guerrillas y paramilitares.

La tierra ha tenido tantos dueños que de un año a otro cambiaba de nombre y de vocación de una manera poco convencional, tanto así, que resulta un gran reto rebobinar la secuencia de los hechos para que los jueces de Restitución de Tierras puedan determinar, de manera justa, quiénes son los propietarios.

Ese grave panorama lo ha entendido la Unidad de Restitución de Tierras, que decidió ponerle un salvavidas a esa región abriendo, desde principios de marzo, una dirección territorial en Urabá para darle un impulso a las 7.109 solicitudes que hay vigentes y que tendrán que ser resueltas antes del 2021, plazo en el que vence la Ley de Víctimas, que busca reparar integralmente a los afectados por el conflicto colombiano, con el agravante de que las solicitudes pueden aumentar.

“El Gobierno Nacional le pone el acelerador al proceso de restitución en Urabá, este es un gran logro. Se trata de una zona donde antes era impensable devolver las tierras arrebatadas a sangre y fuego a sus legítimos dueños”, sostiene Ricardo Sabogal Urrego, director General de la Unidad de Restitución de Tierras.

Este departamento quedó entonces como el único con intervención de tres direcciones regionales (o territoriales) de la Unidad de Restitución de Tierras (Antioquia, Urabá y Córdoba, que atiende los municipios del Bajo Cauca), eso por la magnitud del problema de tierras en esta zona del país.

La intrincada historia

“En Colombia es difícil saber de quién es la tierra”, lamenta Martha Peña, coordinadora del proyecto Agendas Territoriales del IPC, y así lo evidencia el censo agrario y la misión agropecuaria.

A principios del siglo pasado, a Urabá fueron llegando los colonos a ocupar los territorios, algunos con papeles, otros sin ellos, y hubo personas que acumularon gran cantidad de predios.

Pero, de un momento a otro, dadas las migraciones que se dieron a finales de los 80 y principios de los 90, muchas de ellas provocadas por el Epl en un afán por consolidar una base social en ese territorio, campesinos llegados de diferentes partes del país fueron ocupando esas fincas que ya tenían dueño, relata el experto en tierras Alejandro Reyes Posada.

“Como los campesinos invadían las fincas eso forzaba la venta de esos predios al Incora, para el propietario la mejor salida era que el Estado comprara y perder la propiedad. Eran ventas un poco presionadas por la organización agraria”, reconoce Reyes Posada.

Entonces, el Incora com-

praba, a un buen precio, y adjudicaba las parcelas a las familias campesinas para que pusieran a producir la tierra y de esa manera solucionaba el conflicto con el legítimo propietario. Así ocurrió, por ejemplo, en Paquemás, en Turbo y en La Chinita, en Apartadó, entre otros.

Pero, poco tiempo después de que el Incora legalizara los predios, la presencia del “clan Castaño” y del resto de sus hombres en Urabá cambiarían el rumbo de los parceleros en la región.

Según se ha documentado,

el mayor despojo de tierras se dio entre 1995 y 1997, lo que coincide con las acciones paramilitares más fuertes y con el desplazamiento forzado en la zona bananera, asegura la investigadora Peña.

“Con el ingreso de las autodefensas se aumentó la concentración masiva de predios y una situación de despojo y abandono forzado”, afirma Elkin Rocha Noriega, director de la URT de Urabá.

Los paramilitares amenazaron a los campesinos para que salieran de sus predios. En algunas oportunidades pagaban

50.000 pesos por hectárea, con algunos parceleros acordaban cancelar la deuda que tuvieran o una pequeña cifra a cambio de la tierra y de inmediato entregaban el terreno, o a algún gran empresario, lo han asegurado los excombatientes.

Así es como por el mismo predio resultan varios reclamantes.

Los segundos ocupantes

Con la Ley de Justicia y Paz, en 2005, y más tarde, en 2011, con la Ley de Víctimas, empezó toda una revolución de campesinos que comenzaron a recla-

mar las tierras que perdieron a manos de los grupos armados: “En ese proceso se empieza a vivir una situación de revictimización porque muchos de los que reclamaron fueron asesinados. Entre el 2008 y el 2016 pueden haber unas 75 víctimas asesinadas, 19 son de Urabá”, cuenta Peña.

De acuerdo con la coordinadora, en la zona se ha presentado toda una reacción en contra de los reclamantes de tierras por parte de sectores empresariales que están usufructuando los predios.

“Desde varios sectores opositores de la restitución se ha señalado que Urabá está lleno de falsos reclamantes de tierras y han sido desestimadas las amenazas que ellos tienen encima”, añade Martha Peña.

No obstante, también los empresarios se declaran víctimas de la Ley de Restitución.

Carlos Aníbal Guerra es el representante legal de la Asociación de Campesinos del Magdalena Medio, y asesora a ganaderos y campesinos de Urabá.

Sostiene que los jueces y magistrados no están cumpliendo con la tarea de investigar a profundidad lo que ocurrió con los predios que restituyen y que para los segundos ocupantes, hoy propietarios de los predios en reclamación, es imposible acreditar su buena fe exenta de culpa. “¿Cómo así que para un comprador no es suficiente con consultar el certificado de tradición y libertad de la tierra que compra? Lo que quieren es que dejemos de ser campesinos y nos convirtamos en fiscales”.

Asimismo, garantiza que muchos de los reclamantes no fueron víctimas de nada y que por su propia voluntad vendieron a precio comercial, que hoy ha aumentado gracias a las mejoras que han hecho los nuevos propietarios.

Grupos armados acechan

A todo esto se suma la presencia de otro actor armado: las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, a las que el Gobierno llama “Clan del Golfo”, quienes han atentado contra la vida y la seguridad de los reclamantes, ya que muchos de esos campesinos están estigmatizados porque su ingreso a Urabá fue de la mano del Epl, anota Reyes.

“Para que el proceso de retorno sea efectivo, el Gobierno debe tener en cuenta que en Urabá hay un grupo al margen de la ley activo. El Presidente

hizo la paz con las Farc, pero no ha sentado a las Autodefensas Gaitanistas a un posible diálogo”, señala el alcalde de Turbo, Alejando Abuchar González.

Sin embargo, EL COLOMBIANO consultó con el vicepresidente Óscar Naranjo acerca de esta posibilidad a lo que contestó: “Por ninguna razón habrá algún tipo de acercamiento o negociación política con ellos... el único futuro que tienen es someterse a la justicia”.

Al respecto, Rocha explica que en esa región “nuestros análisis dan cuenta de la presencia del Clan del Golfo y en zonas periféricas hay accionar del Eln”.

¿Cómo los protegen?

“Cada que se abre una intervención tenemos mapeado los factores de riesgo que implica el proceso, pero también los que se desatan con él”, dice Rocha Noriega.

La Unidad de Restitución de Tierras hace, de la mano de la Fuerza Pública (ver entrevista), toda una labor preventiva, “pero cuando las herramientas de protección no han sido suficientes el Estado tiene dispuestas unas rutas de protección para brindarles seguridad a las personas que se encuentran en riesgo”.

Sin embargo, no siempre esas medidas funcionan, cuando se activan, porque según Peña es muy difícil lograr el amparo de un reclamante.

Aún así en Urabá los jueces han dictado 70 sentencias que han resuelto 176 casos, lo que representa 6.143 hectáreas restituidas