Contralor y gerente no están obligados a renunciar
Por haber sido elegidos en concursos de méritos, ambos funcionarios tienen amparo para seguir en sus cargos, a pesar de las investigaciones.
Apesar de tener investigaciones en su contra, el contralor departamental, Sergio Zuluaga Peña, y el gerente del hospital General de Medellín, Jesús Eugenio Bustamante, no están obligados a renunciar a sus cargos, ya que ninguno de los dos ha sido condenado por un juez de la República ni ninguna autoridad administrativa o de control les ha dictado suspensión de sus cargos, sanciones o alguna medida cautelar.
Ambos accedieron a sus cargos por concursos de méritos y esto impide que puedan ser declarados insubsistentes por quienes los eligieron, en el caso del Contralor, la Asamblea Departamental; y en el del gerente del hospital, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, como presidente de la Junta Directiva de la entidad, aunque el mandatario local le ha pedido al funcionario oficialmente la renuncia.
“Antes de 2015, el nombramiento del Contralor departamental y los contralores municipales se hacía por componendas políticas de ternas que enviaban los tribunales a las corporaciones (concejos y asambleas), pero desde 2015, con el Acto Legislativo 02 (ley de Equilibrio de Poderes) se determinó que para acceder al cargo tiene que haber un concurso y, con base en los resultados, se elige al funcionario”, explicó el abogado y docente de Derecho en la universidad Eafit, Andrés Úsuga.
Por esta misma modalidad - concurso de méritostambién fue elegido el gerente del Hospital General de Medellín y por eso ni la Junta Directiva del hospital puede separarlo del cargo.
Lo jurídico y lo ético
No obstante, Úsuga consideró que si bien ellos tienen el amparo legal, desde el punto de vista de la conveniencia para la ciudad, la ciudadanía y la función pública, “lo mejor es que den el paso al costado para que ejerzan más tranquilos sus defensas en lo administrativo y en lo penal”.
El docente de derecho se pregunta con qué autoridad podría el contralor Zuluaga Peña iniciar una investigación sobre un centro médico del departamento si él mismo está incurso en una investigación por prevaricato por omisión y peculado por apropiación en La María.
En ambos casos, se evidencia una contradicción en los temas jurídico, ético y político, asegura el experto.
Por el prestigio
Miguel Jaramillo Luján, analista y consultor político, señaló que en los cargos públicos hay tres dimensiones: reputacional, legal y política.
“En lo político, cualquier cargo público obliga a tener un comportamiento pulcro, y el contralor enfrenta cargos muy
serios, hay un desgaste reputacional de la imagen de la Contraloría y de su prestigio propio”.
Advirtió que el caso del gerente del hospital General es igual de grave y, “aferrarse al cargo entorpece el proceso en su contra”. Jaramillo, incluso, no considera viable una separación transitoria de los cargos, solo la definitiva pues, a su juicio, ambos procesos no son rumores sino hechos concretos, denuncias claras.
Diego Corrales, analista político, aunque reconoció el derecho que tienen los funcionarios a no renunciar, recalcó que lo mínimo que podrían considerar Zuluaga y Bustamante sería una separación temporal de sus cargos.
“El contralor aún tiene algunos respaldos políticos, pero el gerente del General ni siquiera goza del apoyo institucional”, indicó.
El personero de Medellín, Guillermo Durán, precisó que
adelanta dos procesos de vigilancia administrativa y dos procesos administrativos contra el gerente del hospital, pero no tiene competencia para exigirle la renuncia.
“Si hallo responsabilidad en las acusaciones me correspondería imponerle una sanción de destitución y de inhabilidad para ejercer cargos públicos hasta por 20 años”, explicó Durán, pero advirtió que ninguna de las investigaciones ha llegado a su final