¿Caso Odebrecht quedará sin castigo en campañas?

Las consecuencias electorales para Santos y Zuluaga, a un año de elección, pueden no llegar.

Aunque la Fiscalía confirmó pruebas para relacionar a la empresa brasileña con los entonces candidatos Santos y Zu- luaga, sería demasiado tarde para que Consejo Nacional Electoral tome decisiones de fondo.

Mientras la Fiscalía confirma que sí hubo financiación de la empresa brasileña Odebrecht a las campañas de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga para la presidencia en 2014, también se diluyen las posibilidades para que haya alguna consecuencia para ambos.

Por un lado, la Fiscalía confirmó el miércoles que envió pruebas de que esta empresa, acusada en toda Latinoamérica de corrupción, puso plata tanto para la aspiración del presidente Santos como para su rival del Centro Democrático. Sin embargo, lo hizo a tres días de vencerse el plazo para que el Consejo Nacional Electoral, CNE, sobre quien cayó la responsabilidad, tome una decisión al respecto.

De cualquier manera, este tribunal tuvo en sus manos el expediente durante cinco meses y tampoco se llegó a un hallazgo sobre los tentáculos de esta empresa en el país.

Lo preocupante es que el problema no es falta de dientes por parte de este tribunal, pues podría castigar al partido del presidente y de su principal opositor con medidas que van desde la prohibición para que presenten un candidato en las próximas elecciones, hasta que devuelvan los recursos que les entregó el Estado para sus campañas en 2014.

¿Qué falló?

Lo primero que generaba malos presagios para la investigación, cuando cayó en manos del CNE, era que su conformación de origen político pusiera en riesgo su compromiso con la búsqueda de la justicia.

De cualquier forma, de los nueve magistrados que son elegidos por el Congreso para integrar este órgano, siete son afines al Gobierno, uno más es cercano al Centro Democrático y el restante, curiosamente el único que fue retirado del caso, tiene un perfil más académico y cercano a sectores independientes.

Este mismo magistrado, Armando Novoa, separado desde marzo de la indagación, coincidió en que “el desenlace de esta investigación significa que tenemos unos órganos de control electoral inocuos, no hay controles eficaces a las campañas”.

Más allá fue el senador Jorge Robledo, reconocido opositor de los dos partidos investi-

gados, quien afirmó que “nada de esto sorprende porque el CNE es un organismo totalmente politizado, en el que cada consejero llega a la discusión con intereses propios (...) Desde el inicio se sabía que no iban a salir con nada y por eso, hasta ahora la Fiscalía decide salir tarde con resultados”.

Al margen de las inclinaciones políticas, el debate de fondo trae consigo una posible inhabilidad por parte de todos los magistrados.

Esta la explicó Fabián Acu-

ña, docente de Ciencia Política de la Universidad Javeriana: “Lo primero es que tendrían que estar viciados los magistrados, porque ocho de nueve hicieron parte alguna de las campañas que investigan”.

Acuña agregó que aunque se supone que son garantes de todo lo electoral, “tienen pocos incentivos para que sean independientes e investiguen a los partidos a los que ellos mismos pertenecen”, agregó.

Concluyó que “para terminar, tampoco se ve una plura- lidad, porque no hay representación de todos los partidos. Esto no tiene sentido, porque en la naturaleza del ente, no se puede hablar de bancadas”.

¿Qué hacer ahora?

Si el término se vence en el CNE, con las elecciones a la vuelta de la esquina, el escándalo no tendrá repercusiones para dos de las corriente más fuertes que se verán las caras en 2018.

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, argumentó que en la actual coyuntura “necesitamos una entidad autónoma, con suficiente personal para poder hacerle frente a una vigilancia, que en Colombia es muy compleja”.

Por eso, llamó a “trabajar en la reforma, que arregle de fondo al CNE. Sus miembros no pueden venir de representaciones políticas. Tenemos una autoridad partirizada que no tiene autoridad”.

¿Por qué hasta mañana?

Según lo explicó Novoa, la caducidad de la capacidad de acción se vence a los tres años después de haber ocurrido las irregularidades, es decir, de la presentación de los informes sobre los gastos de campaña. Esto significa que, como estos informes se presentaron el 15 de julio del 2014, tendrían hasta el mismo día de este año, es decir el sábado, para realizar alguna actuación.

No es fijo: CNE

Sin especificar si habrá o no un informe y cuándo se conocerá, el CNE negó que se vencieran sus términos este sábado: “No hay tesis única al respecto” y barajan los meses de octubre y diciembre como plazo definitivo para exponer sus hallazgos.

Con la contienda electoral calentándose cada día más, el tribunal concluyó con que sus pesquisas aún no se cierran.

Lo claro es que, a juicio de la Fiscalía se puede demostrar la financiación de estas campañas. Por el contrario, las investigaciones están en el congelador. Los hechos parecen repetirse: durante del mandato de Ernesto Samper, aunque la justicia comprobó que sí ingreso dinero ilegal a esta campaña, el Congreso lo absolvió en el juicio político