“Un año más de aumento de cultivos ilícitos y producción de droga. Aunque ya se conocen las usuales promesas gubernamentales y los anuncios, las cifras del fracaso son elocuentes”.
Un año más de aumento de cultivos ilícitos y producción de droga. Aunque ya se conocen las usuales promesas gubernamentales y los anuncios, las cifras del fracaso son elocuentes.
Sigue el país en la estela de crecimiento inatajable de cultivos ilícitos y de producción de narcóticos. Y si el año pasado, ante los contundentes informes de la ONU y del Departamento de Estado norteamericano, el Gobierno colombiano dijo que esa tendencia comenzaría a revertir ante el entonces inminente acuerdo de paz con las Farc, este año parece que va a acudir al mismo argumento. El acuerdo ya está firmado, se está ejecutando, y Gobierno y Farc aseguran que esa guerrilla ya no participa en las cadenas del negocio criminal.
El Informe publicado la semana pasada, que corresponde a 2016 y es elaborado por la Agencia de la ONU contra las drogas y el delito ( UNDOC), a través del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos ( Simci), señala las causas del aumento de cultivos ilícitos y de producción de droga. Entre 2015 y 2016 los cultivos de coca pasaron de 96.000 hectáreas a 146.000, 50.000 hectáreas más, para un incremento del 52 %. Solo hay tres departamentos que no tienen cultivos de coca: Caldas, Cundinamarca y La Guajira.
Las causas que identifica el Informe son varias: la cance- lación de las fumigaciones aéreas con glifosato; los estímulos o incentivos establecidos en los acuerdos del Gobierno con las Farc; el cambio de lenguaje oficial, que pasó de hablar de “cultivos ilícitos” a “cultivos de uso ilícito”, dando lugar, según la ONU, a que las comunidades den por hecho que el cultivo no está prohibido, pues lo que se penaliza es el uso posterior de la coca; y un factor al que habrá que ponerle mucha atención: la menor percepción de riesgo asociado a la actividad ilícita por parte de las comunidades que la cultivan.
Dice el Informe, sobre esto último: “se han evidenciado efectos no deseados, una percepción de menor riesgo para la actividad ilícita que en algunos casos llegó incluso a la percepción de que a través de la actividad ilícita era más fácil acceder a los servicios del Estado”. Y dice en otro aparte que los cultivadores cuentan con que, haciendo bloqueos a la fuerza pública, al final podrán seguir con su actividad.
Si hubo relajación de la política antidrogas, decisión tácita de enfocar los recursos a otras áreas, o si todo esto es atribuible a factores combinados como el aumento en el consumo de drogas en el exterior (como dice Rafael Pardo) se irá determinando con el tiempo. Lo que va quedando claro es que durante la Administración Santos ha habido ambigüedad frente a la lucha antinarcóticos y posiblemente esos mensajes en contravía (incluyendo alusiones a una futura legalización, como se inició con la marihuana para “uso medicinal y científico”) crearon confusión en la Fuerza Pública. Las negociaciones de paz tuvieron mucho qué ver con esta dispersión de políticas. Otro factor que se suele soslayar pero la ONU ahora remarca es que el consumo interno de estupefacientes ha aumentado de forma alarmante.
Tal como recordó el embajador de Estados Unidos, Kevin Whitaker, en su entrevista a EL COLOMBIANO este fin de semana, el Congreso de Estados Unidos requiere, para aprobar ayudas internacionales, que se emita una certificación sobre la eficacia de los programas contra el narcotráfico en el país receptor de la cooperación. Serios aprietos va a tener el actual Gobierno, máxime cuando las cifras son tan elocuentes que los discursos y promesas van a servir para poco