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El actual modelo de contratación para obras públicas no sirve; ya está obsoleto. Así lo sostiene la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), capítulo Antioquia, gremio que analizó un común denominador en varios proyectos que se han realizado en Medellín en los últimos años: “todos los contratos fueron ampliados, tanto en plazo de ejecución —tiempo que demora la obra—, como en presupuesto —adiciones de capital—.

Para argumentar esta conclusión, la CCI, por iniciativa propia, contrató un estudio para analizar cómo fue el proceso de contratación y constructivo de tres obras del proyecto de Valorización de El Poblado: el paso a desnivel de la transversal Inferior con la loma de Los Balsos, el paso a desnivel de la transversal Superior con la vía El Tesoro y el paso a desnivel de la transversal Superior con calle 10.

Los resultados fueron preocupantes: “poca preinversión, mala planeación, presupuestos oficiales de diseño insuficientes, tiempos imposibles de cumplir. Se restringió la fase exploratoria, lo que derivó en estudios insuficientes. En los pliegos de condiciones para la construcción, las experiencias exigidas no fueron alineadas con el alcance contractual y, en general, fueron bastante laxas. La construcción se contrató años después de terminados los diseños y los mismos no se actualizaron previamente”, entre otros.

José Fernando Villegas, director ejecutivo de la CCI Antioquia, manifiesta que “estamos operando al paciente sin hacerle exámenes previos”.

“Un gran problema que tiene hoy el desarrollo de las obras es que hacemos muy poca preinversión; no están bien estudiadas ni estructuradas. Los estudios son ridículamente superficiales. Antes de arrancar la construcción, los expertos recomiendan que se debe invertir entre el 3 y el 5 % del presupuesto en la etapa de estudios previos para que las obras salgan bien. En la mayoría de las obras por valorización, los estudios previos estaban entre el 1,4 % (Inferior con Balsos), 2,1 % (Superior con el Tesoro) y 1,3 % (Superior con la 10)”, explicó Villegas, quien agregó que el modelo actual de contratación permite todo tipo de malas prácticas y vicios en los procesos.

Otro caso reciente

No solo fueron las obras de valorización de El Poblado; hay muchos ejemplos que también sirven para apoyar la tesis de la CCI. Este año EL COLOMBIANO registró uno que le costó mucho a la ciudad.

Oceisa fue la empresa que ganó la licitación de Empresas Públicas de Medellín (EPM) para el traslado de redes de acueducto y alcantarillado necesario para ejecutar la etapa vial y urbanística de la etapa 1B del proyecto Parques del Río.

Los trabajos debían ejecutarse entre mayo de 2016 y marzo de 2017; sin embargo, el 26 de marzo de este año, cuando las obras debían alcanzar el 100 %, el contratista solo llegó al 20 %; aunque no solicitó adición presupuestal, sí pedía otros seis meses para terminar.

Hubo excusas de lado y lado: el rediseño de unos cruces de conducción, una nueva cimentación y la interferencia con redes que no se visualizaron en planos, habrían sido la causa por la cual Oceisa no pudo cumplir con el plazo. Por su parte, EPM, sostuvo que el contratista no utilizó un tiempo requerido para investigación.

¿Qué tocó hacer? EPM se acogió a la figura de urgencia manifiesta para poder realizar contratación directa con oferta única y así tener un nuevo contratista que se encargara de las obras restantes. En abril aceptó la oferta de la Comercializadora S& E para continuar el traslado de redes. El contrato prevé un plazo de ejecución de 210 “Desde la SAI pedimos que revisen los procesos licitatorios y que no se adjudiquen los proyectos simplemente porque presentaron la oferta más barata. Los entes territoriales deben fijarse en las capacidades de ejecución y que no les implique mayores costos estar en el lugar de la obra. Antes de adjudicar, el dueño del proyecto debe saber si la compañía tiene la capacidad de asumir las responsabilidades de la licitación a la cual se presentó. No puede ser que se presenten para ganar un contrato y que no calculen algo tan elemental como el costo de desplazarse de una ciudad a otra. Evaluar perfil y experiencia”.

días y un valor aproximado de 37.407 millones de pesos.

Conclusión, como diría la CCI, no se cumplió el plazo y hubo una millonaria adición presupuestal. Mientras tanto, la zona más importante de eventos y convenciones de la ciudad, Plaza Mayor y el teatro Metropolitano, tiene bloqueada desde hace 14 meses su principal acceso vial.

Papel del interventor

Otra conclusión de la CCI que descalifica el actual modelo de contratación, es que las interventorías cumplen un papel más administrativo que técnico, con escasos aportes de ingeniería.

“Hoy, el papel de las interventorías es absurdo. Se supone que son para ayudar a to-

mar decisiones técnicas, pero se limitan al tema administrativo; me atrevo a decir que el aporte en ingeniería es nulo. De no ser así, no hubieran admitidos los cambios en los diseños en las obras de Valorización, o habrían detectado a tiempo los errores de construcción”, subraya Villegas.

Cambiar el modelo

En este sentido, la CCI Antioquia insiste que no podemos seguir con los modelos de contratación que tenemos y que la ciudad necesita tener una entidad especializada en esta materia.

“El modelo actual es perverso, tiene más de 35 años; las condiciones han cambiado. Se requieren ajustes para que exista mayor compromiso de las partes con el cumplimien- to del plazo y el presupuesto pactado. Es el momento de sentarnos a reflexionar y proponer”, aseguró el director ejecutivo de la CCI Antioquia.

Villegas propone tener como ejemplo a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que paga cuando la obra ya está en operación, cuando ya existe una unidad funcional; “así al contratista le duele la obra y la saca adelante en el plazo contractual y con los costos establecidos”.

Además, desde la CCI Antioquia quieren promover la creación de una mesa interinstitucional, que tenga reuniones periódicas —preferiblemente mensuales—. Copiar lo que hizo el Gobierno Nacional cuando Germán Vargas Lleras asumió, desde la vicepresidencia de la República, el desarrollo de la infraestructura del país. Él creó un grupo que, una vez al mes, sienta en Bogotá a Hacienda, Planeación, Anla (licencias ambientales) Invías y la ANI. Allí evalúan todos los aspectos necesarios para sacar adelante cualquier proyecto