EDITORIAL
Pocos cambios ministeriales para el último año de su Gobierno hizo el Presidente, quien prefirió hacer mayores reajustes en las entidades de segundo nivel. Gestión en el ICBF, gran dilema.
“Pocos cambios ministeriales para el último año de su Gobierno hizo el Presidente, quien prefirió hacer mayores reajustes en las entidades de segundo nivel. Gestión en el ICBF, gran dilema”.
Casi dos semanas después de haber solicitado la renuncia protocolaria a su equipo del alto Gobierno, el presidente Juan Manuel Santos definió los cambios y relevos, que a nivel ministerial se limitarán a cuatro carteras, pero que en otros institutos o altas consejerías tendrán mayores modificaciones.
La víspera (el pasado lunes) anunció la sorpresiva renuncia del Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, y la rotación de este con el actual embajador de Colombia en Bélgica y la Unión Europea, Rodrigo Rivera, quien viene a asumir ese cargo. Jaramillo Caro siempre fue explícito al abordar la diferenciación de complejidades entre las negociaciones de paz propiamente dichas, y la posterior gestión del posconflicto con las guerrillas desmovilizadas. Esta última le corresponderá al hasta ahora embajador Rivera, ex ministro de Defensa por corto tiempo en la primera Administración Santos.
En sus anuncios del martes, el presidente hizo elogios de los funcionarios que salen de sus cargos, salvo de dos, a quienes se limitó a citar por sus nombres: Jorge Rojas, hasta ahora ministro de Transporte, y Alan Jara, director de la Unidad Nacional de Atención y Reparación de Víctimas.
El primero estuvo poco más de un año en el cargo. El Ministerio de Transporte ha tenido en este Gobierno varios titulares, pocos de ellos relevantes, y durante un tiempo se adscribió al control del entonces vicepresidente Germán Vargas Lleras, siendo los ministros, en la práctica, viceministros. La parte operativa, planificadora y contractual corresponde hoy a entidades como el Invías y la Agencia Nacional de Infraestructura. Los ministros deben lidiar con paros camioneros con muy desigual suerte, y ninguno ha tenido la fortaleza política para definir, por ejemplo, la operación en el país de plataformas como Uber.
De la Unidad de Víctimas sale Alan Jara debiendo mu- chas explicaciones sobre temas que hoy tienen ante la Fiscalía a excolaboradores suyos de la Gobernación del Meta. Ninguna valoración sobre su gestión hizo el presidente Santos, quien nombra allí a Yolanda Pinto, como representante del partido liberal. Bien importante es esta Unidad, que requiere una dirección juiciosa, sin estridencias ni ansias de protagonismo político.
El nombramiento de María Lorena Gutiérrez en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es positivo por ser ejecutiva de comprobada capacidad, además de permitir su reingreso al círculo presidencial, bien necesitado de coordinación y asesores que sepan decir lo que se requiere, más que lo que complazca.
El Ministerio de Vivienda, ejecutor de uno de los únicos programas que en las encuestas obtienen aprobación mayoritaria de la población, se ha ido reduciendo a quedar como entidad escriturada a un clan político de la Costa Atlántica. Su titular podrá dedicarse a hacer política u optar por retomar una gestión de visible impacto económico y social.
El Ministerio de Agricultura queda en veremos, a la espera de nuevo ministro. Ha sido uno de los de peor suerte en este Gobierno. Ha tenido ministros de tres meses y otros que, como el saliente, van por el país repartiendo promesas sin fin.
Muy extraño el relevo en el ICBF. Dura tarea la de Cristina Plazas, y decidida su lucha contra la politiquería dueña del ente durante décadas. No se sabe qué irá a pasar con esa entidad, una de las de mayor presupuesto del Estado