¿TRIBUNALES DE LA INQUISICIÓN SIGLO XXI?
Con la suscripción del Acuerdo con las Farc nació la Jurisdicción Especial para la Paz – JEPP- independiente y extraña a nuestro sistema judicial. Para las Farc, los jueces de la República no ofrecían las garantías necesarias para el juzgamiento de los delitos que cometieron durante 50 años, en algunos casos de naturaleza política y en otros de lesa humanidad, o comunes como el narcotráfico. Por ello, el Gobierno accedió a la creación de esta justicia a su medida, pero contra toda lógica, fue más allá. La competencia de la JEPP se extendió no solo a los actos de las Farc, sino a los de los militares, y los particulares que directa o indirectamente hubiesen participado del conflicto.
El proceso de paz y el manejo que le dio el Gobierno en la campaña a la reelección, dividió a la sociedad. Desafortunadamente el presidente desaprovechó varias oportunidades que tuvo para dotar de legitimidad y aceptación social los acuerdos. La más importante de ellas, el resultado del Plebiscito del 2 de octubre. En los días posteriores el Gobierno contó con nuestra disposición y la de todas las fuerzas políticas para confeccionar un nuevo acuerdo que consultara la inserción de la justicia en el sistema institucional y priorizara los derechos de las víctimas. Sin embargo, desatendió el dictamen de las urnas y firmó a las malas un supuesto nuevo acuerdo que, en términos esenciales, era idéntico al inicial.
La paz en una sociedad pasa especialmente por su capacidad, a través de las instituciones, de resolver los conflictos que se presentan y asegurar el acatamiento de todos a la ley de tal forma que las decisiones que se adopten sean aceptadas por todos, aumentando la confianza ciudadana.
La JEPP no se puede convertir en un tribunal de la inquisición para legitimar una cacería de brujas en contra de la sociedad. Los voceros de las Farc han indicado en diferentes oportunidades que esa jurisdicción no es solo para los guerrilleros, sino para toda la sociedad, el Ejército, la Policía, la cúpula política, los ministros, los medios de comunicación y los empresarios.
En ese escenario, sin la legitimidad del voto ciudadano por los acuerdos y ante la aceptación de esa Justicia por la Corte Constitucional, es indispensable insistir en que se debe garantizar el correcto funcionamiento de la JEPP y la probidad y calidades de los magistrados que la compondrán. Al conocer ese punto del acuerdo, insistimos en la necesidad de que quienes ocupen esos cargos, sean ciudadanos de las más altas calidades jurídicas, sin tacha alguna, desprovistos de sesgos ideológicos de izquierdas o de derechas y sujetos a un régimen estricto de inhabilidades e incompatibilidades.
Por estos días se adelanta el proceso de escogencia de los magistrados de los diferentes órganos de la JEPP. La legitimidad de las decisiones que adopte ese tribunal, la estabilidad del proceso de paz y la estabilidad de la Nación , dependen en gran medida de la confianza que brinden a la sociedad las personas que, como jueces, juzgarán los actos de quienes participaron del conflicto. El país no está para tribunales de la inquisición