Ultimátum para agilizar la justicia para la paz
Hay cerca de 5 mil personas, entre miembros de las Farc y militares, con actas de libertad condicionada.
El tatequieto del Consejo de Estado a las demoras de la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz para dar respuesta a las personas que quieren postularse a esta justicia transicional, hará que en los próximos días muchas más personas puedan acceder a los beneficios de libertad condicional.
De acuerdo con la providencia del Consejo de Estado, la Secretaría tendrá 15 días para dar respuesta a las solicitudes, ya no podrá tardar varios meses como lo venía haciendo bajo el argumento de no tener “plazos establecidos”.
Aunque se han presentado demoras y varios miembros de la Fuerza Pública, de las Farc y terceros involucrados en el conflicto armado esperan respuesta, ya son muchas las soluciones que se han dado.
Según el informe presentado por el secretario de la JEP, Néstor Raúl Correa, ya 2.240 personas, entre ellos 1.658 guerrilleros y 582 militares, han recibido amnistías de iure (delitos políticos y conexos como rebelión, asonada, uso de prendas de uso privativo de las fuerzas armadas y sedición), libertad condicionada o han sido trasladadas a las zonas veredales.
La JEP informó que se han suscrito unas 3.105 actas de libertad condicionada para las Farc equivalentes a un 93%, ya que hay 3.336 reconocidos en las listas oficiales; y 1.571 para miembros de la Fuerza Pública, que equivale a un 90%, de los 1.729 reconocidos por el Ministerio de Defensa.
Los que entran y los que no
Someterse a la JEP para recibir los beneficios jurídicos acordados entre el Gobierno y las Farc, a cambio de decir la verdad, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición es una oferta tentadora. Ello lo demuestra la cantidad de soli- citudes que recibe a diario la Secretaría Ejecutiva.
Muchas personas condenadas o involucradas en procesos judiciales han pedido entrar a la JEP, algunos no lo han logrado como Andrés Felipe Sepúlveda, el hacker que chuzó el pro- ceso de paz; Diego Palacio, exministro de la Protección Social, quien está condenado por cohecho en el caso de la “Yidis política”; el teniente coronel Hernán Mejía Gutiérrez, condenado por falsos positivos y Mario Jaimes Mejía, alias “el pana- dero”, paramilitar que perdió los beneficios de Justicia y Paz.
Los argumentos han sido diversos, desde líos en el trámite, como un documento mal diligenciado, hasta que sus delitos no hacen parte del conflicto armado.
Los que sí lograron acogerse esperan desde su lugar de residencia, o zona veredal para el caso de los miembros de las Farc, que se organice todo el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y puedan responder ante el Tribunal de Paz por los hechos que se les acusa .
Se destacan, por ejemplo, el general Jaime Uscátegui, condenado por la masacre de Mapiripán; el general Henry Torres Escalante, condenado por falsos positivos; Ely Mejía Mendoza, alias “Martín Sombra”, el carcelero de las Farc; Raúl Agudelo, “Olivo Saldaña”, condenado por las falsas desmovilizaciones del Bloque Cacica La Gaitana; Herminsul Arellán Barajas, “Pedro”, responsable del atentado al Club el Nogal y Marilú Ramírez Baquero, “Mata Hari”, guerrillera que se infiltró en la Escuela Superior de Guerra y facilitó la explosión de un carro bomba.
¿Habrá tiempo?
La JEP entrará en funcionamiento el próximo año cuando se hayan instalado en sus puestos los magistrados (ver radiografía) y todo el engranaje administrativo esté listo. Se espera que fun- cione por 10 años, por eso el reto de investigar y juzgar a más de 2.000 personas, que podrían llegar a ser más de 5.000, es bastante ambicioso.
“La JEP deberá estar suficientemente respaldada en lo administrativo para poder cumplir con el plazo”, anotó Francisco Barbosa, profesor del Externado.
En cambio, David Suárez, docente de Derecho Constitucional de Eafit, consideró que es muy difícil cumplir con el tiempo, porque será necesario que condiciones logísticas, técnicas, financieras y sistemas de información se articulen, y que los investigados colaboren con confesiones y con verdad.
Para Suárez, hay que tener en cuenta que en la justicia colombiana hay casos que duran 8 años en resolverse, igual ocurrirá en la JEP.
Sin embargo, aunque será difícil, el profesor Suárez comenta que hay que priorizar y que la tarea más importante de la JEP debe enfocarse en los 30 o 35 casos más graves de miembros de las Farc y el mismo número de miembros de la Fuerza Pública, que será finalmente, la única posibilidad de dar con la verdad