EDITORIAL
Si gran número de senadores prefirieron otros asuntos en vez de estar presentes en el debate de control por la violencia contra la mujer, el país sí debe atender, y ya, este enorme problema.
“Si gran número de senadores prefirieron otros asuntos en vez de estar presentes en el debate de control por la violencia contra la mujer, el país sí debe atender, y ya, este enorme problema”.
Luego de muchos intentos y de programaciones frustradas de agenda, en la plenaria del Senado se citó un debate de control político, en el cual senadoras de varios partidos y movimientos políticos presentaron, el pasado martes, el estado actual de la violencia -en sus múltiples formas- contra las mujeres en Colombia.
Lo que desafortunadamente ha sido noticia es que a medida que fueron pasando los minutos, los senadores fueron retirándose del recinto. Según el reporte de la agencia Colprensa, “pasadas las 8:00 de la noche no había ninguno de los senadores de Cambio Radical, como tampoco del Partido Liberal. La bancada que sí tenía la mayoría de sus senadores fue el Centro Democrático; mientras que en otros partidos como el Polo solo había dos; un conservador, uno de los verdes, dos de la U y un indígena”.
Un problema gravísimo que concierne no solo a la mitad de la población (las mujeres potencialmente víctimas), sino a todo el país, fue desestimado por tantos senadores, sobre todo los varones, que o no asistieron o solo fueron para contestar el llamado a lista. Vicio consuetudinario, pero que, en manos de los electores que quieran realmente definir cosas en las elecciones del año entrante, podría tener sanciones mediante el voto.
Sin embargo, a pesar de esa ausencia de parlamentarios, las senadoras citantes presentaron la cruda realidad que todo el país debe conocer, denuncias frente a las cuales los funcionarios del Gobierno contestaron de manera más bien difusa.
Se recordaron en el debate datos tan desalentadores como estos: el 72 % de las mujeres sufren violencia sicológica; cada cuatro días una mujer es asesinada por su pareja o expareja; cada 12 minutos alguna es agredida también por sus parejas o exparejas; cada 28 minutos hay una que es víctima de violencia sexual.
Y el dato más alarmante: la impunidad ronda el 96 por ciento de los casos. El sistema institucional, en particular el judicial, no atiende a las víctimas ni castiga a los agresores. Las falencias estatales alcanzan a que, por ejemplo, en el 80 por ciento de los municipios colombianos hay casos de violencia contra las mujeres y en más del 80 por ciento de ellos no hay programas de política pública para prevenir estas violencias ni para atención a las víctimas.
A pesar de que hay una Comisión Intersectorial donde participan 15 entidades estatales (seis ministerios, el ICBF, Planeación Nacional, etc.), no hay, según denunció la senadora Claudia López, quién lidere esta política pública. Hay 11 mil millones de pesos que deberían destinarse a la atención a mujeres violentadas, y no se han ejecutado, por contraposición de interpretaciones normativas.
Con independencia de sus corrientes ideológicas y políticas, hace muy bien su labor el bloque de congresistas (senadoras y representantes a la Cámara) que no deja de lado este agudo problema de violencia, calificado allí como pandemia, y lo harán todavía mejor si su control político es constante, persistente. De esa forma llegará el momento en que el país todo asuma como compromiso moral la condena de toda violencia contra las mujeres, erradicándola de plano, y que los gobiernos tengan la obligación de mostrar resultados y acciones eficaces, lejos de estos discursos gaseosos y pobremente retóricos como los que se escucharon en el debate del martes