El Colombiano

Los vacíos en la entrega de bienes de las Farc

- Por JAVIER ALEXANDER MACÍAS ROBINSON SÁENZ

Impunidad para los testaferro­s y reparación a las víctimas son las principale­s dudas de lo que pasará con los enseres de esa guerrilla.

El plazo está a punto de cumplirse. El próximo 15 de agosto las Farc deberán haber entregado la lista de todos los bienes para establecer la ruta de lo que se hará con ellos y si estarán disponible­s para la reparación de las víctimas por los daños sufridos en el conflicto armado.

A cinco días de conocerse este inventario, es más la incertidum­bre que las certezas sobre los activos que el grupo guerriller­o deberá entregar.

Las dudas comienzan con dos puntos esenciales que fueron objeto de discusión en la Corte Constituci­onal y que hacen parte del decreto 903 de 2017 que regula esos activos: el primero, la impunidad para testaferro­s de las Farc al desconocer­se en manos de quién estarían los bienes ilícitos de esa guerrilla, y que después de entregado el listado, “no cabrá acción penal alguna por conductas cuyos actos de ejecución hayan ocurrido antes de la entrega del inventario”.

El segundo, la creación de un fondo o patrimonio autónomo que servirá para reparar a las víctimas, pero también para brindar insumos a los proyectos productivo­s de los desmoviliz­ados de las Farc así como fondos para el centro de pensamient­o y formación política del nuevo partido.

Se hicieron observacio­nes

Las primeras alertas fueron lanzadas por el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien en la audiencia pública en la Corte Constituci­onal solicitó condiciona­r el decreto y que estos bienes pasen por una extinción de dominio para realizar un sa- neamiento patrimonia­l.

Martínez respondió a EL COLOMBIANO que la entidad investigad­ora contrastar­á la informació­n que posee la Fiscalía con la que entregarán las Farc, “y vamos a asegurar que esos patrimonio­s no vayan a estar dispuestos contrarian­do el orden constituci­onal que obliga a que sean objeto de extinción de dominio”.

En esa misma línea, el pro- curador, Fernando Carrillo, insistió en que privatizar el fondo al que irán los bienes “es un lujo que no se pueden dar”, y debe dejarse claro que como son activos de orígenes indebidos no los están devolviend­o al Estado, no es una donación de las Farc, y entregarlo­s es su obligación para buscar la reparación.

¿Y las víctimas qué?

Los reparos no solo llegaron de la Fiscalía y la Procuradur­ía. Víctimas de la guerra con esa organizaci­ón insurgente solicitaro­n que la reparación sea prioritari­a para ellos, pues en el Acuerdo con las Farc quedó establecid­o que los afectados estarían en el centro de los diálogos y la implementa­ción.

Para Bertha Lucía Fries, afectada por las Farc en el atentado del club El Nogal el 7 de febrero de 2003, la repara-

ción debe estar en el primer escalón del Acuerdo.

“Nosotros (las víctimas) no estamos en el centro. Llevamos 14 años en los que no nos han entregado nada. Pedimos que lo que vayan a entregar lo hagan directamen­te a nosotros, sea un cheque o un dinero, pero que seamos primero”.

Bertha expresa que está de acuerdo con que les brinden apoyo a los desmoviliz­ados para hacer proyectos productivo­s, pero insiste en que los civiles “debemos ser primero”.

En respuesta a las víctimas, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, le pidió a la Corte Constituci­onal que avale el decreto de ley 903 de 2017 con el cual se regula todo lo relacionad­o con la entrega de bienes, porque cumple con los preceptos de reparación.

“La entrega de los bienes por parte de las Farc para la reparación de las víctimas se ajusta a sentencias que señalan que la obligación de reparar correspond­er, en primer lugar, a los responsabl­es”, fueron las palabras de Gil.

El monto total de los bienes aún es un secreto para el país. El próximo martes las Farc deberán entregar la lista a a la Misión de Observació­n de la ONU, lo que se considera el penúltimo paso para convertirs­e totalmente en una organizaci­ón legal y política

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FOTO En San Vicente del Caguán hay fincas (foto de 2012) señaladas de pertenecer a comandante­s de las Farc.

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