ENCRUCIJADA
Para 2018, según cálculos del Ministerio de Ambiente, se requieren $836.416 millones en inversión, pero el Gobierno solo asignó $251.746 millones.
Los pendientes ambientales del gobierno del presidente no son menores: bajar los índices de deforestación, conseguir que 26 millones de hectáreas estén protegidas a diciembre de 2018, frenar la minería ilegal, delimitar 37 páramos y cumplir con uno de los varios compromisos que adquirió al suscribir el Acuerdo de París, como, por ejemplo, reducir los Gases de Efecto Invernadero en 20 %. Con el presupuesto actual, esto parece una tarea imposible.
Y no es todo. También tendrá que avanzar en la conservación de cerca de 50 “bosques de paz” que corresponden a 12.500 hectáreas. Además, este año se comprometió a erradicar los cultivos de coca en algunos Parques Naturales Nacionales, como en los Farallones y Catatumbo.
Pues bien, para cumplir con estos y otros desafíos, Santos le asignó a esta cartera un monto de inversión de 251.746 millones de pesos para 2018. Esto significa que habrá una reducción en su billetera de 44 % (ver gráfico). Según los cálculos del mismo Ministerio, para poder sacar los proyectos centrales, que el país requiere, se necesitan 584.669 millones de pesos más de lo que se le está asignando hoy.
Esta reducción les preocupa no solo a los investigadores y científicos, sino también al ministro al Ideam y a Parques Nacionales. Además, porque como lo dijeron directora del Instituto Alexander von Humboldt, y el exministro
con esta decisión hay un contradiscurso en materia ambiental.
“Esto me preocupa mucho porque Santos ha sido vehemente y comprometido con proyectos claros como el de crecimiento verde, el aumento de áreas protegidas y las obligaciones internacionales que se adquirieron”, dijo a EL COLOMBIANO.
Santos siempre enfatiza que su Gobierno es muy ambiental y ha estado empeñado en crear nuevas reservas, así lo manifestó Rodríguez, quien indicó que por eso este bajón presupuestal no es coherente con sus promesas: “es contradictorio buscar crear nuevos parques nacionales y no aumentar en forma considerable los recursos para darles una buena protección a todos esos territorios”.
Y entonces, ¿cuál ha sido el discurso ambiental de Santos? Para empezar, el 7 de agosto de 2010, durante su posesión, se comprometió con algo que no deja de ser una perogrullada: “Somos una de las naciones con mayor diversidad biológica y con mayor riqueza hídrica. Estamos llamados a conservarlas. Trabajaremos para pagar esa deuda impostergable”. Ese mismo día, anunció la creación del Ministerio de Ambiente.
En mayo del año pasado, durante la posesión de Murillo, volvió con las promesas: formular 60 planes de ordenamiento y manejo de cuencas, declarar tres sitos Ramsar (Convención que protege los humedales en todo el mundo), articular el sistema ambiental con las corporaciones y con todos los institutos de investigación e intervenir las zonas afectadas por el conflicto armado a través del Anla. Insistió en la delimitación de páramos y en la conservación de los parques nacionales.
“El manejo de las cuencas se está volviendo cada vez más importante por aquello del agua: si no protegemos las cuencas, van a desaparecer. Y nuestros nietos y bisnietos y las generaciones venideras sufrirán las consecuencias”, dijo.
Las contradicciones
Una de las funcionarias que durante la última década ha estado al frente de la conservación de los territorios, es la directora de Parques Nacionales Naturales, quien confesó que toda la semana fue de oficina en oficina mirando cómo hacer para que esas cifras cambien y por eso afirmó que es “terrible” la reducción que se plantea en el presupuesto.
“Nosotros habíamos hecho un cálculo y requeríamos una inversión cercana a los 110.000 millones de pesos y nos asignaron muchísimo menos, no más de 40.000 millones”, sostuvo.
Entonces, con el fin de saber cómo será su 2018, Miranda hizo el ejercicio de las cosas que tendrá que dejar de hacer para que la plata le alcance. Se reducirán, sustancialmente,
todos los acuerdos que hacen con las comunidades locales. Quedará en cero el mantenimiento de la infraestructura de los parques y el apoyo de los guardabosques. También se impactarán los recorridos de control y vigilancia, se quedará sin recursos el saneamiento predial y la investigación científica.
¿Y qué pasará con la declaratoria de más áreas protegidas? Pues Miranda señala que aunque sabe que esta es una megameta de Gobierno, es en lo que hay una contradicción. “Mire, llevamos pidiendo, desde hace muchos años, la planta de personal para los parques que declaró el presidente Santos y para los nuevos que tenemos que declarar y no me han dado recursos para eso. Me han dicho que debo presentar un proyecto de inversión. Solo necesitamos 22.000 millones de pesos”.
La defensa que hace Miranda para conseguir el presupuesto no solo se basa en que tiene en sus manos la conservación del agua del país para el consu-
mo doméstico y para la generación de energía eléctrica, sino que están garantizando, desde Parques Nacionales, un punto del Producto Interno Bruto.
¿Qué sigue?
Solo hay una opción: esperar que el Congreso empiece el debate y, literalmente, se apiade en la ley de presupuesto que apruebe para 2018. “Mi única esperanza es que los recursos ambientales estén dentro del presupuesto de la paz. No veo otro camino. Este recorte para nosotros los investigadores implica quedarnos en la nevera, porque tiene repercusiones muy delicadas en la cooperación internacional, en compromisos de largo aliento como los de cambio climático”, dijo Baptiste.
Las apuestas del sector, señaló, no pueden financiarse
solamente de los aportes del sector privado o con las ONG internacionales. “Es básico, hay que hacer un ejercicio de soberanía ambiental que requiere unas inversiones mínimas”, subrayó.
Lo único que queda, señaló casi que a manera de súplica, es esperar que el Congreso revise esta decisión de Gobierno y entienda que aunque esta es “una apuesta invisible a la luz de esas grandes vías, el país debe tener un porcentaje para la gestión ambiental de calidad. Hay que entender eso”