EDITORIAL
Salvo los altos magistrados, hay casi unanimidad en abogar por la reforma urgente a la justicia. Un camino que se topa con toda clase de obstáculos. ¿Solo queda la constituyente?
“Salvo los altos magistrados, hay casi unanimidad en abogar por la reforma urgente a la justicia. Un camino que se topa con toda clase de obstáculos. ¿Solo queda la constituyente?”.
Para quien no haya estado atento a la realidad colombiana de la última década, podría parecer que las noticias publicadas esta semana sobre tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia son el primer hecho que cuestiona la ideoneidad moral de algunos de los personajes que han accedido a los más altos cargos de la judicatura. Pero para los colombianos que tienen memoria, los hechos cuestionables por parte de magistrados no son nuevos. Uno de los problemas es que no hay quién investigue en serio las denuncias.
El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, al enterarse de los hechos que involucrarían a los exmagistrados José Leonidas Bustos, Francisco Javier Ricaurte y Tarquino Pacheco en movimiento de dineros para decidir fallos en determinado sentido –asunto que debería dilucidarse judicialmente, pues lo que hay hasta ahora son indicios derivados de unas grabaciones y testimonios de terceros–, lejos de defenderlos, pareció corroborar las sospechas al repetir la manida frase de que “la corrupción hizo metástasis”.
En este caso ya se habla de posibles delitos. Antes el país había sido testigo de comportamientos indecorosos, de pésima presentación (los cruceros por el Caribe de una expresidenta de la Corte Suprema mientras los expedientes se acumulaban, los abusos de poder del hijo de otro presidente de esa Corte, magistrados con sus caravanas incumpliendo normas de tránsito), y así hasta llegar al caso de Jorge Pretelt Chaljub, donde también se habló de dineros a cambio de sentencias pero en el cual la presión política y la actitud ambivalente de sus colegas acusadores veló lo que debió haber sido una investigación judicial imparcial.
Por eso nadie, salvo los propios magistrados, duda de que hay que abordar reformas, ya inaplazables, a la justicia, que incluya los requisitos para ser magistrados de alta corte. Y establecer el mecanismo de investigación y juzgamiento, tantas veces saboteado por los miembros de estas corporaciones jurisdiccionales, cerrados en la defensa de sus intereses de gremio. Recuérdese cómo la Corte Constitucional salió con el extravagante argumento de que establecer un sistema de investigación independiente atentaba contra el equilibrio de poderes y sustituia la Constitución. Rompi- miento de equilibrio de poderes es tener uno sin controles y sin que sus miembros puedan ser siquiera investigados, al darse por descontada la inoperan- cia absoluta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
¿ Será, entonces, que la única vía es la convocatoria a una asamblea constituyente? No hay que irse hasta el país vecino para tener toda clase de reparos, sino a la propia historia constitucional colombiana, en especial 26 años atrás. Lo primero que hizo la constituyente de 1991 fue declararse soberana y sin sujeta a limitaciones de temario. Revocó un Congreso, lleno de parlamentarios venales pero elegido democráticamente. ¿ Qué garantías habría ahora de que otra constituyente no quebrará todos los límites, máxime cuando, con la introducción forzada al bloque de constitucionalidad de los acuerdos con las Farc, nadie sabe cuáles son los pilares que quedaron firmes en la estructura constitucional colombiana?
La reforma a la justicia requiere un cauce, pero este se ve lleno de obstáculos. Si hubiere certeza de una constituyente acotada, de corto período y composición selecta sería una vía plausible. Pero nada garantiza que sea ella posible, cuando además ya hay tanto antecedente inmediato de desconocimiento de las voluntades de la mayoría en favor de pretensiones de grupos minoritarios, pero con capacidad de chantaje en la defensa de sus intereses