Altavista, un recorrido por dentro
Las balaceras entre combos delincuenciales ajustan tres meses, pese a la intervención de las autoridades.
Ese sector del occidente de Medellín sufre una violencia cíclica que parece no acabar. Crónica desde sus calles, donde hay zozobra y miedo.
Cada vez que en el vecindario se prende la balacera, la abuela Carmina* se aleja de la ventana, por donde ya se han colado proyectiles. Agarra el teléfono y se refugia en su cuarto, a llamar uno por uno a los hijos que residen en la zona. Quiere confirmar que no estén en la calle, y si lo están, que aún vivan.
Su nieto de cinco años le dice que “si siguen dando bala, nos van a matar”. Y ella le contesta, entre el ruido de los cañones: “no, ellos se matan entre ellos. ¿Por qué a nosotros, si no tenemos nada que ver en el conflicto?”.
La zozobra de esta escena se ha repetido cada día, cada madrugada o noche, durante los últimos tres meses, en su casa de Los Cerezos y otras más de ocho barrios en el corregimiento Altavista y la frontera con Belén, en el suroccidente de Medellín.
Los habitantes de este sector conviven desde hace una década con bandas que, en la búsqueda del control territorial, el cobro de extorsiones y las venganzas, provocan rachas de violencia con relativa frecuencia, a pesar de las medidas de las autoridades.
La crisis más reciente empezó en junio y a la fecha deja 14 muertos, dos paros de buses, dos rectores de colegio y el alcalde amenazados, deserción escolar de 200 niños y 80 desplazamientos forzados.
Durante la última semana, EL COLOMBIANO recorrió las calles de Buenavista, Nuevo Amanecer, Las Palmas, La Unión, Zafra, La Lágrima y El Concejo, los vecindarios más afectados por los tiroteos.
“Yo no me voy”, cuenta Amaranta*, mientras enhebra la aguja en su hogar de Buenavista, “porque en todos los barrios hay combos y los de aquí por lo menos me conocen”.
Crimen “desorganizado”
La problemática no afecta a todo el corregimiento, sino a las veredas Altavista Central y La Esperanza, que representan el 25% del territorio. Allí delinquen, separados por pocas cuadras, los combos “Mano de Dios”, “los Chivos”, “la Lágrima”, “la Esperanza”, “Buenavista”, “los Pájaros”, “Zafra” y “las Brisas”, según la Policía.
Desde la visión criminológica, las acciones de grupos externos a Altavista terminaron por desestabilizar la repartición del negocio ilegal y del territorio acordada por las facciones locales.
La estructura “los Urabeños”, también llamada “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” (AGC) o “Clan del Golfo”, tiene influencia en el vecino corregimiento de San Antonio de Prado, en la parte alta de Altavista y La Sierra, al otro extremo de la ciudad. Desde estos puntos está enviando personal y recursos para apoyar la ex- pansión de los combos “Mano de Dios” y “la Lágrima”, lo que ha producido choques contra “los Chivos” y “la Esperanza”.
Residentes comentan que cerca de 40 jóvenes llegaron de La Sierra y Belén Rincón para encender más la confrontación.
Algunos de los crímenes ligados al pleito son el asesinato en Nuevo Amanecer de un adolescente de 17 años, apodado “Jampi”, cuya muerte ejecutada el 5 de junio generó violentas retaliaciones; y el doble homicidio de un joven de 18 y una niña de 14 al día siguiente, en La Esperanza.
Este no es el único conflicto identificado en el área. La “Odín Robledo” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), una subestructura de la banda “la Oficina” que opera en el occidente de la capital antioqueña, brindaba apoyo al combo “los Pájaros”.
Según investigadores judiciales, esa sociedad se acabó y ahora “Robledo” confronta a “los Pájaros” por medio de los grupos de “Zafra” y “las Brisas”. Una expresión de este choque fue la muerte de dos supuestos jíbaros el 5 de agosto, quienes fueron acribillados dentro de una casa en Zafra.
Es de tal gravedad la situación, que en los vecindarios se habla de un intento de alianza entre “los Pájaros” y “los Chivos” - enemigos jurados - para enfrentar juntos las amenazas externas. “El problema es que aquí no hay crimen organizado. Cualquiera viene y arma el tropel. Los combos parecen una pareja de esposos, hoy están juntos y mañana bravos”, reflexiona Keilor*, empleado de una ladrillera.
El dolor no tiene fronteras
- “Mami, no quiero ir al colegio”, dijo la niña de 9 años. - “¿Por qué?”, respondió su madre Clara*, residente en un estrecho cuarto de La Palma, y cuya hija estudia en la primaria de Nuevo Amanecer. - “Dos señores me dijeron en la entrada que no volviera, que tenían motosierra y me iban a picar. Y que les dijera a ‘los Chivos’ que allá les tenían los huecos para enterrarlos”.
La progenitora no envió a la infante a estudiar y cuando llamó a sus familiares para contarles, le narraron una historia similar. “A los primitos de mi hija también los pararon en el colegio de El Concejo, que si volvían por allá les quebraban las patas y los dejaban inválidos a tiros, solo porque eran de este barrio. ¿Por qué tienen que mandar razones con los niños? ¿Por qué con ellos?”, lamenta la mujer.
La Personería calcula que
al menos 200 estudiantes han dejado de asistir a clases en los tres colegios de la zona.
Los papás del vecindario enfrentado sufren desdichas parecidas. Tras enseñar el orificio de bala que quedó en el techo de su cocina, en Nuevo Amanecer, Ulises* relata que tiene dos hijos de 17 y 19 años, que laboran como domiciliario y albañil, “y les tuve que decir que no volvieran al trabajo, porque estaban arriesgando la vida al pasar el puen- te que nos separa de La Palma, allá donde están ‘los Chivos’”.
Hasta el año pasado, las comunidades de La Palma y Nuevo Amanecer eran muy unidas, según los propios inquilinos, al punto que hay familias conformadas por esposos e hijos de una y otra procedencia. Esta mezcla, antes alegre, hace más dramática esta ola de violencia.
“Tenía mi casa en Nuevo Amanecer y el 10 de julio llegaron cuatro tipos, me golpearon y me hicieron desplazar, solo porque tengo familia en La Palma. Ahora vivo arrumado en un rancho, con seis niños y siete adultos. Y ni siquiera puedo poner en arriendo mi casa, porque le tendría que dar la plata a esa gente de allá”, explica Eder*, divisando su antigua vivienda desde un morro, viéndola tan cerca y a la vez tan lejos.
Mario Montoya, personero (e) de Medellín, informó que tienen documentados 80 desplazamientos, que equivalen a 240 personas. Es tal el confinamiento de las familias, que a los vecindarios aledaños, que tienen a pocos metros, se refieren como “los de afuera”.
Los habitantes señalan que
el puente vial de calle 18 con la carrera 91, que comunica a Nuevo Amanecer y Los Cerezos con La Palma; y el peatonal de la calle 18D con la carrera 89, que conecta a Buenavista con Nuevo Amanecer, son fronteras invisibles. Cruzarlas implica un riesgo de muerte, en especial para hombres jóvenes de 14 a 25 años.
Estos límites imaginarios dificultan el acceso a paraderos de buses y al único puesto de salud cercano, que queda junto a La Lágrima. Enfermarse, así sea de gripa, da miedo.
Roban aquí y roban allá
Un grupo de conductores ve pasar las horas y el calor bajo un árbol, junto a la terminal de buses de Buenavista. “Es que no tenemos nada que hacer, los buses están parados”, expresan con desgano.
El 14 de agosto renunciaron siete conductores de las rutas 172 y 178 de Belén Parque Altavista, que se sumaron a otros nueve que cesaron de trabajar la semana anterior.
Ya no soportan la inseguridad, que les ha generado amenazas, golpizas y dos paros obligados, por las balaceras.
Cuentan que dos combos de la zona les cobran $140.000 semanales para dejarlos laborar, pero la extorsión acaba de empeorar, pues aparecieron nuevos extorsionadores que aprovechan la crisis.
En el centro de la ciudad, jóvenes armados con cuchillos se están haciendo pasar por miembros de “los Chivos” o “Mano de Dios”, sin serlo, y atracan a los conductores aduciendo que cobran la “vacuna”.
Los delincuentes aparecen, según los afectados, en El Raudal, Palacé con Ayacucho, La Minorista, Colombia con Carabobo y en otros tramos del trayecto por el Centro.
“Lo peor de todo es que los patrones, o sea los dueños de los buses, ya no nos creen. Dicen que nos hacemos los atracados para cobrar esa plata”, afirman varios transportistas.
El flujo de pasajeros, que antes llegaba a 13.000 diarios sumando los 43 vehículos de la ruta, disminuyó a 9.500 en promedio, y esto sumado a las nuevas extorsiones les deja pérdidas de $500.000 mensuales a los choferes.
La “vacuna” a los buses es uno de los botines más importantes para las bandas, al igual que los cobros a tiendas (de $5.000 a $20.000 semanales), a transportadores informales ($20.000), volquetas ($10.000 por cada viaje) y a las ladrilleras ($1 millón a $1.5 millones).
La última modalidad de “pago” en estas fábricas va más allá del efectivo. Los delincuentes ahora piden ladrillos, en tandas de 200 a 500 piezas. “Al parecer los están revendiendo a la gente humilde que construye ranchitos por aquí, porque los combos les asignan los lotes”, acota un empleado, y añade: “y no vienen los mismos pillos a pedir el adobe, sino que mandan a señoras o niños. A diario llegan a pedir, como si esto fuera la leche que da la vaca”.
El clan de “los Chivos”
En la sala de la casa de su madre, en Las Palmas, alias “Chatán” accede a conversar con este diario, fuera de cámaras. Las autoridades lo señalan de ser el presunto cabecilla del combo “los Chivos”, aunque carece de orden de captura.
Pertenece a una dinastía sumergida en la violencia, mas asegura que luego de pasar cuatro años en prisión por concierto para delinquir, quiere abandonar las armas.
La historia de “los Chivos” en el corregimiento comenzó en los años 80, cuando el abuelo Pedro Suaza trabajaba en una fábrica de tejas y ladrillos. Cuando la empresa cerró, recibió como liquidación un inmenso lote, por el que cruza la vía principal de Altavista. Con sus 21 hijos, en especial
Isaías, fundó el sector La Palma, también conocido como Los Chivos, por ser este el apodo del clan familiar.
Algunos de sus miembros narran que sus predecesores tomaron las armas para defender el territorio de las milicias guerrilleras, los paramilitares y bandas delictivas. Ese espiral de la guerra llevó a varios integrantes a conformar el combo que ahora persigue la Policía.
Entre los procesados están “Pichi”, “Colmillona”, “Hugo”, “Pingo” y “Brocha”, quienes responden por homicidios, tráfico de armas y drogas.
“Pero esos ‘ chivos’ ya no existen, eran mis tíos y están en la cárcel. Hice cosas malas en el pasado, pero ya no, me metí a estudiar Mecánica Automotriz y me tuve que salir por tantas amenazas y porque me echan la culpa de todo. Solo quiero vivir tranquilo con mi niña”, asevera el joven de 25 años.
En la esquina de la casa permanece una patrulla policial las 24 horas del día e instalaron una cámara de vigilancia en la calle del frente. Según él, gracias a esas medidas no lo ha matado el enemigo.
La historia de su resocialización todavía no cala en la fuerza pública. El propio alcalde, Federico Gutiérrez, ha pedido su captura, por considerar que tiene responsabilidad en la crisis de Altavista.
Otros alias, como “Abelito”, “el Mono”, “Kevin” y “Camilo”, de bandas asociadas a “los Urabeños”; y “Hugo Pájaro”, de “los Pájaros”, también son investigados por la justicia.
“Vea esta casa - alega ‘Chatán’-, es de pobres, ¿cómo un jefe de banda va a vivir así?”.
Confianza en vilo
Dos infantes hacen piques en bicicleta, junto al colegio Débora Arango del barrio El Concejo, y uno de ellos propone: “vamos pa’ La Lágrima”. - “¿Está loco? ¿No ve que allá un policía le disparó a una gente?”, responde el otro.
El Concejo y La Lágrima son dos barriadas gemelas, cercanas a la Casa de Gobierno. Sus callejones y laberintos de escalas son tan empinados, que los niños hacen pucheros para que sus padres los suban cargados.
Este lugar fue escenario de un caso nefasto, el 10 de agosto: dos residentes de 52 y 25 años murieron a bala, y uno de 14 resultó herido, en un confuso incidente que la comunidad le atribuyó a un policía, por lo que se armó una asonada contra la fuerza pública.
El hecho está bajo investigación de la Fiscalía, indicó el general Óscar Gómez, comandante de la Policía Metropolitana, pero dejó una profunda herida en la confianza de esa población hacia la Institución.
Entre los habitantes de las veredas Altavista Central y La Esperanza es común encontrar quejas contra los uniformados, los sindican de abusos y presuntos nexos con la ilegalidad. Sean ciertos o no, los señalamientos reflejan inconformidad de esa ciudadanía con la Fuerza Pública, que a raíz de los tiroteos aumentó su presencia con más de 100 policías y patrullas militares.
Otro factor que genera desconcierto en la gente es la captura del exsecretario de Seguridad, Gustavo Villegas, tal cual dijeron entre risas algunos jóvenes de Nuevo Amanecer: “aquí vino ese señor a ofrecernos programas de resocialización y vea, lo encanaron, resultó peor que nosotros”.
Cualquiera que sea la estrategia para mitigar el problema en Altavista, no funcionará si no hay confianza en la autoridad. Los residentes están acostumbrados a las balaceras desde hace dos décadas y, si no hay solución de fondo, cada año se repetirán, haciendo de Altavista una herida que nunca cierra.
En cada sector reclaman obras de infraestructura, como en Nuevo Amanecer, donde esperan que les terminen de construir el colegio y la cancha deportiva. El único entretenimiento es un billar, donde uno de los jugadores reflexiona, mientras emboca la bola en la buchaca: “no condeno a ninguno de los pelaos que se mete a un combo, aquí todos somos pobres”
“El Estado debe llegar a Altavista de manera integral para que se le dé prioridad a educación, vivienda y generación de ingresos”. CARLOS NEGRET MOSQUERA Defensor del Pueblo