PROHÍBA EL PORTE ABIERTO DE ARMAS
Cuando miembros de la milicia y supremacistas blancos descendieron el sábado pasado sobre Charlottesville, Virginia, con banderas nazis y pancartas racistas, muchos de ellos también portaban abiertamente armas de fuego, incluidas armas semiautomáticas. Llegaron a intimidar y ate- rrorizar a los manifestantes y a la policía. Si usted lee los informes de los ataques físicos que instigaron, aparentemente su plan funcionó.
Ellos podrían tratar de racionalizar su conducta como protegida bajo la Primera y Segunda Enmienda, pero no nos engañemos. Quienes vinieron a Charlottesville portando armas abiertamente ni llevaban un mensaje político no violento, ni se estaban defendiendo, ni estaban protegiendo su hogar.
Simplemente, el terror público no está protegido bajo la Constitución. Ese ha sido el caso a través de la historia. Y este es el momento para mirar esa historia y prohibir el porte abierto, antes del siguiente Charlottesville.
Históricamente, los legisladores han considerado que el porte abierto es una amenaza a la seguridad pública. Bajo la ley de hecho inglesa, un grupo de protestantes armados constituían una revuelta, y algunas colonias americanas prohibieron el porte abierto específicamente porque causaba terror público. Durante la Reconstruc- ción, los gobiernos militares gobernando gran parte del Sur respondieron al terror motivados por el racismo (incluyendo el asesinato de docenas de hombres libres y republicanos en la Convención Constitucional de Louisiana de 1886) prohibiendo el porte público ya fuera generalmente o en reuniones políticas y puestos de votación. Luego, en 1886, una decisión de la Corte Suprema, Presser v. Illinois, ratificó una ley prohibiendo a grupos de hombres “marchar con armas en ciudades y pueblos sin previa autorización”. Para los estados, dicha ley era “necesaria para la paz pública, la seguridad y el buen orden”.
En otras palabras, nuestros antepasados políticos no habrían tolerado el porte abierto como lo practicaron los terroristas motivados por el racismo en Charlottesville. No veían el porte abierto como expresión protegida. Según los legisladores, la Primera Enmienda protegía el derecho a congregar “pacíficamente”. La Segunda Enmienda no protegía a las organizaciones para- militares privadas ni a un individuo que lleva un arma cargada. El porte abierto era contrario a la “paz pública”. Los legisladores no estaban dispuestos a permitir que la gente tomara la ley en sus propias manos, así que proactiva y explícitamente lo prohibían.
Hoy, la ley en la mayoría de los estados no habla sobre el porte abierto -y porque la mayoría de los estados no lo prohíben explícitamente, se convierte en legal de facto. Porque es legal, los extremistas del porte abierto toman plena ventaja de este tecnicismo.
Todo esto explica por qué algunos estados de manera sensible y constitucional re- chazan a los absolutistas del porte abierto, lo prohíben o lo regulan en demostraciones públicas, o ambas cosas. Por ejemplo, Alabama prohíbe traer un arma a demostraciones públicas, y Maryland tiene una ley que prohíbe armas en demostraciones y encuentros públicos similares. Cuando los estados toleran el porte abierto, están buscando problemas.
Recurrir a las plazas de la ciudad para gritar más allá de sus opositores políticos es una rica costumbre americana.
El porte abierto no es parte de esa tradición, y su historia es la de una herramienta utilizada para fines específicamente racistas. Corroe nuestros espacios públicos e infringe sobre nuestros derechos. Introduce el terror y la intimidación, donde deberían prevalecer el diálogo y el debate. Y hasta que cerremos la brecha en del porte abierto en nuestras leyes, la intimidación armada que vimos en Charlottesville continuará sirviendo como una táctica para más extremistas en más de nuestras ciudades y pueblos
El porte abierto introduce el terror y la intimidación, donde deberían prevalecer el diálogo y el debate.