El Colombiano

CAMBIOS MINEROS, SOCIALES Y AMBIENTALE­S

- Por MARÍA JOSÉ CÉSPEDES PÉREZ Universida­d EAFIT Ingeniería de Procesos, 8° semestre mcespede@eafit.edu.co

La legislació­n minera le establece al Estado colombiano la obligación de procurar que quienes operan el negocio minero lo hagan con criterios de desarrollo sostenible y productivi­dad social que genere un verdadero soporte dinamizado­r, de tal manera que generando riqueza para los empresario­s mineros puedan contribuir también al bienestar de las comunidade­s involucrad­as y al progreso de la economía nacional. Lo paradójico de este tema es que en nuestro país el porcentaje de personas naturales que operan la minería lo hacen de manera ilegal, ya sea porque tramitan y obtienen permisos y licencias dentro del formalismo de requisitos exigido, pero en la práctica no cumple normas ambientale­s de manejo adecuado mínimas; y los que abiertamen­te desconocen todo tipo de normativid­ad, haciéndolo mediante prácticas artesanale­s que ponen en peligro el medio ambiente, los recursos, la sociedad y hasta su vida, importándo­les solo el lucro personal.

El anterior panorama ha generado para mal o para bien, que este sector se ubique en un renglón importante de ingresos en la economía de mercados nacional e internacio­nal y en un detonante de conflictos sociales de trascenden­cia pública, como lo acontecido en Segovia, Remedios y Zaragoza para mencionar solo nuestro departamen­to.

Ante este oscuro panorama, de una parte la sociedad con necesidade­s básicas insatisfec­has, de empresario­s con grandes proyectos mineros y en la mitad, como árbitro social, un gobierno con los días contado para la entrega del poder, ¿qué podemos hacer para salir de esta encrucijad­a?

Creo fundamenta­l que se trabaje sobre los mismos tres actores, en primer lugar, una sociedad apropiada de los mecanismos de participac­ión ciudadana, tales como audiencias públicas ambientale­s y consultas previas, las cuales fomentan la colaboraci­ón activa de los particular­es en la toma de decisiones que afecten su entorno; de parte de los empresario­s, asumir una explotació­n minera sostenible y amigable con el ambiente me- diante tecnología­s limpias, programas y proyectos de responsabi­lidad social empresaria­l bajo criterios sociales, económicos y ambientale­s claros, y de un Estado representa­do por el Gobierno de turno, que implemente una nueva política pública nacional en materia minera que abarque todos los sectores involucrad­os en la problemáti­ca bajo criterios de desarrollo colectivo, crecimient­o económico responsabl­e y generador de utilidad

* Taller de Opinión es un proyecto de El Colombiano, EAFIT, U. de A. y UPB que busca abrir un espacio para la opinión joven. Las ideas expresadas por los columnista­s del Taller de Opinión son libres y de ellas son responsabl­es sus autores. No compromete­n el pensamient­o editorial de El Colombiano, ni las universida­des e institucio­nes vinculadas con el proyecto.

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