Venezuela, medidas inocuas
Frente a una crisis económica galopante, el gobierno de Nicolás Maduro adoptó nuevas medidas de aumento del salario mínimo y control de precios. Estas, al no atacar el problema de fondo, resultan ineficaces.
En la medida que la crisis política de Venezuela se agrava, la economía de este país cada día presenta mayores señales de un mayor deterioro en sus indicadores económicos como el crecimiento y la inflación.
A finales del pasado mes de julio, el Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó la actualización de sus previsiones económicas mundiales. Para Venezuela se indicó que, en razón, a su decepcionante desempeño, la institución revisó a la baja su pronóstico inicial de abril de 2017.
En consecuencia, la nueva proyección de crecimiento para el año completo prevé una contracción del -12,0 por ciento (en abril se esperaba que fuera de - 7,4 por ciento). Para 2018 se estima una mejoría (-4,1 por ciento).
Según los expertos del Fondo, la agudización de la crisis económica en el país suramericano responde a la reducción de la actividad económica (principalmente de la producción de petróleo) y a la mayor incertidumbre derivada de la aguda crisis política que vive esta nación.
De otra parte, la Comisión de Finanzas del Parlamento venezolano reveló que la inflación acumulada a agosto de 2017 es del 366,1 por ciento. En el solo mes de agosto el crecimiento de los precios fue de 33,7 por ciento, cifra que se considera como la más alta en la historia de esa nación.
Algunas estimaciones, como las del FMI, señalan que a finales del presente año la inflación será del 720 por ciento y, para el año 2018, se podría ubicar alrededor del 2.000 por ciento.
Ante el agravamiento de los indicadores económicos, el cre- ciente desabastecimiento de bienes básicos (como alimentos y medicinas) y la presión económica que le significa a Venezuela las sanciones financieras adoptadas recientemente por Estados Unidos, la semana pasada el Presidente Nicolás Maduro adoptó una serie de medidas con las que pretende recomponer la marcha de la muy deteriorada economía.
En primer lugar, se anunció un alza del 40 por ciento en el salario mínimo. Este es el segundo aumento en poco más de dos meses y el cuarto en 2017.
Según algunos analistas, el nuevo salario mínimo (que es de 136.544 bolívares) equivale, a la tasa de cambio oficial más alta, a un poco más de 40 dólares y, a la cotización en el mer- cado paralelo, a siete dólares.
La medida va acompañada de un incremento del valor del denominado bono de alimentación (que es un complemento al salario).
Al mismo tiempo, el gobierno venezolano ha decidido fortalecer el sistema de control de precios mediante la fijación del precio máximo de 50 productos (entre los que están la leche, el pan, el jabón, el pollo y el aceite).
El cumplimiento de estos precios estará vigilado por un grupo de fiscales populares elegidos de entre las organizaciones comunitarias y los grupos afectos al régimen.
Adicionalmente, el gobierno del Presidente Maduro le presentó a la Asamblea Nacional Constituyente una serie de proyectos económicos con los que espera se reabran las casas de cambio y se establezca un nuevo sistema de pago internacional basado en monedas diferentes al dólar.
Al no reconocer ni atacar el problema económico de fondo que se enfrenta, las nuevas medidas del gobierno de Maduro no dejarán de ser paños de agua tibia que en nada cambian la esencia de lo que el reconocido economista Ricardo
Hausmann denomina “la peor crisis económica que se haya conocido en el hemisferio”