Polémica por viaje de ediles a San Andrés islas
Veedor afirma que costó $1.500 millones; Alcaldía dice que fueron $238 millones.
La Contraloría General de Medellín confirmó la recepción de una denuncia instaurada por la Veeduría Ciudadana 168, referente a un supuesto viaje irregular de 120 ediles de Medellín a la isla de San Andrés, el cual habría tenido un costo de $1.500 millones, financiados por la Alcaldía a través de la Secretaría de Participación Ciudadana, por lo que, según la denuncia, la dependencia habría incurrido en detrimento patrimonial.
El viaje se realizó entre los días 29 de agosto y 2 de septiembre pasados para asistir al Congreso Anual de Juntas Administradoras Locales y al mismo, según confirmó la Alcaldía, asistieron 109 y no 120 integrantes de las JAL.
Según el denunciante, el
veedor Luis Franco Restrepo, el secretario de Participación Ciudadana habría asistido al evento acompañado de varios familiares. En declara- ciones a los medios de comunicación, el veedor advirtió que “el alcalde, Federico Gutiérrez, tiene que aclarar públicamente lo ocurrido”.
“Mal informado”
Al respecto, el secretario de Participación Ciudadana, Andrés Felipe Bedoya, aclaró que en realidad el viaje costó $238 millones, que los ediles asisten a este evento desde 2008 y que la financiación está incluida en el Plan Operativo Anual de Inversiones y hace parte del apoyo que su dependencia debe darles como cuerpo representativo de la comunidad.
“Las JAL son una corporación pública que trabaja por las comunas y corregimientos y debemos apoyarlos y capacitarlos”, declaró Bedoya.
Aclaró que él, personalmente, viajó solo un día, el 1 de septiembre en la mañana, y regreso en la noche.
“Fui invitado a ofrecer una conferencia, viajé, la dicté y regresé el mismo día”, aseguró.
Claudia Ramírez, presidenta de Asoediles, desmintió al veedor Franco, a quien calificó de “malintencionado” por brindar una “información que no corresponde a la realidad”. Expresó que el viaje tuvo fines académicos.
Funcionarios de la Contraloría confirmaron a EL COLOMBIANO que la dependencia está recopilando pruebas para establecer la veracidad o falsedad de la denuncia. Debe responder en 30 días