EDITORIAL
No es un tema popular ni pacífico. Pero las cifras son contundentes y el país debe abordar este debate ya. Si sigue como va, el sistema pensional reventará.
“No es un tema popular ni pacífico. Pero las cifras son contundentes y el país debe abordar este debate ya. Si sigue como va, el sistema pensional reventará”.
En tiempos de posconflicto, si bien la paz auténtica sigue siendo un proyecto en cuya construcción todos los ciudadanos deberán participar, el país tendrá que encarar los debates sobre los grandes temas que definirán su futuro, máxime cuando ya no son los ataques al orden público los que copan la agenda pública y noticiosa.
Aunque el debate electoral del año entrante muy posiblemente seguirá lastrado por la presencia de las Farc y la gestión del desarrollo de los acuerdos de paz, dos retos habrán de abordarse inexorablemente: la situación económica y fiscal del país, y la sostenibilidad del sistema pensional. Del primero, ya lo dijo el expresidente Andrés Pastrana en este diario, en la entrevista publicada ayer: el punto decisorio en las elecciones será la economía, en una nación que, en su concepto, se encuentra en quiebra.
Por el otro lado, conectado con el anterior, la sostenibilidad fiscal tiene un componente enorme de los compromisos pensionales. La semana pasada se realizó en Medellín el foro “Desbalances Fiscales y Seguridad Social”, organizado por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) y por Asofondos, el gremio de las administradoras privadas de fon- dos de pensiones. Allí se recordaron cifras muy preocupantes que llevan a dictaminar, sin ánimo apocalíptico pero sí de necesaria alarma, que de seguir la actual situación pensional, con el añadido de la realidad demográfica encaminada a un progresivo envejecimiento de la población, quienes obtengan el beneficio de recibir pensión serán una minoría.
Del problema pensional se ha hablado en este espacio repetidas veces. Este gobierno, de do- ble mandato, ocho años, no tocó el asunto, concentrado privativamente en negociar acuerdos de paz con las guerrillas. Pero los altos funcionarios conocen las cifras: año tras año hay más adultos mayores y menos jóvenes cotizantes al sistema para asegurar las pensiones. De la fuerza laboral activa en el país, solo cotizan a pensiones 7,8 millones de trabajadores. La informalidad laboral agrava esta problemática, aparte de la exigencia de diversos sectores que exigen pensiones del Estado sin haber cotizado nunca o casi nunca, y que encuentran políticos dispuestos a ofrecérselas y asignárselas, con cargo a un presupuesto agotado. Hay que recordar que en 2018 el pago de pensiones públicas costará 41,14 billones de pesos del presupuesto nacional (cifras de Anif), rubro superior al de inversión.
En Colombia hay dispersión de sistemas pensionales, con existencia de regímenes excepcionales con mesadas muy altas que tienen que ser subsidiadas. La inequidad del sistema es tal que, según Asofondos, somos uno de los países en el mundo donde las pensiones, lejos de ser factor de equidad social, son lo contrario, por la enorme desproporción que fiscalmente implica el pago de esas mesadas excepcionales.
El exministro de Hacienda, Roberto Junguito, plantea que el país debe abordar el asunto no solo desde las cifras fiscales, sino desde la economía política. Y conmina a que los candidatos presidenciales concreten sus programas de reformas pensionales. No es, ciertamente, un tema electoralmente fácil, pues con seguridad no querrán comprometerse con anuncios de incrementos de edad para pensionarse y de montos de cotización. Incluso algunos politólogos plantean que es mejor dejar este tema al margen de la campaña electoral y abordarlo técnicamente una vez posesionado el nuevo gobierno, y en sus primeros meses de mandato, cuando tiene margen de maniobra y gobernabilidad.
En lo que sí hay consenso en los sectores concernidos es que es algo que tendrá consecuencias en el inmediato futuro, pero cuyas definiciones deben plantearse ya