El Colombiano

Mujeres y etnias quieren destacar en la JEP

Por primera vez los pueblos afro e indígenas podrían verse representa­dos en un alto tribunal, tienen las credencial­es.

- Por OLGA PATRICIA RENDÓN M.

El intento del Comité de Escogencia de la Jurisdicci­ón Especial para la Paz, JEP, de dar cumplimien­to con los enfoques de género y étnico da pie a una discusión: ¿por qué hasta ahora la participac­ión de afrodescen­dientes, indígenas y mujeres en las altas cortes ha sido tan tímida?

Solo un afrocolomb­iano sobresalió en el pasado como magistrado encargado en la Corte Constituci­onal: Alexei Julio Estrada. De resto, las etnias han brillado por su ausencia. Y de los indígenas ni se diga, ni siquiera han sido ternados para ser selecciona­dos. Algunas mujeres en cambio han tenido participac­ión, incluso presidido las Cortes, pero en número no alcanzan a cumplir la ley de cuotas.

La historia en el nuevo sistema de justicia transicion­al parece que será diferente. El fin de semana pasados el Comité de Escogencia presentó los listados de preselecci­onados para el Tribunal de Paz y las Salas de Justicia de la JEP, en ellos las mujeres tienen protagonis­mo y aparecen, además, varios representa­ntes de etnias (ver gráfico).

El Grupo de Trabajo GPaz: Género en la Paz revisó las hojas de vida de todas las mujeres postuladas a la JEP y encontró que por lo menos 100 tenían interesant­es credencial­es para optar para la magistratu­ra. Después de las observacio­nes ciudadanas, el Comité de Escogencia eligió 36 mujeres y seleccionó 32 hombres.

¿Por qué estos enfoques?

Claudia Vaca, presidente del Comité de Escogencia, dijo en días pasados a EL COLOMBIANO que a la selección de los magistrado­s se le tiene que “aplicar de manera objetiva unos criterios que permitan cumplir con los mandatos que tiene el Acuerdo en términos de representa­ción de género, territoria­l y étnica”.

Al respecto, Xiomara Ba- lanta, candidata preselecci­onada para las Salas de Justicia, aseguró que “las mujeres tenemos esa sensibilid­ad que nos va a permitir poder tomar decisiones frente a los temas de género”.

Precisamen­te a esa sensibilid­ad se refirió Isabel Cristina Jaramillo, profesora de Derecho de la U. de los Andes y coordinado­ra del Grupo de Investigac­ión de Género y Derecho: “En el caso del conflicto colombiano, en el que tenemos muchos casos de violencia sexual y reproducti­va, que han sido reconocido­s en el mismo acuerdo, sería clave tener mujeres capacitada­s para entender bien esos temas”.

Algunas magistrada­s en el mundo han sido ejemplo de lo que pueden alcanzar las mujeres al constituir los tribunales de la justicia transicion­al (ver paréntesis), pero el caso étnico es prácticame­nte inédito, sobre todo en una nación como Colombia donde las etnias son considerad­as minorías. “Una justicia estable y duradera solo puede ser posible sobre la base del respeto por los pueblos étnicos y sus comunidade­s”, señaló Balanta, quien además es afrodescen­diente.

Según su explicació­n, el Acuerdo Final en el Capítulo 6.2 reconoce la injusticia que han sufrido estas comunidade­s étnicas, por lo que “las poblacione­s afrodescen­dientes, raizales, indígenas, palenquera­s, los pueblos rom y gitanos hagamos presencia en la JEP es una garantía de la multicultu­ralidad y el respeto por el derecho propio que debe haber en la aplicación de la justicia para las víctimas”.

La Organizaci­ón Nacional Indígena de Colombia, Onic, dijo más tímidament­e que espera ver juristas indígenas en el Tribunal de Paz, por lo que sigue a la expectativ­a de su selección.

Es así como la participac­ión de las mujeres y de los diferentes pueblos es una garantía para las víctimas porque serán fielmente representa- das, ya que, según el Registro Único de Víctimas, en Colombia hay 8,5 millones de afectados por el conflicto armado, de ellos, 4 millones son mujeres, 748.421 son afrodescen- dientes, 193.544 son indígenas, 29.625 gitanos, 9.816 raizales y 1.465 palenquero­s.

Si estos juristas fueron selecciona­dos es porque ya han pasado por dos filtros impor-

tantes: el perfil académico y de experienci­a y las observacio­nes ciudadanas, lo que dice que tienen las credencial­es para estar en la Justicia Especial para la Paz

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