De juez a reo
Cohecho, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y concierto para delinquir, los cargos presentados por la Fiscalía en contra de Ricaurte.
Como no había sucedido en la historia del país, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, es conducido, fuertemente escoltado, en condición de detenido. Le contamos lo que sigue en la investigación.
Un complot de corrupción entre magistrados para alterar fallos y favorecer a políticos, orquestado al detalle por algunos de los más altos juristas del país. Esto fue lo que reveló la Fiscalía en la acusación contra el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte, por este escándalo que tiene a la rama judicial tambaleando.
Al iniciar su proceso por la justicia ordinaria, ya que la Comisión de Acusación de la Cámara decidió que la actuación del acusado en los sobornos del exfiscal Gustavo Moreno al senador Musa Besaile no ocurrieron cuando era magistrado, el ente acusador reveló otras actuaciones que incluyeron los nombres de los extogados Leonidas Bustos, Camilo Tarquino, Gustavo Malo y los exgobernadores de Córdoba y Valle del Cauca, Alejandro Lyons y Juan Carlos Abadía, respectivamente.
En la acusación, la Fiscalía sostuvo que lo que hubo entre Ricaurte y el también expresidente de la Corte, Leonidas Bustos, fue una “organización criminal”, en la que el polémico Moreno oficiaba simplemente como una ficha.
Estas son algunos de los apartes del extenso y escandaloso dossier de Ricaurte:
Acorde con las pruebas, Tarquino le pidió a Lyons 30 mil millones de pesos para solucionarle un “problema”, argumentando que había un grupo de magistrados encargados de este tipo de menesteres.
También se mencionó el caso de Álvaro Ashton, a quien le habrían pedido 1.200 millones de pesos para que se archivara una investigación en la Corte por supuestos nexos con grupos paramilitares.
El ente acusador aseguró que tiene pruebas además de que el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade, que era una entidad conocida como fortín político de los senadores Besaile y Bernardo “Ñoño” Elías fue utilizada para pagar favores políticos.
Como prueba de ello, sustentó la presencia de un funcionario que tendría conexión con el magistrado Malo y fue
elegido gerente del Fonade, un nombramiento en el que, según la Fiscalía, tuvo la intervención de Ricaurte.
El ente acusador reveló que el mismo Ricaurte y el exfiscal noveno, Alfredo Betín, orientaron investigaciones al exgobernador Abadía para que fueran archivadas entre los años 2015 y 2016.
Ante la avalancha de acusaciones, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia no aceptó los cargos y declaró que su caso está montado sobre la base de testigos falsos.
Antes de iniciar la diligencia, aseveró que lo que confesó el exfiscal “nunca sucedió”.
Según la declaración de Moreno, en el caso del pago de $2.000 millones del senador Besaile, el exfiscal le habría dado $550 millones directamente al exmagistrado por paralizar su proceso por parapolítica.
Ahora, para que Ricaurte esté enfrentándose a la Fiscalía por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, concierto para delinquir y uso de información privilegiada, implica que su proceso está en la justicia ordinaria y, por tanto, no será juzgado como magistrado sino como abogado en los hechos.
Lo dicho en la diligencia realizada en los juzgados de Paloquemao, sumado a que la captura se dio solo horas después que la Comisión le compulsó copias al ente acusador, demuestra que este tenía la seguridad que las actuaciones de Ricaurte venían ocurriendo desde su época de togado y se mantuvieron después por el nivel de organización que hubo.
Tomando en cuenta que las acusaciones coinciden con los testimonios previos en el caso,
para la Fiscalía no es descabellado pensar que esta primera actuación es la primera ficha de una fila de dominós, en la que se descubrirá hasta qué límite llegó la corrupción en las altas instancias judiciales.
Fabio Arroyave, coordinador de la Comisión de Acusación, explicó que “Ricaurte, en lo que se refiere solamente al caso Besaile, él no obró en condición de togado”. Sin embargo, confirmó que “sigue vinculado en otras denuncias similares, en las que actuó en condición de magistrado, que estamos analizando”.
En ese mismo sentido, recalcó que la Comisión decidió vincular formalmente al magistrado Malo a la investigación y pedir que Moreno no pueda llegar a un acuerdo con la Fiscalía hasta que no acuda a ellos a confesar lo que sabe